Jacinto Ticona: “Los conflictos sociales no se deben confundir con violencia”



Escribe: Los Andes | Política - 13 ago 2017


LEOCADIO CHATA

¿Qué es un conflicto social?
En primer lugar, un conflicto social no se debe confundir con violencia. El conflicto es un proceso complejo, en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. El conflicto social es inherente a la condición de vida en sociedad y está presente en todos los niveles de la organización social.

La violencia, en tanto, es la expresión extrema del conflicto, siendo todo aquel acto con impacto social que atenta a la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, ofensas o el uso de la fuerza, siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por el propia colectivo.

¿Cómo se canaliza el conflicto para no llegar a la violencia?
Hay que mirar al conflicto como una oportunidad para entablar el diálogo; en ese medio se puede llegar a los acuerdos entre ambas posiciones e implementarlos progresivamente, según se va teniendo un avance en la solución.

Siempre existirán diversos intereses. Mediante el diálogo se pueden acordar mecanismos de solución, bajando las tensiones, sin llegar a un espacio de violencia que no se quiere, puesto que el diálogo encuentra entrampamientos y demora en su reinicio. Gestionar soluciones no es tan fácil, pero tampoco es imposible; se hace de acuerdo al tiempo y a la magnitud de la situación conflictiva generada.

¿Cuál es el nivel de intervención de la Defensoría del Pueblo?
Considerando que el conflicto es un proceso, la Defensoría del Pueblo puede efectuar supervisiones preventivas, colaborar en recabar información de la dependencia pública, hacer visitas de inspección, entrevistarse con los actores del conflicto, realizar talleres de trabajo, puede también remitir alertas tempranas. A nivel de intermediación Defensorial, podemos promover mesas de diálogo, interposición de buenos oficios, apoyo en acciones humanitarias; en tal sentido, podemos realizar coordinaciones con el Ministerio de Salud, EsSalud, Cruz Roja, Compañía de bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Ministerio Público, entre otros. Fundamentalmente para que los heridos sean atendidos adecuadamente y que los detenidos sean respetados en sus derechos.

¿Qué tipo de conflictos son los más recurrentes en la región Puno?
Del total que hay en la región, el 70% están inmiscuidos en problemas socio ambientales, relacionados directamente con los recursos: agua, tierra y vida. En la actualidad, la gente siente que se pone en riesgo sus derechos cuando ven a empresas mineras que ingresan a sus territorios.
¿La minería ocasiona entonces conflictos sociales?
Las actividades mineras pueden proporcionar beneficios económicos y sociales a las comunidades donde se desarrollan, a través de la creación de empleos locales e ingresos por recursos, pero también pueden generar cambios sociales que conlleven o agraven los conflictos sociales.
Entre las causas de conflictos sociales se cuentan la falta de consulta suficiente y de participación de la comunidad, la falta de información precisa sobre los efectos de las actividades mineras, expectativas divergentes de beneficios sociales y económicos, inquietudes sobre el medio ambiente, disputas sobre el uso de la tierra y compensación económica, minería artesanal e ilegal.
En la región, ¿qué zonas son las que registran conflictos socioambientales?
En estos últimos meses, las zonas que presentan mayor cantidad de conflictividad se encuentran en el norte de la región, en las provincias de Azángaro, San Román, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina, en su mayoría relacionados a contaminación ambiental por efectos de la explotación minera irresponsable.

¿Existe algún nivel de diálogo?
Existen mesas de trabajo, mesas técnicas de diálogo, que se encuentran en distintos procesos, con participación de los ministerios del Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros, el pueblo organizado y la intermediación de la Defensoría del Pueblo. Podemos citar, por ejemplo, el caso de la cuenca Ramis, que requiere mecanismos de colaboración, ya que en ese lugar se tiene previsto la construcción de una represa de agua; sin embargo, no prospera aún por el tema del saneamiento de terreno para su construcción.
¿Cuántos de los conflictos se están dando con violencia?
La mayoría de los conflictos en la región tienen violencia: toman carreteras, instituciones, etc., recurren a ello como mecanismo de presión, pues no quieren dilatar el tiempo, y es que lo pacífico no genera resultados. Entonces, toman estas decisiones que de alguna manera ponen en tapete el entablar el diálogo.
¿Y si no funciona el diálogo?
El diálogo es un proceso que, si no da resultados, puede tener la intervención del Ministerio del Interior, que está facultado constitucionalmente a mantener el orden público; es decir, cuando hay violencia a entidades públicas, lo que hace la policía es normalizar la situación; sin embargo, cuando existen excesos bajo los principios tolerados, ya pasa a la investigación del Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía.
¿Algún caso concreto que se haya resuelto?
Un caso puntual es el de los pobladores del distrito de Ocuviri (Lampa), quienes han obtenido un acuerdo con la firma del Convenio Marco en el año 2015, entre la población y la empresa Minera CIEMSA -Águilas-, luego de varias idas y venidas en el proceso de diálogo que se inició tras el asesinato de dos efectivos policiales.
Los pobladores y los representantes de la empresa minera acordaron estrechar las brechas y finalmente se quedó en que la minera aportaría de manera anual 600 mil nuevos soles. Participaron de la misión el Ministerio de Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Presidencia del Consejo de Ministros, las autoridades locales y otros actores.
¿Hay satisfacción plena de la población tras aquel acuerdo?
Cuando no hay satisfacción de una de las partes, en este caso de la población de Ocuviri, el conflicto tiende a reactivarse, y hasta donde hacemos seguimiento se puede decir que no pasa eso; asimismo, debemos precisar que todo depende del nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos.
¿Cuál es el desafío de la Defensoría del Pueblo en torno a los conflictos sociales?
Más que un desafío para la Defensoría del Pueblo, es un desafío para el Gobierno Regional de Puno, pues existe una ordenanza en donde se crea el área de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, con la finalidad de ayudar a solucionar y promover espacios de diálogo alturado, lo cual no tiene presencia, o sea, es nula.
La región Puno casi siempre está ocupando el tercer lugar en las estadísticas de conflictividad, pero a falta de apoyo del Gobierno Regional, se ha minimizado atender las protestas ante esa instancia, al extremo que ahora las poblaciones llegan hasta las puertas del Gobierno Regional, cuando debería ser lo contrario.


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