Vacíos en el mensaje presidencial de Ollanta Humala


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Escribe: Alberto Quintanilla Chacón | Política - 02 Aug 2015


El último 28 de julio del 2015, el presidente Ollanta Humala Tasso ha dado su cuarto mensaje presidencial, en el que ha hecho un balance de los logros que ha tenido su gobierno en los primeros cuatro años de gestión, destacando los programas sociales como Beca 18, Pensión 65 y el Programa Qaliwarma; ha relatado también los esfuerzos en mejorar la calidad de la educación.

Se ha hecho un anuncio importante del Programa de Pensión por Discapacidad Severa, por la cual se les dará S/. 150.00 mensuales a los que sufran una discapacidad severa, empezando por Tumbes y Ayacucho; el próximo año se extenderá a Amazonas, Cajamarca y Huancavelica, con un total de 4,449 beneficiarios (con un costo de 8 millones de nuevos soles anuales), entre otros anuncios, como la contratación de 20,000 profesores, la prohibición del uso del uniforme de policías cuando estén prestando servicios a particulares, construcción o remodelación de 51 establecimientos de salud, vuelos cívicos a comunidades amazónicas alejadas, subsidios al consumo de gas doméstico, etc.

Sobre el problema de la inseguridad ciudadana y el avance de la delincuencia, se ha limitado a señalar el aumento de drásticas penas al delito de sicariato, afirmando que en el VRAEM ya no hay un poder paralelo al estado del narcotráfico, o que se acabarán los estudios del Metro de Lima en el 2016.

Ha sido un mensaje como si el periodo de gobierno de Ollanta Humala solo fuera de 4 años, ya que dijo muy poco de cuáles son los lineamientos de gobierno para el quinto y último año; se puede decir que “no tuvo luz verde” para el último año, parecía un gobierno cansado, en retirada, sin fuerza, sin ideas.

Han habido ausencias notorias, empezando porque no anunció el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que se esperaba sea incrementada en unos S/: 150.00, pasando de S/. 750.00 a S/. 900.00, o mejor aún S/: 1,250.00 o más; tampoco anunció medidas para enfrentar la crisis económica, que ya se está instalando en el Perú.

Los trabajadores esperaban un incremento en la RMV, si bien solo beneficia a unos 300,000 trabajadores, también beneficia a muchos más, ya que es una cantidad que se usa como referencia para el cálculo de las remuneraciones, tanto en el sector formal como en el informal.

El sueldo mínimo, como se le conoce también a la RMV, en el Perú, solo está por encima de la de Bolivia y Venezuela, y está por debajo de Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil.

Dentro de las medidas económicas para enfrentar la crisis económica, de la cual ya no somos ajenos, debe enfrentarse ampliando el mercado interno, a lo que contribuye la subida de la RMV, además incrementar la inversión pública y la privada, no haciendo lo que busca el gobierno de Ollanta Humala, de enfrentar la crisis con la máxima austeridad fiscal y la retracción del gasto público.

Bien sabemos que si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuando decide no incentivar el gasto público, le encontrará siempre un pequeño, mediano o grande error, en la tramitación de la ejecución del gasto público presupuestado, por parte de las instancias sub nacionales y nacionales.

La disminución de las tasas de crecimiento de nuestra economía se vienen acentuando en todo el país, mientras que la economía regional de Puno tiene un elemento adicional de recesión, y son los efectos de la represión o interdicción a las actividades de la minería informal, el contrabando y el narcotráfico, en la economía de Puno.

La recesión de la economía de nuestra región Puno la sentimos cotidianamente: han disminuido las transacciones de bienes inmuebles, casas y terrenos, menos compras y ventas de bienes y servicios, menos ingresos de los comerciantes, taxistas, menos trabajo en general.

Tampoco dijo nada respecto a cómo retomar el impulso a la descentralización del país, ya que estamos en un proceso regresivo en cuanto se refiere a descentralización. En el Consejo de Ministros Descentralizado en Moho, se anunció que una serie de obras de infraestructura vial, que estaban a cargo de los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, pasaban a ser efectuadas por el Gobierno Central, bajo el pretexto de que los órganos de gobierno sub Nacionales eran ineficientes, en particular, en lo que se refiere a la ejecución del gasto público de inversión.

Hubiésemos esperado que el mensaje presidencial tenga propuestas para profundizar la regionalización, avanzar en la formación de macro regiones, ya que las actuales regiones en base a los departamentos, no es exitosa y tiene muchas limitaciones.

La ley del Canon Minero debe ser modificada, para que deje de llamarse al 50% del Impuesto a la Renta de las empresa mineras, como canon minero, se necesita que sea un tributo al margen del Impuesto a la Renta, que sea alrededor del 10%, y que propicie la integración regional y no genere disputas entre regiones, como ocurre en la actualidad.

Es necesario que se den medidas que ayuden a superar las limitaciones que tienen las actuales regiones y municipios para la ejecución de los presupuestos aprobados, en materia de inversiones regionales y municipales.

Se debió hablar de la ubicación de las plantas petroquímicas, que producirán derivados industriales a partir del gas natural de Camisea; estos derivados son numerosos, principalmente plásticos y fertilizantes, lo ideal sería que sean ubicadas en la Región de Puno. En sus primeros 7 meses de gobierno, el Gobernador Regional de Puno, Juan Luque Mamani, no se ha pronunciado al respecto, a diferencia de los líderes de Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna, que vienen pidiendo que sean ubicadas en sus regiones.

El mensaje no contiene un balance del proceso de formalización de la minería informal, y de su hasta ahora fracaso, pues de más de 120,000 solicitudes a nivel nacional solo se habrían formalizado menos de 50, y en el caso de la Región de Puno, de más de 12,000 solicitudes, solo han culminado menos de 6, por las trabas burocráticas y porque los requisitos colisionan con una legislación sobre concesiones mineras, que tiene que modificarse y adecuarse a la realidad.

Respecto a la minería, debería el gobierno empezar con disponer que el Estado, a través del Banco de la Nación o del Banco Central de Reserva, ya que no hay Banco Minero, compre oro, para así disminuir la delincuencia, robos, asaltos, asesinatos, en torno a la comercialización del oro.

Una segunda medida es promover métodos alternativos de tratamiento del oro y plata, que no usen mercurio, cianuro u otras sustancias altamente contaminantes; existen procesos como los gravimétricos o en bases a polaridades eléctricas, que contaminan menos.

Se necesita que el Estado se haga presente, con servicios, apoyo e infraestructura en las zonas mineras informales, no solo con represión, interdicción o amenazas.


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