Construcción, eje de la reactivación económica


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Escribe: Mario Huamán Rivera | Opinión - 18 Jun 2017


El sector de la construcción atraviesa una situación delicada. Desde 2016, los indicadores del PIB sectorial son negativos. Más de cien mil obreros del sector se encuentran desempleados como consecuencia de la paralización de las obras del Gobierno Central y los gobiernos regionales y locales, así como el estancamiento del sector inmobiliario privado.

Parte de este problema se explica por los efectos del gran escándalo de corrupción del caso Lava Jato, y de otra parte por la desaceleración económica a causa de la crisis de la economía capitalista a nivel mundial; internamente el fenómeno del Niño Costero trastocó los planes del Gobierno, que no logra definir políticas claras de reactivación. El lobbismo ha generado desconfianza, como en el caso del aeropuerto de Chinchero.

La situación tiende a agravarse, peor aún, cuando el Congreso promueve el proyecto de ley 1410, que afectaría directamente a más 39 mil trabajadores. De ellos 16 mil son obreros de construcción, 17 mil técnicos y casi 5 mil ingenieros. Asimismo, otras 140 mil personas se verían perjudicadas de manera indirecta, pues son dependientes o se dedican a actividades secundarias de la construcción.

La reactivación económica debe ser la prioridad en la agenda del Gobierno y especialmente del Congreso. La bancada fujimorista está jugando a la oposición destructiva y eso no lleva a ninguna parte. El gobierno y la oposición fujimorista deben entender que el eje principal de la reactivación económica es el sector de la construcción, pues permite crear de manera rápida miles de puestos de trabajo, los que generan un impacto directo en la economía nacional.

La propuesta de la CGTP incide en darle un fuerte impulso a la demanda, mediante el aumento de remuneraciones; mientras que el ministro Grados Carraro señala que es adecuado que un trabajador gane 850 soles mensuales. Lo cual es lamentable viniendo de alguien que gana 30 mil soles mensuales y goza de todos sus derechos laborales.

De esta manera, el Gobierno está imponiendo a la fuerza, sin diálogo, una reforma que persigue precarizar más el empleo. El Estado prefiere intervenir de manera mínima en las relaciones laborales dejando casi todo en poder de los empresarios. Se pretende, además, que el despido sea completamente arbitrario, y eliminar la posibilidad de una reposición.

Por su parte, los mineros preparan una huelga general indefinida para mediados de julio, ante el desinterés del Gobierno por atender sus justas demandas. Los trabajadores del sector público están realizando huelgas en casi todo el país. Los trabajadores CAS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han empezado una huelga de hambre; en Tumán, el Gobierno ha intervenido con soldados.

Toda esta situación exige una respuesta del movimiento sindical y popular, por ello el próximo 24 de junio la CGTP realizará una Asamblea Nacional de Delegados para analizar y proponer un plan de lucha para enfrentar al programa neoliberal que impulsa la CONFIEP con el Gobierno de PPK.


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