Los Andes

Con el decreto supremo 088-2016-PCM, el Ejecutivo Nacional pretende cambiar la situación de desgobierno y descontrol de los ciudadanos movilizados solicitando seguridad. El decreto es constitucional en todos sus extremos, pero su publicación obedece a que el propio Estado Peruano no puede luchar con coherencia lógica y utilizando el aparato estatal pertinente a la delincuencia común y organizada; además, para el alcalde juliaqueño el tema de proliferación de los antros de perdición representa una vorágine incontrolable, porque son los propietarios de las casas quienes alquilan sus habitaciones a los empresarios de la insania social. Entonces la declaratoria de emergencia por 30 días en la provincia de San Román será simplemente una burla, entendiendo que no se está atacando el problema desde la raíz. El poblador juliaqueño está cansado de tanto antro de perdición y al parecer el gobierno peruano está indirectamente protegiendo a estos locales con esta medida restrictiva.

No analizaremos los extremos de las libertades restringidas, nos ceñiremos en la oleada delincuencial, que ya cobró más de 20 vidas en lo que va del año. Por lo tanto, tenemos a unos efectivos policiales bien remunerados pero con cero de criterio ético al momento de cumplir con su juramento al graduarse de la escuela (técnica o de oficiales), es más, se conoce que más del treinta por ciento de efectivos policiales en actividad son conspicuos “padrinos� de los delincuentes y lejos de perseguirlos los “protegen� (desde el interior policial existe fuga de información clasificada y que son alertas para los delincuentes sobre los “operativos� que con esfuerzo y dedicación elaboran los policías honestos) y obstruyen las capturas selectivas, por ello es difícil encontrar idoneidad en la lucha contra la delincuencia común y organizada, peor si tenemos en las cárceles puneñas a los más rankeados delincuentes que operan desde el penal para direccionar “operativos� selectivos.

Sabiendo que un sector policial cohabita con la delincuencia y recibe “matrículas� por concepto de “protección�, es imposible erradicar este problema social, además las cantinas que operan son negocios que mueven cantidades descomunales de dinero negro, allí la trata de personas es común, la venta de drogas al por menor es normal, inclusive se ofrece sexo con jovencitas vírgenes (las ganancias por este concepto es descomunal e inapreciable) que son sometidas a subasta. Recordemos que la ciudad de Juliaca es zona de tránsito del narcotráfico y el contrabando y los varones de estos “negocios� se mantienen en la clandestinidad (difíciles de ser identificados). Realmente el Estado Peruano (representado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no tiene un verdadero plan de erradicación de los focos delincuenciales, la tarea es complicada, pero los ciudadanos quieren vivir como otrora, tranquilamente, no desean escuchar sobre asesinatos, violaciones, invasiones, robos y asaltos, esa fue la idea de la paralización y lamentablemente se fueron contra los antros que generan delincuentes, ahora se habla de un sujeto movilizado quien fue secuestrado y asesinado por el propietario de un antro, y seguramente también no se identificará a los responsables. Una medida extrema sin un criterio técnico es una mordaza para la población y nunca será una solución al problema.