Los Andes

Ante el colapso del servicio de agua, alcantarillado y electricidad, registrado en algunos puntos del país a causa de los embates climáticos, la Defensoría del Pueblo ha demandado, a Sunass y Osinergmin, supervisar a las empresas de saneamiento y electricidad para que implementen planes de emergencia con el fin de garantizar los servicios.

Al respecto, estos planes deben ser implementados por las 50 empresas a cargo de la prestación de los servicios de agua y alcantarillado a nivel nacional; y también por el sector eléctrico, en el cual operan un total de 13 empresas distribuidoras de electricidad, 15 transmisoras y 52 generadoras, las cuales en conjunto forman parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Para lograr este objetivo cada empresa debe contar con un comité de emergencia capaz de evaluar la vulnerabilidad física y operativa de los sistemas a su cargo para una respuesta rápida.

Asimismo, deben establecer coordinaciones con los gobiernos locales y regionales para la implementación del plan, poseer un inventario de su equipamiento y otros insumos destinados para atender las emergencias, e inclusive debe evaluarse destinar un fondo de contingencia para estas situaciones.

La Defensoría del Pueblo remarcó que los planes de las empresas de servicios públicos deben ser viables en su ejecución y adaptables a cada una de ellas, según sus características, los recursos logísticos y la experiencia de su personal para operar los sistemas.

En tal sentido, es necesario que, tanto Sunass como Osinergmin, informen si efectivamente estas empresas cuentan con planes aprobados y si desarrollan acciones para su implementación en coordinación con Defensa Civil a nivel regional, provincial y distrital.