Toman acciones legales ante destrucción de plataforma deportiva en Puno


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Escribe: Los Andes | Regional - 14 Mar 2016


El pasado 10 de marzo se produjo la destrucción de la plataforma deportiva del barrio Alto Laykakota, gracias a una orden Judicial, ante lo cual la Municipalidad Provincial de Puno presentó una denuncia penal contra los responsables, por el delito de usurpación agravada.

El Procurador Público Municipal, Carlos Alberto Ticona, señaló que el municipio ha estado en posesión del área recreativa, por lo que iniciarán acciones legales, como una demanda penal por el delito de usurpación, para recuperar la posesión, además de declarar el tema de interés público.

“Lo malo es que los demandados no apelaron en última instancia en recurso de casación a la Corte Suprema, no sabemos por qué razones, lo dice el documento del Poder Judicial, de esta diligencia el municipio no tenía conocimiento y no fue notificada”, sostuvo el procurador Público Municipal.

Señaló que el proceso judicial data del 2004, donde los supuestos propietarios denunciaron a la Dirección Regional de Educación, Procuraduría Pública del Ministerio de Educación, y la Superintendencia de Bienes Nacionales, donde el municipio de Puno no fue parte del proceso y no lo perdió.

Mencionó que en el 2006 los demandantes inscribieron el predio ante Registros Públicos, e iniciaron un proceso de ejecución de sentencia, que se concluyó en el presente año y que originó la destrucción de la plataforma deportiva que, según el municipio, es un área recreativa.

Cabe señalar que la denuncia penal fue presentada el 11 de marzo ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, en la que se establece que se habría cometido el delito Contra el Patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada, en contra de Hugo Alata, George Lezano, entre otros.

ACCIONES EN EL PJ

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Hernán Layme Yépez, dijo que se inició una investigación por parte de la Oficina Desconcentrada de Control, que verá si se da una investigación disciplinaria para determinar si hubo alguna irregularidad u omisiones en la orden de desalojo.

“Si es que hubiera una irregularidad, lo que se tiene que hacer es aperturar una investigación para determinar responsabilidad; los jueces están sujetos a control disciplinario, las sanciones van desde amonestación, multa, suspensión y hasta la destitución”, indicó el presidente de la corte.

Asimismo, afirmó que según las normas se tiene un plazo de 30 días, en las que se llevaría adelante la investigación de la Oficina Desconcentrada de Control a la jueza Martha Irene, para determinar si hubo irregularidades en el dictamen judicial que ordenó el desalojo realizado la semana pasada.

Finalmente, el mismo alcalde de Puno, Iván Flores, sostuvo que tomarán las acciones legales para hacer respetar la propiedad pública; a su vez, la Procuraduría sostuvo que el desalojo habría sido irregular porque no se notificó de esta medida al municipio, que está en posesión de la cancha.


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