Los Andes

Este breve recuento muestra que tenemos muchas tareas en materia de democracia, reparaciones y justicia. Ojalá que el año 2017 podamos tener más buenas noticias en estos temas.

Inevitable una mención a la coyuntura política. Con la reunión Kuczynski – Fujimori, bajo la convocatoria del Arzobispo Cipriani (¿algún día aprenderemos a convivir como ciudadanos sin tutelas?), concluyó un año cargado de tensiones, algunas propias de la campaña electoral y otras como consecuencia directa de sus resultados. Solo diré aquí que bajar el nivel de crispación es positivo porque refuerza la idea de que la disputa política se mantenga dentro de cauces institucionales. Mi preocupación – a juzgar por lo visto recientemente y a la luz de la historia por todos conocida – consiste en el riesgo de empleo de instituciones democráticas para fines no democráticos. Juan Linz (La quiebra de las democracias, Alianza Editorial, 1987) nos enseñó que uno de los factores para la caída de una democracia es una oposición que asume una conducta desleal con el régimen. El uso perverso de las propias instituciones democráticas, vaciándolas de contenido, es una historia que ya hemos visto en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Tal vez no estemos aún en ese umbral crítico. Por el bien de la aún no consolidada democracia peruana, no deberíamos llegar a él.

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En los últimos meses del año, el gobierno ha adoptado algunas decisiones importantes en materia de transparencia y lucha anticorrupción: dentro del pedido de facultades legislativas se incluyó la creación de una autoridad autónoma para la transparencia (organismo que ya ha sido diseñado por un grupo de trabajo creado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos); se conformó la Comisión Presidencial de Integridad, la cual, luego de 45 días, presentó un informe con cien recomendaciones para combatir la corrupción en el país; se acaba de declarar en reorganización Perú Compras. Si bien estas iniciativas apuntan en la dirección correcta, se sabe que dentro del propio gobierno existen resistencias a implementarlas. Estas contradicciones suelen presentarse en el Estado. Se espera que las decisiones finales impulsen en forma decidida estos procesos. Le toca a la sociedad civil mantenerse alertas ante los titubeos del Poder Ejecutivo. Y también por las decisiones que vaya a adoptar el Congreso, por ejemplo en materia de regulación del financiamiento de las campañas electorales.

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Con el cambio de gobierno, la agenda de justicia transicional ha recibido un nuevo impulso por parte de la Ministra de Justicia y de la Viceministra de Derechos Humanos. El punto más importante es que el Estado ha hecho suyas las demandas de las víctimas: la implementación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas (el Ministerio está en el proceso de organizar y lanzar esta tarea); la “reapertura� del Registro Único de Víctimas que implica el reconocimiento de reparaciones económicas para víctimas inscritas después del año 2011; el reconocimiento del pago de indemnización por doble afectación. También ha ayudado el cambio en la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, que le está dando un dinamismo diferente a esta entidad. En conjunto, se observa voluntad política para atender temas pendientes y un cambio radical en el modo de relacionarse con las víctimas, donde prima el respeto y la escucha, y un esfuerzo por estar presentes en sus propios procesos.

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El año no culminó con buenas noticias para las víctimas de esterilizaciones forzadas. La Fiscal Marcelita Gutiérrez se pronunció el 7 de diciembre – un día antes de un feriado, igual que en julio – desestimando la incorporación de nuevos casos en la investigación en curso y negando acusación por autoría mediata contra los responsables políticos de esta nefasta política pública aplicada en los años noventa. Las instituciones que defienden a las mujeres continuarán interponiendo recursos para exigir justicia en estos casos, demandando que se evalúe con los criterios adecuados la enorme evidencia que existe sobre las prácticas que afectaron a miles de mujeres. Mientras tanto, luego de un compromiso asumido ante la CIDH, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizará un diálogo exploratorio sobre las demandas de reparaciones para estas víctimas. Desde allí se puede plantear un camino novedoso que corra en forma paralela al proceso judicial y que amplíe la respuesta del Estado, luego del reconocimiento del deber de atención expresado en un Decreto Supremo promulgado en las postrimerías del gobierno de Humala.