Pável H. Valer Bellota

Nos hacen el “avión”



Escribe: Los Andes | Opinión - 07 mar 2017


El Aeropuerto de Chinchero, que persisten en construir el Gobierno Peruano y algunas despistadas autoridades regionales, “con corrupción o sin corrupción”, es la cereza del pastel de las obras públicas edificadas a punta de acuerdos bajo la mesa, criollada, lobbies, y picaresca para favorecer solo a los intereses de la gran empresa. Es muestra de la existencia de un segmento pernicioso de la oligarquía peruana que ha diseñado el sistema legal a su gusto, para obtener sus ganancias no de la producción, sino de medrar a costa del presupuesto nacional, apropiándose del dinero de los ciudadanos.

Estas prácticas infectas han sido posibles por el impulso de las Asociaciones Público Privadas (APP) desatado por el Banco Mundial, desde los años 90, para que los Estados del Tercer Mundo acuerden con empresas la realización de obras públicas. En este esquema de negocios, el sector privado pone el capital de la construcción y el Estado les recompensa por su inversión, concediéndoles la explotación de la obra pública. El inversionista recupera su capital –y obtiene importantes ganancias– mediante el cobro de los derechos de uso de la infraestructura que edificó (recaudación de peajes, tasas de embarque, etc.). Es decir, las empresas invierten su dinero para la construcción; el Estado, a cambio, les otorga la explotación de la obra.

Así, en 2014 Proinversión licitó la construcción del Aeropuerto de Chinchero por 539 millones de dólares. La empresa ganadora fue el Consorcio Kuntur Wasi (KW) que ofreció construirlo por casi la mitad de ese presupuesto, una ganga: 265 millones de dólares. ¿Dónde estaba la ganancia de la compañía con ese monto tan bajo? Definitivamente el negocio no era la construcción, sino la transacción posterior a la licitación: la “adenda”.

Después de haber ganado la licitación, durante dos años KW no dijo nada hasta que, a inicios del gobierno de PPK, comunicó que no podía construir el Aeropuerto si es que el Estado Peruano no pagaba los intereses del capital del préstamo que la misma KW debía conseguir. De acuerdo a fuentes comerciales, Kuntur Wasi es una empresa prácticamente insolvente, por lo que su única fuente de financiamiento es la Banca Comercial que, de prestarle dinero, lo haría con montos altísimos (dicen que de 20% anual). ¡Con esto el costo de la construcción del aeropuerto subía de 265 a 1,200 millones de dólares!

La Corporación Andina de Fomento y la propia Contraloría de la República se pronunciaron en contra de este aumento escandaloso. Frente a esto, Kuntur Wasi y el Ministerio de Transporte negociaron la famosa adenda por la que el Estado “solo” se obligaba a poner 529 millones de dólares para el movimiento de tierras de la construcción, a más de los 80 millones que gastó el Gobierno Regional Cusco para comprar los terrenos. En síntesis: el Estado pone el 81% y la empresa el 19% del costo de la obra. Con esto la esencia de la APP se desvanece y, lo que es peor, la empresa se adjudica la explotación del Aeropuerto por 40 años como mínimo. ¡Negociazo!

En Cusco el Aeropuerto de Chinchero es una aspiración de hace décadas. Se ha hecho idea popular que con su funcionamiento despegará la economía regional. Este justo anhelo fue aprovechado por Kuntur Wasi que desplegó una estrategia legal y política que envolvió a una colección de alcaldes e intonsos burócratas regionales quienes, sirviendo los interés monetarios de esa empresa, llegaron incluso ha impulsar una huelga muy raleada. Así hicieron parecer como si el “pueblo cusqueño” demandara la suscripción de la adenda.

La estrategia jurídica ha consistido en usar todo el tinglado dictado por el Banco Mundial que los gobernantes peruanos se han encargado en convertir en ley. El negociazo de Chinchero, que favorece grandemente a la empresa privada y saquea las arcas de los peruanos, es amparado por la legislación sobre las Alianzas Público Privadas que datan de la época de Fujimori y que los gobiernos siguientes las han ido ampliando y “mejorando”. Se trata de un modelo económico que pone al Estado al servicio solo de los negocios de las sociedades privadas y da la espalda a los ciudadanos quienes, finalmente, pagarán con sus impuestos, y las tasas de aeropuerto, las usuras de Kuntur Wasi.

En este diseño legal y económico las ganancias de las empresas no provienen de un marco de producción libre, que prevé que los dividendos emanen del trabajo, de la construcción, sino proceden de una negociación post contrato que implica corrupción y un buen manojo de amigos en el Estado. Todo esto hace pensar que, bajo este esquema, “no se puede acabar con la corrupción del sistema porque el sistema mismo es la corrupción”.


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