Friday 19.04.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1984 días)
La inseguridad en las carreteras es uno de los principales problemas a nivel nacional, regional y local, que como consecuencia genera asaltos, pérdidas de vidas humanas en manos de avezados delincuentes, quienes utilizando armas de fuego generan zozobra en los pobladores de nuestras regiones. Tal es así en nuestro altiplano puneño, que pareciera que vivimos en un estado anarquista, sin autoridades en materia de seguridad (Ministerio del Interior, la prefectura, los subprefectos). Producto de ello, a diario se escuchan noticias de asaltos a mano armada, ajustes de cuentas, muertes a las víctimas que se resisten a perder sus pertenencias, entre otros, en las carreteras. No existen medidas drásticas sobre estos hechos penosos que enlutan a familias, en algunos casos inocentes.
La delincuencia en la carreteras de nuestras provincias, también se incrementa debido a varios factores, como la minería ilegal, el contrabando, la presencia de narcotraficantes, los cuales atraen fuertemente a los delincuentes por la cantidad de dinero que tienen en su poder, muchos transitan por lugares inhóspitos, alejados de las ciudades, donde no existe ninguna medida de seguridad; las comisarías o puestos policiales están a kilómetros de distancia, no existe cobertura de comunicaciones por celulares para pedir auxilio, las carreteras que conectan a muchos pueblos son trochas, lo que favorece el actuar de estos delincuentes armados hasta los dientes.
Otros de los factores es el traslado de los delincuentes de alto riesgo o reos peligrosos a nuestra región o centros penitenciarios, como Challapalca, ex Yanamayo. Con la complicidad de los personales de INPE, estos delincuentes continúan delinquiendo; no existe, pues, un adecuado control de estos reos. Incluso cuando ya cumplen su sentencia salen libres y siguen en sus andanzas delincuenciales, ¿será que los centros de reclusión son lugares de descanso?, ¿centros de meditación de sus actos?, ¿un recreo obligado por la ley? La cuestión es que muchos siguen sus caminos delincuenciales, viendo a la cárcel como un lugar de visitas cada vez que son atrapados.
A ello se suma la inoperancia de nuestras autoridades. No existen las estrategias adecuadas para combatir a la delincuencia en carreteras, la población está a merced de los asaltos, peligra su integridad, no se sienten protegidos por el Estado, claman apoyo a las comisarías; sin embargo, poco a casi nada les importa a nuestras autoridades. Si bien el Estado tiene más policías concentrados en las ciudades o zonas urbanas, mientras las zonas rurales cuentan con escasas comisarías o puestos de control policial, en muchos casos ni siquiera existen vehículos policiales, armamentos equipados, o ambulancias en centros de salud; es muy penosa la realidad de nuestros pueblos alejados.
La autoridades regionales y locales deben ser ejes principales para velar la seguridad de sus pobladores, ellos son los indicados para exigir al Gobierno Central, al PCM, al MININTER, mayor control policial en las vías de nuestra región, pero a la mayoría de ellos no les interesa nada; al contrario, son noticia de corrupción, escándalos de nepotismo, lavado de activos, ineficiencia de sus gestiones.
En conclusión, el Estado, con cada uno de sus organismos, debe planificar estrategias agresivas contra la delincuencia en las carreteras, para evitar pérdidas humanas y frenar actividades informales; por lo menos, debe incrementar el número de efectivos en las carreteras o hacer patrullaje constante en estas, vías donde hoy campea la delincuencia.
Betochura4455@hotmail.com
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