Los Andes

“Estas son mis cifras. Si no le gustan… tengo otras�, es el parafraseo de una frase Groucho Marx (“estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros�), que podría ser una forma de explicar la “nueva� lógica del gobierno para atender la conflictividad social descrita por el recientemente nombrado viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha, que tiene a cargo la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.

Lo anterior se desprende a que en sus primeras declaraciones brindadas al diario El Comercio señala que: «Internamente hemos determinado que en el país existen cinco conflictos sociales y no los 217 que dice la Defensoría del Pueblo». Esta cifra, digamos, optimista, lejos de alegrarnos a algunos, más bien ha suscitado naturales inquietudes. Y la sensación de haber visto ya esta situación con resultados insuficientes e insatisfactorios para todos los involucrados en conflictos sociales. El problema es que si solo tenemos explicaciones vagas o sin sustento científico la especulación es el camino para intentar aproximarnos al esclarecimiento de sus objetivos en cuanto al manejo de la conflictividad social. Y esto hoy en día, no es lo que necesita el país.

Es significativa la preocupación por los números o las cantidades cuando se trata de atender los problemas ciudadanos. Así, por ejemplo, las cifras de conflictos sociales descritas por la Defensoría del Pueblo se convierten para algunos funcionarios -de este y anteriores gobiernos- en el problema principal, dejando de lado la atención a las causas de la conflictividad social. Cabe recordar que ya hubo un intento de reducir esas cifras tratando de introducir nuevas “categorías� conceptuales y los resultados no han sido los más auspiciosos.

Por otro lado, el viceministro Fernández Concha, en la entrevista citada, ha señalado que han elaborado un diagnóstico sobre lo realizado hasta ahora por el Estado en materia de conflictividad. Y su conclusión es «que el sistema anterior […] está desgastado».

El asunto es que no explica a qué se refiere con la palabra “sistema�. Es conocido que desde hace más de cuatro años por iniciativa del Poder Ejecutivo se ha intentado implementar un sistema de prevención de conflictos sociales buscando que sea un eje transversal en los organismos del Estado peruano. Pero simplemente no se logró hacerlo. Así que afirmar que hay un sistema que se ha gastado por algún tipo de uso, es inexacto.

Es verdad que en los últimos años distintos ministerios, gobiernos regionales y algunos organismos autónomos han promovido oficinas para la atención de conflictos sociales. Pero como bien señala el mismo viceministro, cada una de ellas ha funcionado de acuerdo a intereses o a la naturaleza institucional. Aunque también algunas entidades han sido creadas como producto de la retórica de las autoridades de turno. O sencillamente debido a la creencia de que más oficinas o más burocracia mejoran la atención y solución del problema.

La experiencia de los últimos diez años en relación a los conflictos sociales muestra que si estos no se gestionan oportunamente se convertirán en situaciones de violencia, poniendo en riesgo la integridad física de las personas involucradas directamente o no, y así también se podría afectar la propiedad privada o pública. Esto es el ABC de un análisis responsable de la conflictividad social.

Sin embargo, a pesar de esto último, el funcionario entrevistado dice: «El conflicto se da cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico. Allí la posibilidad de conversar ya no existe, esa es la parte más álgida de la crisis». Es claro, confunde al conflicto social con situaciones de violencia. Porque solo así se explica la siguiente frase: «Si tuviéramos 217 conflictos, como dicen algunas instituciones, el país estaría paralizado». El asunto es que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, sí existen 217 conflictos sociales y el país no está paralizado.

Por el contrario, es temerario promover la idea de equiparar cualquier situación de conflicto social con romper “el orden jurídico�, ya que esto lleva a que pueda deducirse como una situación ilegal y violenta. Incluso, siguiendo el razonamiento del Gobierno, a través de este funcionario, así podríamos criminalizar un conflicto social, en el entendido de que este rompe con un “orden jurídico�.

Por lo tanto, hay que reiterar todas las veces que sea necesario, una y otra vez: el problema, el reto, la preocupación del gobierno no debe ser la cantidad de conflictos sociales, sino qué los propicia. Y a partir de este análisis complejo, que debe pasar por la autocrítica, procurar generar propuestas reales de cómo organizar el Estado para atenderlos. El conflicto social, aunque suene reiterativo, es una oportunidad para escuchar al ciudadano que desde sus demandas insatisfechas reclama soluciones, servicios, derechos. O sea, un Estado ágil y justo.