Friday 29.03.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1963 días)
El consejero regional por la provincia de Puno, Walter Paz Quispe Santos, denunció que en el caso “Mi Perú”, el Gobierno Regional Puno actúa como una de las partes a través de la procuradora pública Marisol VIlca Chavez, y por otra parte actúa, como abogado de algunos imputados, el esposo de esta, Edson Jáuregui Mercado.
Según el fiscalizador, en este caso existiría un conflicto de intereses, toda vez que a su criterio, entre cónyuges no pueden ser partes, por ello pidió que uno de ellos se inhiba, para transparentar el proceso de investigación que se sigue contra los presuntos invasores a la comunidad Mi Perú.
Al respecto, Edson Jáuregui Mercado, abogado de algunos imputados, aclaró que el Gobierno Regional Puno, mediante la Procuraduría Pública, no participa en ese proceso, por lo tanto no existe ningún conflicto de intereses.
Explicó que los imputados son investigados por dos presuntos delitos: asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada. Respecto al primero, dijo que el Estado está representado por el procurador del Ministerio del Interior, y en el segundo, como el agraviado es una comunidad, ejerce su defensa un abogado privado.
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