Juez que amplió prisión preventiva a 8 imputados es cuestionado



Escribe: Los Andes | Política - 17 mar 2017

También sostienen que el Ministerio Público tuvo suficiente tiempo para llevar a cabo las investigaciones.


La resolución emitida por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, Rubén Charaja Gonzales , que prolonga 18 meses más la prisión preventiva a los presuntos invasores de la comunidad Mi Perú, fue cuestionada por los abogados defensores de estos, en la audiencia de apelación desarrollada ayer en la Sala Penal de Apelaciones.

Edson Jáuregui Mercado, abogado defensor de los imputados Arthur Ortiz, Dina Vilca, Cesar Ccama y Hugo Calizaya, objetó dicho documento debido a que no estaría motivado o fundamentado.

Afirmó que el magistrado de primera instancia nunca se pronunció sobre las alegaciones que hizo la defensa respecto a la conducta dilatoria que tuvo el representante del Ministerio Público, en vista que en más de dos años no tiene el área usurpada.

También alegó que el fiscal a cargo de la investigación recién quiere acumular otro caso “150-2015”, donde aparece como agraviado el Instituto Superior Tecnológico José Antonio Encinas y que luego de más de dos años recién quiere recoger raíces de sembríos para determinar a quién pertenecía.

Además, argumentó que el juez de primera instancia tampoco motivó el peligro procesal de fuga y obstaculización a la que puedan acudir sus defendidos y el resto de los imputados, quienes son acusados de los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada.

Finalmente, dijo ante los magistrados superiores que el juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó 18 meses más de prisión preventiva sin haber expresado ninguna palabra, con lo que se quiebra la debida motivación de las resoluciones judiciales.

En tanto, el representante del Ministerio Público reconoció que había un vicio, y que bajo su criterio era subsanable y que la resolución sí cumplía con los estándares de motivación; sin embargo, la decisión la tomará la Sala Penal de Apelaciones.

36 meses permanecerán en la cárcel los ciudadanos acusados de invadir los terrenos de la comunidad Mi Perú, si no se revoca la decisión del juez de primera instancia.

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