Los Andes

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El sueño de la derecha brasileña, desde 2002, se ha realizado. No bajo las formas anteriores que ha intentado; no como cuando intentó tumbar a Lula en 2005, con un impeachment que no prosperó; y no con los intentos electorales, en 2006, 2010, 2014, cuando fue derrotada. Ahora, al fin, encontraron el atajo para interrumpir los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).

Mediante un golpe blanco, la derecha brasileña puso fin al gobierno izquierdista de Dilma Rousseff, que comenzó con su antecesor en el cargo, Luiz Inacio Lula da Silva. Derrotada en 4 elecciones sucesivas, la derecha buscó el atajo de un impeachment sin ningún fundamento, contando con la traición del vicepresidente, Michel Temer, elegido dos veces con un programa, pero dispuesto a aplicar el programa derrotado 4 veces en las urnas.

Valiéndose de la mayoría parlamentaria elegida, y con los recursos financieros recaudados por Eduardo Cunha (quien es acusado de ser el más corrupto de la política brasileña), la derecha tumbó a una presidenta reelegida por 54 millones de brasileños, sin que se configurara ninguna razón para el impeachment.

EL ORIGEN DE TODO

La principal acusación que le costó el cargo a Rousseff no fue exactamente el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpicó de lleno a su gobierno y a la clase política brasileña en general. Tampoco se basó en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.

Ni la denuncia se apoyó en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo, acusó a Rousseff de intentar liberar empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado.

La acusación central contra Rousseff en el Congreso fue que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal; así, el pedido de "impeachment" a la presidenta llegó al Congreso en octubre del año pasado, con la firma de tres juristas.

Uno de ellos, Hélio Bicudo, de 94 años, fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff. Días después de formular la denuncia, Bicudo dijo que la presidenta había cometido una serie de actos "en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien".

La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan "pedaladas fiscales", que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.

Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen. Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.

Los denunciantes sostuvieron además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave, ya que varios juristas consideraban que la presidenta solo podía ser juzgada por delitos cometidos en su mandato.

LA DESTITUCIÓN

Con 61 votos a favor, se decidió separar definitivamente a la mandataria Dilma Rousseff del cargo, el miércoles pasado. Sin embargo, no se llegó a aprobar su inhabilitación, por lo que podrá ejercer cargos públicos e incluso volver a postular a la Presidencia de la República, aunque no en los próximos comicios, pues fue reelecta la última vez (el estado brasileño no permite una triple reelección).

En realidad fueron solo siete los parlamentarios que marcaron la diferencia, pues se necesitaban 54 votos para que el impeachment contra Rousseff procediera. Solo 20 representantes de la cámara alta votaron en contra. Uno a uno, los senadores tuvieron que responder a la pregunta "¿La acusada cometió crímenes de responsabilidad y debe ser condenada con la pérdida del cargo?"

Según la mayoría de senadores Senado, Rousseff es culpable de incumplir la ley de responsabilidad fiscal al haber modificado los presupuestos a través de decreto sin autorización legislativa. Asimismo, consideran que el Gobierno tomó créditos de la banca pública.

Durante todo el proceso, como se recuerda, Rousseff negó que esas acciones configuraran irregularidades o delitos, así como el que ella tuviera cualquier tipo de intencionalidad al firmar los decretos. Se trataba de prácticas, dijo, en las que incurrieron la gran mayoría de sus antecesores.

Sin embargo, en la segunda votación, se decidió no inhabilitar a Rousseff por un periodo de ocho años. Una votación que se realizó de forma separada, a pedido de los defensores de la exmandataria.

Solo 42 votaron a favor de impedir que la última representante del Partido de los Trabajadores en el poder ejerza cualquier cargo público, por lo que, al no obtener la mayoría, sus derechos políticos se mantendrán intactos.

Con ello, Rousseff podrá trabajar para el Estado e incluso volver a postular a la Presidencia de la República. Aunque esto es poco probable al interior de una organización en la que su antecesor, Luíz Inacio Lula da Silva, sigue siendo el líder y el favorito, según todas las encuestas, para regresar al Palacio de Planalto.

