El Sutep en la historia

Olmedo Auris Melgar


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Escribe: Los Andes | Opinión - 07 jul 2017

A las puertas de la reunión entre el Presidente y la lideresa de Fuerza Popular, queda claro que el asunto que domina la agenda no es otro que el indulto al condenado Alberto Fujimori.

El gobierno pretende que una decisión de tal envergadura, que compromete no solo la legalidad, sino la ética pública, sea tomada como “un caso humanitario”, reservado para el exclusivo arbitrio del gobernante.

El planteamiento resulta insostenible, porque si algo no se debe aceptar en democracia, es suprimir de la agenda pública una opción política. Los de PPK pretenden que el Mandatario sea legibus solutus, al estilo de los monarcas absolutistas.

La democracia se sustenta en el diálogo, en el intercambio de propuestas consistentes que permitan conseguir consensos en cuestiones de fondo. El gobierno no proporciona ningún argumento racional para liberar al dictador más corrupto de la historia del Perú.

Para tal caso tendría que repudiar la contundente sentencia de la Corte Suprema, sobre delitos tan atroces como los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros y latrocinios juzgados. La Suprema de Chile acaba de autorizar que se le enjuicie por la matanza de Pativilca, calificada igualmente como crimen de lesa humanidad.

Los practicantes de la razón instrumental, que creen que todo es negocio y costo beneficio, no entienden que la moralidad pública se construye dialógicamente, por la acción comunicativa entre ciudadanos en igualdad de condiciones.

La república se asienta sobre la representación del interés general, no de las voluntades particulares o de grupo. Pedro Pablo Kuczynski bien podría informar al país en qué punto se encuentra la recuperación de los seis mil millones de dólares que, según el propio Estado, es el monto de lo saqueado por el exdictador, así como en qué anda la captura de una veintena de fugitivos fujimoristas, o preocuparse de los avances en el juicio de la matanza de Pativilca, cuya autorización ya fue concedida a pedido del Perú.

Liberar al emblema de la podredumbre moral, no hará más que deslegitimar a PPK, mostrándonos como un país incapaz de respetar sus propias leyes.


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