Decano bamba


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Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 15 Apr 2016

La ética profesional debería practicarse con rigurosidad en el campo de la formación profesional; el simple acto sustentatorio de la tesis con resultados positivos no otorga al postulante el grado académico. Más al contrario, le autoriza a seguir los procedimientos regulares hasta la obtención del título y su posterior inscripción en los registros de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Con ello se valida el postgrado, pero como estamos hablando de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, parece que las cosas tienen peculiaridades “difíciles” de comprender; si meses atrás un estudiante en tiempo récord obtuvo el grado de maestría y con apoyo “incondicional” de algunos plebeyos de la corrupción trató de santificarlo como docente universitario, hoy parece que en la facultad de ciencias de la salud se trató de reparar en algo la “impericia” del comité electoral, aunque en todo “faenón” siempre existen los muertos y heridos. En este caso los más perjudicados son los “profesionales” que optaron el grado académico correspondiente y que no fueron admitidos en los registros de la Sunedu.

Si se ha cometido un error y se perjudica a terceros, lo más lógico es recular, guardar silencio o simplemente allanarse, pero envalentonarse argumentando que es culpa de la universidad donde gana dinero por una deficiencia administrativa es lo más ilógico, peor aún generar una carta notarial santificándose. Si nos apegamos al derecho positivo (no a las costumbres manidas que operarían dentro de esa universidad) concurren varios delitos, simplemente bastaba con verificar en el portal web de la Sunedu si el profesional aspirante a un cargo con prerequisitos tenía o no un postgrado registrado a su nombre, pero como podemos observar en la documentación, tal inscripción es inexistente, por lo que falta a la verdad. Entonces los propios graduandos o titulandos que tienen en sus respectivos títulos la firma de este decano podrían incoar protección legal ante las autoridades jurisdiccionales y nos atrevemos a predecir que éste profesional tendría un largo tiempo para reflexionar sobre sus actos.

Empero, la propia universidad Andina de Juliaca debería demostrar al público las acciones legales incoadas y la inmediata suspensión en sus funciones al falso declarante, porque no puede ni debe seguir cargando con actitudes que lindan con el delito; seguros estamos que en las próximas horas se anunciará que ya se tomaron las acciones legales o que se conformó una comisión especial de investigación para determinar a los presuntos responsables de este acto fraudulento. Entendiendo que la Ley Universitaria es clara en sus postulados y una declaración jurada luego del veredicto inicial del proceso electoral debería ser corroborada con el cumplimiento irrestricto de todos los cánones del perfil profesional. No basta con una simple declaración de parte, porque este no es el primer escándalo en que se ve inmiscuido esta casa superior de estudios.


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