Los Andes

Según el informe de la Contraloría General de la República, durante el primer semestre del 2016, en el departamento de Puno, se habían iniciado cuatro procesos penales en contra de los funcionarios públicos; sin embargo, a nivel nacional estos alcanzaron a noventa y seis que corresponden a las acciones penales y ochenta y dos a demandas civiles.

Según el informe que recién se emitió sobre las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, los procesos judiciales por niveles de gobierno grafican que las municipalidades distritales y provinciales tienen más casos: cincuenta y uno en lo civil, cincuenta y tres en lo penal.

En segundo orden se encuentran los gobiernos regionales, con quince demandas y veintiséis denuncias; y, finalmente, el nivel del gobierno central cierra esta brecha con dieciséis demandas y diecisiete denuncias, las mismas que se ventilan en los juzgados y Ministerio Público.

Con relación a los funcionarios involucrados en los procesos judiciales están los gerentes, directores, administradores, asesores, procuradores públicos y adjuntos, presidentes y miembros de comités, jefes y subgerentes, gobernadores regionales y alcaldes, de los tres niveles de gobierno.