Discriminación en las instituciones públicas


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Escribe: Walter Paz Quispe Santos | Opinión - 02 Mar 2015

Hay un tema que en nuestras relaciones sociales no hemos logrado resolver los peruanos, es la profunda carga discriminatoria, sobre todo en las instituciones públicas. La discriminación a poblaciones originarias que hablan lenguas diferentes como el aimara y el quechua hasta hoy llamadas campesinas, niñas y niños, personas con discapacidad, ancianos, analfabetos, y otros. La discriminación es el mal endémico de las sociedades dominantes burócratas que se encuentran en la administración pública.

La discriminación es una forma de exclusión, rechazo, que atenta los derechos fundamentales de las personas a la igualdad de trato, consideración y es un derecho subjetivo porque los ciudadanos deben ser tratados con igualdad de condiciones y precisamente no es así. Los funcionarios públicos, basan su trato en el color de la piel (racismo biológico) y en la condición social (racismo cultural). Y los más afectados son los pueblos originarios históricamente subordinados y excluidos desde la colonia. La discriminación por tanto sigue siendo una forma de colonialismo que refuerza distintas formas de racismo.

La discriminación ocurre en la totalidad de las instituciones públicas, hospitales, escuelas, el poder judicial, las direcciones sectoriales del Gobierno Regional, los Municipios y otros. Ni que decir de las UGELs o las instituciones policiales. No se salvan los bancos, y empresas de servicios como los transportes; de manera directa o indirecta. A veces es directa o intencional como aquellos policías que piden documentos sólo a personas de rasgos andinos, o funcionarios que dedican mayor tiempo a las personas que asisten con ropa de “terno”. La discriminación indirecta tiene que ver por ejemplo con el uso exclusivo del castellano y exigir al usuario abstenerse a usar su lengua materna como el quechua o el aimara. Los avisos que señalan que todos los pasos para una gestión están en un portal electrónico y todos los que no tienen acceso a internet quedan discriminados.

Hay una ley N° 28683 del año 2005 que exige una atención preferencial a las personas embarazadas, ancianos o las personas con discapacidad, que es cumplido visiblemente en los bancos, menos en las demás instituciones públicas. El año 2006 se aprobó otra ley N° 28735 que exigen un trato preferencial a estas mismas personas en los servicios de transporte. Y así existen muchas leyes que son letra muerta a la hora de los hechos.

Uno de sectores más discriminados en nuestras instituciones son las poblaciones originarias. Muchos funcionarios al momento olvidan que en el año 1993 el Estado peruano ratificó el convenio 169 sobre los pueblos indígenas el cual considera por ejemplo el derecho a usar la vestimenta tradicional. Una de las instituciones discriminadoras son las universidades al pedir fotografías con trajes llamados “ternos” y para las actividades protocolares el uso de la misma vestimenta. Muchos estudiantes de Antropología, Sociología y otras carreras por un principio de identidad solicitan se respete el derecho al uso de su vestimenta originaria. El otro aspecto es el derecho al uso de la lengua originaria como el aimara y el quechua, este derecho implica que las instituciones deberían capacitar a su personal en el manejo de las lenguas andinas.

Existen docentes, médicos y policías que trabajan en los medios rurales que en sus esquemas mentales mantienen el poder de maltratar a los campesinos y los miran como seres inferiores, las burlas sobre las lenguas que usan, el desprecio y prejuicios como algo normal. Es común observar que estos agentes estatales se comporten como si su función no tenga nada que ver con los aimaras y quechuas del medio rural: ni los maestros se preocupan por su educación, ni las enfermeras por su salud, ni los policías por su seguridad.

Hace algunos años atrás Teun van Dijk había advertido todos estos problemas de discriminación y racismo en América Latina, y en el Perú Jorge Bruce en un estudio denominado “Nos habíamos choleado tanto” pero el problema no ha cambiado casi en nada, porque en las instituciones públicas seguimos choleándonos mucho.


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