Jaime Saavedra, ministro ratificado: ¿Acierto o error?


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Escribe: Raúl H. Rodríguez Chalco | Política - 28 Jul 2016

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¿El ministro Jaime Saavedra ha iniciado el cambio que el sistema educativo necesita en nuestro país? Difícil pregunta, pero aún más difícil la respuesta. En el intento de una respuesta fundamentada, recordemos algo de historia educativa en nuestro país.

Una de las medidas más nefastas que el sector educación ha sufrido en toda la historia republicana del país, es que cualquier egresado de la secundaria podía ingresar a la carrera magisterial como docente de tercera categoría. Así se consignó en el Decreto Ley Nº 22875 de la llamada “Segunda Etapa” del Gobierno Militar, presidida por Francisco Morales Bermúdez, y fue ratificado en la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, aprobada en el segundo gobierno de Fernando Belaunde, 1980-1985, y reafirmado por Alan García en su primer gobierno (1985 – 1990), cuando llenó las aulas con docentes apristas y filoapristas sin formación pedagógica.

La consecuencia de esta persistente política de todos los gobiernos recordados, es que la calidad de la educación en Perú bajó a niveles tan mínimos que pasamos a ocupar, persistentemente, los últimos lugares en aprendizajes logrados por los estudiantes, solo por encima de Haití, el país más pobre del continente americano. Sin duda, y sin desmerecer sus luchas, la situación empeoró cuando los docentes, organizados en el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), centraron su lucha solo en la reivindicación salarial y nunca desarrollaron una propuesta educativa diferente.

A lo anterior hay que sumar que, empezando por la dictadura fujimontesinista, pasando por el gobierno de Alejandro Toledo, por el segundo de Alan García y por el que precisamente hoy se despidió, el de Ollanta Humala, todos y cada uno de ellos se comportaron como la politiquería manda: “Todo lo hecho con anterioridad está mal”, imponiéndose el criterio de que la verdadera historia empieza con sus respectivas gestiones. Este principio demagógico se mostró en que cada uno de los gobiernos mencionados implementó una política educativa diferente, según sus particulares visiones de país que tenían.

Así, el fujimontesinismo, desde sus primeros años en el gobierno y sobre la base de su concepción de que la educación es un negocio, fue dictando una serie medidas que favorecían al sector privado, donde destaca la exoneración del pago de impuestos a la renta. Es cuando comienza el crecimiento exponencial de instituciones educativas privadas sin que ello, necesariamente, signifique el mejoramiento de la calidad educativa, pues se “vendió” la idea de que un buen director era un buen gerente.

En el ámbito de la educación pública, se esbozó una propuesta que se dio a conocer como “bachillerato”, propuesta educativa que, decían, recuperaría a la educación y pondría al país en los primeros lugares de aprendizajes logrados por parte de los estudiantes. De hecho, hubo una importante asignación de recursos, lo que permitió que se contraten a muchos equipos especialistas en desarrollo y acompañamiento de procesos pedagógicos y todo, con el fin de poner al sistema educativo peruano al servicio de las reformas neoliberales impuestas en la estructura productiva del país.

Cuando el país recupera la democracia, específicamente en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, se deja en suspenso el “bachillerato”, no solo porque no tenía un sustento pedagógico consistente, sino y, principalmente, porque todo lo hecho por la dictadura debía ser dejado de lado, marcando así distancia con una etapa nefasta de nuestra vida republicana.

Alejandro Toledo (2001-2006), no solo dejó sin efecto el “bachillerato”, sino que sus especialistas en educación presentaron su propuesta denominada “Nueva Secundaria” y, un año después, la segunda versión de su “Nueva Secundaria”. Esto mostró dos debilidades: la primera, una visión absolutamente fragmentada de la educación pues su propuesta se limitó a los cinco años de estudios de secundaria, no diciendo y/o proponiendo nada sobre la primaria y de la articulación de la educación básica regular-primaria y secundaria- con el sistema de educación superior -universitaria y no universitaria-; la segunda, ratificó uno de los contenidos centrales del neoliberalismo impuesto por el fujimontesinismo en la educación: el currículo por competencias.

Diferente es el camino recorrido por parte de la sociedad civil, la que, inmediatamente después del retorno de la democracia, empezó un largo y sostenido proceso de trabajo por la educación. Así, diferentes organizaciones no gubernamentales que implementaban proyectos educativos en diferentes partes del país, liderados por Foro Educativo, emprendieron la tarea de dotar al país de un Proyecto Educativo Nacional. Los gobiernos de Valentín Paniagua como de Alejandro Toledo favorecieron el proceso con la conformación y ratificación del Consejo Nacional de Educación.

Sobre la base del Proyecto Educativo Nacional y la actualización del Diseño Curricular Nacional (DCN), en las diferentes regiones del país las autoridades educativas dan pie a la formulación del Proyecto Educativo Regional en sus jurisdicciones y no pocos avanzan en la formulación del correspondiente Proyecto Curricular Regional. Son años de efervescencia educativa en donde la diversificación curricular, entendida como la adaptación de los contenidos nacionales a las condiciones de cada región y la incorporación al currículo de aspectos productivos y culturales específicos de cada región, significa un importante paso en el mejoramiento de la calidad educativa. Este gran paso adelante, significó la participación de los principales actores educativos: la autoridad educativa, los docentes, los padres y madres de familia y, donde fue posible, la de los mismos estudiantes.

