Friday 19.04.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1985 días)
Una más de los apristas? Es la pregunta que salta luego de que la fiscal provincial de Sandia, Ondina Román Ortiz archivara definitivamente las investigaciones que se seguían por la muerte del militante aprista Richard Colque Cutipa y el uso de bienes del Estado a favor del ex candidato a la presidencia regional Javier Bernal Salas en octubre del 2006.
En las investigaciones la representante del Ministerio Público de la provincia de Sandia indica que no se puede formalizar denuncia en contra de Javier Bernal Salas por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública, delito que resalta: es cometido sólo por Funcionarios Públicos.
La fiscal se ampara en el artículo 388 del Código Penal e indica que el ahora jefe de la COFOPRI, Javier Bernal Salas no era funcionario público en esa fecha; entonces sostiene que no se puede dar a ha lugar la denuncia en contra del militante aprista.
Tampoco se puede realizar la denuncia en contra de Arturo Pari por el delito contra la vida el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio culposo, ni al ex jefe del PRONAMACHCS, Iván Ramírez Iglesias, por el delito de contra la administración pública, delito que es cometido por funcionarios públicos en su modalidad de peculado, en su forma de peculado de uso.
Antecedentes
De no haberse suscitado el accidente aquel 28 de octubre del año 2006 con la subsiguiente muerte del militante aprista Richard Colque Cutipa talvez no se hubiese revelado el uso de bienes del Estado para favorecer al candidato del Partido Aprista Peruano para la presidencia de la región, Javier Bernal Salas.
En esa oportunidad el chofer de la camioneta del PRONAMACHCS, José Arturo Ticona Pari indicó a los medios de comunicación que fue enviado desde la ciudad de Puno hasta la provincia de Sandia por su jefe en ese entonces Iván Ramírez Iglesias, para trasladar a los militantes apristas, porque en la zona se llevaría a cabo un mitin proselitista.
Al retorno del mitin, según Ticona Pari, fue el actual jefe del COFOPRI Javier Bernal quien conducía la camioneta que sufrió el accidente en la zona de Quiquira, de la provincia de Sandia. En el vehículo también se encontraba un grupo de militantes.
Días posteriores, un informe revelaba que el congresista Thomás Cenzano Sierralta mantenía información con Ticona Pari quien le recomendaba que éste no debería informar de lo sucedido a ninguna persona.
Por estas acciones, el congresista Cenzano fue sancionado a 30 días de suspensión por el congreso de la República al encubrir el accidente y a su compañero aprista Javier Bernal Salas.
Reacciones
El procurador anti corrupción es quien debería presentar un recurso de queja por el resultado de la investigación que emitió la fiscal provincial de Sandia. Y ese expediente debe elevarse al fiscal superior de Juliaca quien debe revisar la resolución, es en esa instancia donde se aprueba o desaprueba la resolución para que la fiscal pueda formalizar o no una denuncia penal, manifiesta el abogado Hugo Gallegos Gallegos.
“La fiscal seguramente recibe algún tipo de presión o recomendaciones para emitir una resolución tan aberrante. Existe una grave negligencia”, dice y añade que la representante del Ministerio Público no cuenta con desconocimiento de la norma jurídica.
Si se puede sancionar a terceras personas no ocupando un cargo político, indica luego de ejemplificar que similar caso pasó el candidato a la alcaldía del municipio de Lima, Luís Bedoya de Vivanco y este si fue sancionado.
No siendo funcionario público si se hace extensiva a otros, el Tribunal Constitucional lo hizo en este caso, refiere. “Cualquier persona que utilice los bienes del Estado sin ser funcionario del Estado incurre en delito peculado en una forma extensiva”
Calificó como una resolución acomodada para limpiar a estas personas por carácter político. “El procurador anticorrupción debe ejercer su función o debe poner su cargo a disposición”
Indicó que la denuncia puede prescribir por peculado de uso por los dos años de pena que se le impone. “Seguro sabe que ese delito va a prescribir. Esa es la denuncia va concluir con una prescripción”, adelantó.
Sobre la resolución que archivan las investigaciones, el procurador anti corrupción Antonio Belón Jara ha manifestado que evaluará la resolución para impugnarla o interponer un recurso de queja. “Por extensión del delito hay que evaluar y es importante notificar al Estado”, añadió.
El también militante aprista manifestó “quien use mal los bienes del Estado debe ser sancionado. Los bienes del estado son para respetarlo. No hay compromiso con personas. Si hay pruebas por el uso de bienes habrá que denunciar a los involucrados.
Para el congresista Yhoni Lescano asegura que si el gerente del programa en ese entonces fue sancionado eso quiere indicar que existe indicios de responsabilidad”
Aseguró que debe haber algunos indicios de mala evaluación de los hechos por ser y por ello será evaluado por él y demás integrantes de la bancada Puno.
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