Los Andes

Las versiones son varias, ambiguas y convenidas. Nadie quiere decir nada al respecto. Sin embargo, algunos detalles parecen descubrir un cauce definido, perceptible. La muerte de los dos oficiales en Ocuviri, por consecuencia, se vislumbra menos casual.

La primera reunión que iban a sostener, pero que no se concretó, se debió realizar el 15 de enero pasado. Allí se reunirían el ex alcalde de Ocuviri, Isidro Huaynacho, el actual alcalde, Cosme Cari, y los representantes de la empresa Minera CIEMSA Las �guilas. Su propósito era “transferir�, cual gestión edil, los acuerdos concertados con la comuna local hasta el momento.

El 22 de enero, en la segunda tentativa, todo sería también un fracaso. Como la anterior vez –según los dirigentes locales–, los representantes de la minera no asistirían a la cita. Ello motivó el bloqueo de la carretera y que los pobladores sitiaran el campamento, a una distancia prudente de 8km.

Ellos reclamaban conocer el estudio de impacto ambiental que la empresa había realizado en la zona, recibir un informe detallado sobre la explotación de minerales que hacían y, especialmente, saber qué acciones emprenderían en su favor y para el desarrollo de su distrito.

El 23, todo alcanzaría su punto crítico. La llegada de la fiscal de Lampa, Zaida Sifuentes Díaz, así como de otras autoridades provinciales, para dialogar con los representantes de la minera CIEMSA Las �guilas, custodiados por un contingente –en apariencia inexperto– de 30 efectivos, exacerbó el ánimo general.

Los pobladores insisten en que la fiscal Zaida Sifuentes, tras las pertinentes conversaciones, se negó a firmar el acta de acuerdo entre los dirigentes locales y los representantes de la minera, ordenando luego el desalojo de los comuneros y el desbloqueo de la carretera, lo que habría desencadenado todo.

Otros dicen que, simplemente, y sin previo aviso, la fiscal ordenó que los efectivos policiales –ese reducidísimo número– disuadieran a dejar el lugar a los aproximadamente cien comuneros; quienes estaban apostados allí, expectantes, ante el resultado de la reunión.

Como haya sido, el enfrentamiento comenzó. Los pobladores tenían huaracas, hondas y otros objetos; los policías, en tanto, escudos, armas y varas. Fue brutal, dicen los que estuvieron allí, sin mencionar, empero, cómo fue que perecieron los dos suboficiales.

El saldo es harto conocido: Antony Waldir Cortez Villasante (19) y Yimmi Augusto Quispe Yarin (23) murieron aquel día. El primero, merced a un shock hipovolémico, debido a un disparo en la espalda y una herida punzocortante en el cuello, mientras que el segundo por los furibundos golpes recibidos en la cabeza, que terminarían destrozándole el cráneo.

Su inexperiencia los mató, arguyen muchos. Otros, más reservados, mencionan que las condiciones eran ripias para contener a una turba semejante. Estos aseguran que, así como no tenían los implementos necesarios, no tenían las fuerzas suficientes.

Pero murieron en el ejercicio de su labor, haciendo lo que creían correcto. Por eso, ambos efectivos recibieron un homenaje póstumo del Frente Policial Puno, a su arribo a la Ciudad Lacustre, el pasado sábado.

En tanto, entre los pobladores de la zona –según se animan a contar algunos viajeros o testigos ocasionales–, más importante que la muerte de los dos policías es que la atención del Jefe de Estado, Ollanta Humala, y del Ministro del Interior, Daniel Urresti, está al fin puesta en su distrito, por lo que se sienten triunfantes y optimistas.

No obstante, y debido a que los familiares de las víctimas exigieron una exhaustiva investigación, el Estado inició los peritajes correspondientes, logrando identificar ya a tres dirigentes como sospechosos, según informaron fuentes oficiales.

De su parte, la empresa minera CIEMSA Las �guilas, mediante un comunicado –que fue rechazado tajantemente por los pobladores involucrados–, sindicó como principal instigador de los lamentables sucesos a Isidro Huaynacho Llavilla, ex burgomaestre de Ocuviri.