Así que, en vez de una "pena de muerte política", como ella misma lo llamó, Rousseff puede, en teoría, comenzar una campaña de nuevo, como opositora a los autores del "golpe de Estado" constitucional, según su definición del impeachment que sufrió.

Como se dijo antes, un rápido regreso a la presidencia en los comicios de 2018 está fuera del panorama, porque ganó dos elecciones consecutivas y la Constitución obliga a dejar pasar un mandato antes de realizar una nueva tentativa.

Sin embargo, no puede descartarse que busque un escaño en el Congreso. Una fuente cercana a Rousseff dijo a la AFP que la batalla del impeachment reavivó la combatividad de la exguerrillera. Ella misma recordó en su defensa que a lo largo de su vida logró sobreponerse a la cárcel y la tortura del régimen militar, así como a un cáncer.

"Esta historia no acaba así. Estoy segura de que la interrupción de este proceso por el golpe de estado no es definitiva. Volveremos, volveremos para continuar nuestra marcha hacia un Brasil en que el pueblo es soberano", proclamó tras la votación a favor del impeachment.

EL FUTURO DE BRASIL

Lo que le espera a Brasil, en primer lugar, es una inmensa crisis social. La economía, que ya venía en recesión hace por lo menos tres años, sufrirá los efectos durísimos del peor ajuste fiscal que el país carioca ha conocido.

El fantasma de la estanflación se vuelve realidad. Un gobierno sin legitimidad popular, aplicando un duro ajuste en una economía en recesión, va a producir la más grande crisis económica, social y política que el país brasileño ha conocido. El golpe no es el final de la crisis, sino su profundización.

Brasil se enfrenta no solo a la crisis económica y social, sino también a un movimiento popular revigorizado y al liderazgo de Lula. Brasil se vuelve, pues, un escenario de grandes disputas de masas y políticas.

REACCIONES INTERNACIONALES

Varios países de América Latina respondieron con acciones diplomáticas a la destitución de Dilma Rousseff. El Gobierno de Venezuela, por ejemplo, retiró "definitivamente a su Embajador de la República Federativa de Brasil" y congeló las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno "surgido de este golpe parlamentario", indicó un comunicado de la Cancillería de esta nación.

"Las oligarquías políticas y empresariales que, en alianza con factores imperiales, consumaron el Golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff", acusó el Gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela.

Por su parte, Rafael Correa, presidente de Ecuador, decidió retirar también a su máximo representante diplomático en Brasil. "Destituyeron a Dilma, esto es una apología al abuso y la traición. Retiraremos nuestro encargado de negocios de la embajada en Brasilia", escribió el mandatario ecuatoriano en Twitter.

"Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima al presidenta Dilma Rousseff�, agregó Correa.

De igual modo, el jefe de Estado boliviano, Evo Morales, anunció en su cuenta de Twitter que están convocando al embajador de Bolivia para que "tome las medidas necesarias sobre este asunto".

Cuba también se manifestó en contra del golpe de Estado en Brasil y la separación del Gobierno de Rousseff, "sin que se presentara ninguna evidencia de delitos de corrupción ni crímenes de responsabilidad, y con ella del Partido de los Trabajadores (PT) y otras fuerzas políticas de izquierda aliadas, constituye un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió".

Finalmente, el exmandatario uruguayo José Mujica, afirmó que lo que sucedió en Brasil fue "la consumación de un golpe de Estado anunciado desde hace rato". El actual senador de Uruguay, José Mujica, expresó que la mandataria de Brasil electa en los comicios de 2014, Dilma Rousseff, fue destituida porque no cedió a las presiones para cubrir a políticos acusados de corrupción.

“A esta mujer la están condenando por no haber entrado en la corrupción�, afirmó Mujica mientras participaba del lanzamiento de una jornada de intercambio entre varios sindicatos de Suramérica.