Los Andes

Hace 90 días el Poder Ejecutivo, a través de la Ley 30335, solicitó al Congreso facultades legislativas que permitan crear leyes en materia económica, financiera y administrativa. En el transcurso de ese tiempo se acaba de aprobar el Decreto Legislativo 1192 y semanas después una modificación del mismo, a través del Decreto Legislativo 1210. Consumando de esta manera, el quinto paquetazo normativo en menoscabo de los derechos territoriales de las comunidades campesinas y nativas, pero también de todos los peruanos y peruanas.

Recordemos que, con el actual gobierno, desde mayo del 2013 se vienen aprobando diferentes normas denominadas paquetazos -contándose cuatro hasta el momento[1]- cuyo principal objetivo ha sido impulsar las inversiones públicas y privadas a partir del debilitamiento del marco normativo que garantiza el respeto irrestricto de los derechos humanos. Esto comprende principalmente el debilitamiento de derechos medioambientales y territoriales de todos los ciudadanos pero, además la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de más de 10 mil comunidades campesinas y nativas.

Estas reformas establecidas por el Poder Ejecutivo tratan de justificarse a partir de la desaceleración económica. Para eso el Ministerio de Economía y Finanzas diseña y promueve paquetes normativos que flexibilicen las normas administrativas ambientales y territoriales para, supuestamente, hacer más atractivo el flujo de inversiones en el país; ignorando una lectura que desde hace mucho advertía una desaceleración económica[2] por factores externos. Por ejemplo: depreciación de las materia primas (cobre, oro, zinc, plata), caída de los precios de petróleo etc. En un Estado con una débil institucionalidad todavía en construcción, el gobierno ha optado por poner en movimiento una reforma legislativa que liberaliza aún más las reglas de juego en materia de propiedad, yendo más allá de nuestra Constitución de conocida base neoliberal.

¿Qué dice el D.L.1192? el decreto aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura. Esto quiere decir, principalmente, que instaura un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación que realiza el Estado. Debemos saber y entender que la expropiación constitucionalmente es una norma de excepción, así lo determina nuestra Constitución en su artículo 70 cuando menciona que “el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza� y seguidamente dice “(…) a nadie se le puede privar de su propiedad sino por causa de seguridad nacional o necesidad pública (…)�.

El Decreto 1192 busca normalizar los procedimientos de expropiación, despojándolos de su carácter excepcional. Por tanto, los procesos expropiatorios se incrementarán a partir de una ley que declare de necesidad pública, definición ésta de acuerdo a los criterios de la administración de turno. Con lo que la necesidad e interés público carecen de límites claros, hoy un proyecto de inversión privada que requiera de tierras urbanas o rurales pueden acudir a un ministerio, un gobierno regional o local a tramitar una expropiación mediante un procedimiento expedito.

Al ser una norma marco, este D.L. deroga la Ley 27117, Ley General de Expropiaciones, la Ley 27628, y recientemente la Ley 30025, norma que ya había sufrido serios cambios y que formó parte del primer paquetazo. De la misma forma, deroga los artículos 29 al 37 de la Ley 30327, conocida como el cuarto paquetazo. Estamos, pues, ante una suerte de compendio expropiador.

Lo peligroso de esta norma es que no hace ninguna diferenciación entre la expropiación de un bien inmueble en zona urbana y otro en el espacio rural. Ahí está el enorme riesgo para los territorios de pueblos indígenas que gozan de protección especial dada su histórica vulnerabilidad. Pero además, el D.L.1192 a lo largo de sus 44 artículos utiliza una redacción ambigua (art. 24.1 y otros) lo que genera confusión, utilizando la misma técnica legal de la Ley 30230 (segundo paquetazo).

La cereza en este paquete está en que después de tres semanas de aprobado el Decreto, apareció uno nuevo. Nos referimos al D.S. 1210, cuyo único artículo modifica la décima disposición complementaria del D.L 1192 que excluía las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios. En esta modificación, de manera tramposa, se retira lo relacionado a la afectación de derechos de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas.

En suma, estamos ante un Decreto que constituye un grave atentado contra la, ya de por sí precaria, seguridad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Este Decreto no solo afectará a las comunidades, sino también de toda la ciudadanía, puesto que, contrario al espíritu constitucional, se abre la puerta para que las expropiaciones puedan ser utilizadas indiscriminadamente para incentivar la inversión.