Los Andes

El caso Odebrecht, además de desnudar la corrupción que existe en nuestro país, involucrando a expresidentes de la República, también revela la doble moral de la ciudadanía que, por un lado, se indigna por los millones que se diluyeron en sobornos y, por otro, prepara sus sencillos para coimear al policía o al funcionario, a fin de evitar una sanción o sortear un trámite lento.

Lamentablemente, esa es la capacidad de indignación que tiene la ciudadanía del país, ciertamente con algunas excepciones, sobre temas como este. Con mucha tristeza se puede observar, por ejemplo, que en las marchas “anticorrupción� se infiltran personas de dudosa reputación, poniendo en cuestión la seriedad de la medida de lucha. Esa es nuestra cruda realidad.

En la región Puno se ha pretendido hacer funcionar la “pomposa� Comisión Regional Anticorrupción (CAR), que hasta el año pasado era presidida por el gobernador regional Juan Luque Mamani, una autoridad ya cuestionada por actos que lindan con el delito, como el hecho de permitir que su esposa y su hija sean proveedoras de la institución que dirige. ¿Qué moral pudo haber tenido para presidir esa comisión? Ninguna, naturalmente.

Ahora el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Oscar Ayestas, es la cabeza de la CAR, pero a la fecha no ha dicho “esta boca es mía� respecto a los actos de corrupción que están ocurriendo en la región, quizá porque preside una de las instituciones seriamente cuestionadas por la ciudadanía.

Solo nos queda rezar que los decretos anticorrupción y la muerte civil puedan dar resultados, aunque sea a largo plazo; al final de cuentas, los millones o los sencillos en sobornos son hechos de corrupción.