Muchos pensaron que con la postura adoptada por Alan García, en su segundo gobierno, al declarar al Proyecto Educativo Nacional como una política de Estado, el momento de transformación educativa había llegado, pero dicha declaración solo ocupó titulares y declaraciones rimbombantes; empero, en ningún momento se implementaron las propuestas centrales del Proyecto Educativo Nacional. En favor de este período gubernamental hay que reconocer el esfuerzo que significó la Ley de la Carrera Pública Magisterial, Ley Nº 29062, aunque mantuvo vigente la antigua Ley del Profesorado, en la que se refugiaron los docentes menos dinámicos y poco propensos al cambio.

Con la llegada a la presidencia de la República de Ollanta Humala, respaldado por gran parte de la ciudadanía, se pensó que habría cambios importantes en el sector, más si designó como ministra de Educación a Patricia Salas, a quien no habría que convencer de la necesidad de los cambios que requería el sector educación, pues fue una de las personas que trabajaron e impulsaron el Proyecto Educativo Nacional. Sin embargo, sus dos años al frente del ministerio, además de desnudar flaquezas y falta de iniciativa permanentes, convencieron a Ollanta Humala, convertido ya en neoliberal, a convocar a un economista para que recuperara el tiempo perdido, asignándole un monto presupuestal muy importante, que llegó al 3,8% del Producto Bruto Interno.

Jaime Saavedra, sobre la base de la Ley de Reforma Magisterial, Ley Nº 29944, aprobada en el año 2012, logró algunos avances que no se pueden dejar de reconocer: acabó con los diferentes escondites de docentes faltos de iniciativa y poco motivados y que siempre se refugiaron en la Ley del Profesorado. Tampoco se puede dejar de reconocer que la Ley de Reforma Magisterial prioriza el mérito del docente para acceder a mejores puestos en la escala magisterial y, a la par, mejorar sus ingresos.

Pero su gestión tiene una seria limitante, es una gestión basada en diversos indicadores solo cuantitativos, mostrando así su formación profesional. La gestión de Saavedra impuso, de forma obligatoria, las hoy conocidas “rutas de aprendizaje”, con lo que se volvió a uniformizar la enseñanza, pues al dejar de lado el Diseño Curricular Nacional, se dejaba de lado la adaptación de los contenidos nacionales a las condiciones de cada región y la incorporación al currículo de aspectos productivos y culturales específicos de cada región.

La falta de perspectiva integral de la educación se vio ampliamente favorecida con la profundización de la separación -compartimentación- de las áreas pedagógicas en donde cada docente, especialista en el área pedagógica a su cargo, desarrolla, por ejemplo, el curso de matemática, alejado completamente del área de medio ambiente, y viceversa, o el docente de comunicación desarrolla su curso sin relacionarlo a la historia o la geografía, y viceversa. Un paso más en contra de la educación integral se dio con la eliminación de la Dirección Nacional de Educación Comunitaria.

Estas decisiones se complementaron con la distribución de textos escolares también uniformalizados para todo el territorio nacional, como si fuera lo mismo llevar el curso, por ejemplo, de crianza de cuyes, tanto en Piura, en donde es posible la producción de materia verde -alimento para los animales- los 365 días del año, como en Puno, en donde no pasa de los 150 días en capacidad de producir materia verde debido a los largos meses en los que no hay lluvias.

La capacitación docente se ha reducido a la capacitación de los directores de las instituciones educativas y a los especialistas de las Direcciones Regionales de Educación para que sepan cómo llenar la impresionante cantidad de formatos, vía Internet, para dar cuenta del avance en la aplicación de las rutas de aprendizaje. A la par, se hizo muy conocida la famosa nota catorce (14), confundiendo la generación de calidad educativa con un indicador, otra vez, solo cuantitativo.

La pregunta se cae sola: ¿Es esto lo que necesita la educación en el país? Y la respuesta es contundente: ¡No! Y el flamante presidente, Pedro Pablo Kuczynski, acaba de ratificar a Jaime Saavedra como ministro de Educación.

Quienes se rasgan las vestiduras afirmando que eso es una muestra del continuismo entre el anterior gobierno y el recién instalado pierden la perspectiva de fondo, pues olvidan que son otras cosas las que están en juego con la ratificación de Saavedra. Por ejemplo, en toda su gestión, el ratificado ministro no ha hecho pública su posición sobre la educación-negocio, no ha fijado norte a la formación técnica que va integrada desde inicial, pasando por primaria y terminando por la secundaria, no ha rectificado la negativa práctica de capacitación docente, reducida a charlas informativas o cuestionadoras, sin llegar a la modificación de viejas y desfasadas prácticas pedagógicas en donde uno es el que sabe, el docente, y otro el que no sabe, el estudiante, al que hay que llenar de conocimientos y/o competencias, cuando la educación integral nos habla de estudiantes que sepan matemática, comunicación, medio ambiente, historia… pero, sobre todo, que sepan pensar, que practiquen valores y adquieran habilidades y destrezas para enfrentar los desafíos de la vida.


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