Los Andes

Más de 34 millones de líneas de telefonía móvil hay en el mercado nacional, de los cuales 23 millones son prepago y 11 millones postpago, informó el jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Jaime Reyes Miranda

El informe fue realizada por la Comisión Especializada Multipartidaria de Seguridad Ciudadana que preside el congresista Renzo Reggiardo Barreto, para analizar el avance de la implementación del control biométrico de celulares.

En la reunión desarrollada en la sala Bolognesi, el funcionario remarcó que la cantidad de celulares supera largamente el número de habitantes peruanos que llega a 31 millones 500 mil.

También informó que el reporte de equipos de telefonía móvil robados entre el 2013 y 2015 llega a los 8 millones 500 mil 851; y en lo que va del presente año han sido despojados más de 500 mil celulares.

Reyes Miranda explicó que de acuerdo a investigaciones realizadas se ha logrado determinar que las organizaciones criminales operan a través de los celulares prepago para montar la ola de chantajes, extorsiones, asaltos, secuestros y asesinatos en perjuicio de la ciudadanía, creando una gran incertidumbre y malestar en el pueblo.

Señaló que ante esta situación su sector, conjuntamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), han coordinado medidas para combatir la delincuencia y crimen organizado.

“Es necesario entender que en 25 años no se ha realizado un proceso integral de validación de datos de los abonados de líneas móviles�, agregó.

VALIDACIÓN Y APAGÓN DE CELULARES

Al respecto, La gerente de Protección de Servicios al Usuario de OSIPTEL, Rosario Chueca, manifestó que lo primero que se adoptó es realizar un proceso de validación de contrataciones especialmente a quienes tienen en su poder más de diez líneas prepago.

Explicó que las empresas operadoras de servicios deben validar biométricamente las contrataciones de los abonados que cuenten con más de diez servicios móviles prepago, los cuales serán informados hasta el 23 de agosto del presente año. Se suspenderá parcialmente los servicios no válidos el 24 de agosto y totalmente el 8 de septiembre. Se dará de baja los servicios no válidos el 8 de octubre del presente año.

Dijo que también se acordó la validación de contrataciones de cinco y menos de 11 líneas prepago. Los abonados serán comunicados desde octubre del presente año, se suspenderá parcialmente los servicios no válidos el 23 de enero del 2017 y se suspenderá totalmente los servicios el 7 de febrero del mismo año. Se dará de baja a los servicios no válidos el 9 de marzo del próximo año.

“El objetivo es implementar el Registro Nacional de Terminales Móviles, lo cual costará en su totalidad 12 millones de soles. Por tal motivo se exhorta a los abonados a asistir al proceso de validación, de lo contrario se dará de baja a sus unidades móviles�, expresó.

Por su parte, el viceministro de Comunicaciones, Francisco Coronado Salem, urgió la necesidad que todos los sectores apoyen este proceso porque es una de las medidas de lucha por la seguridad ciudadana.

El jefe del gabinete de asesores del RENIEC, Enrique Cueva Valverde, opinó que es de gran importancia para el país este esfuerzo de sinergia manifiesta que realizan los sectores comprometidos en la lucha en contra de la inseguridad ciudadana.

Dijo que todos tenemos la obligación de respaldar las medidas en bienestar del país, especialmente si se busca ingresar al grupo de países en situación de desarrollo. La doctora Mendieta, también del RENIEC, agregó apenas las empresas operadoras tenga el padrón de abonados éste será revisado por su sector y los resultados los dará a conocer en el plazo de 15 días.

El presidente del Comité Regional y Regulatorio de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Juan Rivaneyra, consideró que cada entidad involucrada debe contribuir en el ámbito de sus responsabilidades. Puntualizó que RENIEC tiene el deber de colaborar con las entidades gubernamentales en la identificación de las personas a efectos de que éstas puedan ejercer sus funciones.

Opinó que el cobro que hace el RENIEC debe ser eliminado y constituirse como una colaboración eficaz en bienestar de la seguridad ciudadana. “La seguridad ciudadana es de competencia exclusiva del Estado para garantizar, mantener y restablecer el orden interno, de prevenir, investigar y combatir la delincuencia�, anotó.