Alberto Quintanilla: No a la reducción del Poder Judicial en Puno


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Escribe: Alberto Quintanilla Chacón | Política - 22 May 2016


Los humanos somo seres sociales por excelencia, siempre vivimos en colectividad. La vida humana no es posible en forma aislada, todos vivimos siempre en sociedad.

Todas las sociedades se organizan para una mejor satisfacción de sus necesidades, estableciendo relaciones sociales, para hacer más agradable la vida, buscando seguridad, frente a las contingencias, problemas, peligros, ataques que ponen en riesgo a los individuos, o a la sociedad.

El Estado es la sociedad organizada para la satisfacer necesidades, distribuyendo roles y funciones, para tomar decisiones sobre la vida social, ejerciendo autoridad y poder.

En el Estado, como sociedad organizada, el ejercicio de autoridad y poder, se expresa en tres poderes básicos: el Legislativo, que fija las reglas o normas, que son el conjunto de leyes que rigen el funcionamiento de la sociedad y el Estado.

Establecidas las reglas, que deben respetar los integrantes de un Estado, el poder que las implementa es el Ejecutivo, que se expresa, a lo largo de la historia, en la existencia de monarcas, presidentes, según sea el régimen político que impere en la sociedad y el Estado.

En todo grupo humano, como en toda sociedad y Estado, existen problemas y conflictos entre sus integrantes, por la existencia de diferentes puntos de vista, opiniones, intereses o alternativas que existan frente a situaciones concretas.

Los conflictos, al interior de la sociedad y el Estado, son tan numerosos y habituales, que uno de los estamentos del Estado es el Poder Judicial, encargado de resolverlos, para hacer viable la convivencia social.

En la región de Puno, el Estado tiene grandes debilidades, especialmente en lugares de actividad minera, como La Rinconada y Lunar de Oro, donde es casi inexistente; el municipio menor de dichas localidades no tiene los medios, el presupuesto para recoger la basura que se genera a diario, y tampoco recauda impuestos prediales.

El Poder Judicial, en la región de Puno, es débil, lo que se expresa en desconfianza y falta de aprobación de la población, que se siente discriminada, lo que se incrementa en hechos como:

El traslado de presos a otros lugares del país, diferentes de sus localidades natales, violando con ello el principio penitenciario de que los detenidos deben cumplir sus condenas en penales cercanos a los lugares de sus residencias.

Estos traslados de presos a los penales de Challapalca, Yanamayo, La Capilla, además de violar el citado principio penitenciario, generan inseguridad en la población de la región Puno; al trasladar presos de otras regiones, particularmente de Lima Metropolitana, generan el traslado de familiares y allegados de estos, creando zozobra y la posibilidad de que se dediquen a actividades ilícitas para poder sostenerse en ciudades como Puno y Juliaca.

El número de Salas Superiores de Justicia que hay en el Distrito Judicial de Puno es muy inferior a distritos judiciales de otras regiones del sur del Perú.

Arequipa tiene 11 Salas Superiores, para una población de 1´200,000 habitantes.
Cusco, 8 Salas Superiores con una población de 1´200,000 habitantes.
Ica, 8 Salas Superiores, para una población 840,000 habitantes.
Puno, 6 Salas Superiores con una población de 1´400,000 habitantes.

Las 6 Salas Superiores de Puno están distribuidas de la siguiente manera: 3 en Juliaca, 2 en Puno y 1 en Huancané.

Existiendo la idea de llevar una Sala Superior de Juliaca a Azángaro.

De producirse este traslado, de debilitaría aún más la presencia del Poder Judicial, como parte del Estado, en la región Puno.

Lo que el Distrito Judicial de Puno necesita, es que se creen nuevas Salas Superiores, para que actúen en forma itinerante; una en Ilave, para atender las provincias del Sur de la región, y otra en Azángaro, para atender a las provincias del norte.

El hecho de que en Puno la mayoría de la población desconfíe del Poder Judicial, por la demora en resolver los conflictos judiciales, o porque las sentencias no son predecibles, son respondidas por la población buscando caminos alternativos de búsqueda de justicia, que van desde los linchamientos, que son ejecuciones extrajudiciales, recurrir a las rondas campesinas, azotamiento de ciudadanos o autoridades, a quienes la población los encuentra cometiendo hechos irregulares, contrarios a las buenas costumbres.

Reducir el número de Salas Superiores en el Distrito Judicial de Puno es debilitar más al Estado, en particular al Poder Judicial, lo que aumentará la desconfianza en el Estado y nos llevará a una vorágine peligrosa.


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