Los Andes

El reporte mensual de enero del 2018 sobre conflictos de la Defensoría del Pueblo muestra que hay 176 conflictos sociales. De los 122 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 65,6% (80 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 13,1% (16 casos). Al respecto, especialistas diagnostican una nueva etapa de conflictos, como ocurre con los casos de Melgar y Lampa en Puno e Islay en Arequipa, o el último derrame en Recuay, Ancash. Sin embargo, frente a ello el gobierno responde más que con una clara estrategia de gestión con la minimización de los conflictos, latentes y nuevos, y con una evidente criminalización de la protesta.

La prevención de conflictos desde el gobierno en los últimos veinticinco años tampoco funciona bien, cada período parece haber borrón y cuenta nueva de las políticas de los organismos del Estado para evitar los conflictos. Al respecto en el caso de los conflictos mineros se presentan situaciones similares en cuanto a los actores, los problemas de concesión, acceso y saneamiento de la propiedad, impactos sociales y pasivos ambientales, derrames y contaminación, falta de licencia social, de consulta previa y de participación ciudadana. Una pregunta es ¿Qué tan articuladas están las direcciones y unidades de conflictos de los Ministerios de Ambiente y su binomio SENACE, OEFA, el Ministerio de Energía y Minas, Transportes de Comunicaciones, Cultura, en la Unidad de Conflictos la Presidencia del Consejo de Ministros PCM, y a nivel territorial en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza ¿Quiénes están a cargo? En todos ellos no parece existir una continuidad en las políticas de prevención de conflictos.

Uno de los grandes problemas es que a nivel local tampoco funcionan la representación política, partidos, sindicatos, organizaciones, autoridades locales y la sociedad civil, se produce una desconexión de la representación y las organizaciones que antes cumplían la función de canalizar las demandas de liderazgo y fortalecimiento de las organizaciones sociales. Ahora se requiere un cambio de perspectiva en un escenario de crisis y de falta de confianza por los escándalos de corrupción generalizada. Mientras los partidos se fragmentan, las organizaciones locales se transforman, presentan dificultades para su continuidad y agendas de lucha. Sin embargo, en el Estado predomina la criminalización de la protesta en lugar promover el diálogo e institucionalizar la defensa de los derechos colectivos e individuales, de modo que se evite la militarización y los estados de emergencia que son ajenos a la democracia.

¿Qué lecciones podemos sacar de los conflictos pasados? El Sistema de Evaluación Ambiental en gobiernos anteriores y los conflictos emblemáticos nos muestran la necesidad de diseños y acciones renovadas en los conflictos. Los casos en donde se han agudizado han sido por la falta de licencia social, grandes impactos, incumplimiento de acuerdos en los que el gobierno invisibilizó derechos de comunidades y pueblos indígenas, en lugar de garantizar el ejercicio de ciudadanía en el país y el equilibrio en la relación empresa-sociedad para la minimización de impactos con altos costos sociales y ambientales.

Representantes del Perú este 5 de marzo expusieron en la Convención Anual de Explotadores Mineros de la PDAC Prospectors and Developpers Asociations in Canada, realizada en Toronto Canadá, con una delegación de más de 283 funcionarios y gerentes de las empresas mineras más importantes del país como Hudbay, Las Bambas y Southern, que incluía al vicepresidente Vizcarra. El evento convocó la asistencia de 3,800 inversionistas y 24,000 asistentes de 130 países.

Para hablar de la competitividad se anunció una cartera renovada de proyectos, el aumento de estimados de inversiones en aproximadamente un 10 y 15% de una cartera que actualmente está en unos US$ 50,000 millones. Entre ellos se presentó al recientemente adjudicado proyecto megaproyecto Michiquillay, con una inversión aproximada de US$ 2,500 millones, como una gran oportunidad de desarrollo para la región Cajamarca y una cartera de proyectos mineros en las distintas regiones del país.

En el evento se anunciaron medidas que permitirán dinamizar la actividad de exploración de minerales del Perú. Además de abordar los problemas relacionados con las licencias sociales y ambientales como desafíos. Sin embargo, dinamizar las inversiones sin haber solucionado los conflictos ya existentes en el actual escenario de descontento puede convertirse en una bomba de tiempo. Por ello, el gobierno debe tener unas reglas de juego claras, que garanticen la institucionalidad y el diálogo. En una democracia real, el Estado no se convierte en representante de los empresarios para invisibilizar a los demás actores y sus conflictos, sino más bien busca solucionar los problemas representando los distintos intereses de todos los sectores del país.