Los Andes

“Nos empeñaremos en prevenir y solucionar los conflictos sociales. Nuestro gobierno garantizará las inversiones y la explotación de recursos naturales, garantizando a la vez el respeto a los derechos y libertades de los pueblos indígenas y de la poblaciones locales, junto con los estándares de medio ambiente que no solo demandan la ley nacional y los convenios internacionales sino, sobre todo, las generaciones futuras� (Ollanta Humala el 05-05-11)

Ante la oleada esquizoide de otorgar licencias de explotación minera, con la finalidad de obtener mayores índices de crecimiento económico, el presente régimen, desde su instauración a la fecha, nunca se puso al lado de la población que con ansias de cambio le otorgó un voto de confianza (el sur patrio lo catapultó como presidente y el pueblo hoy reconoce que se equivocó); es más, en la propia población de Cocachacra, lugar donde hoy existe una paralización contra la minera a tajo abierto, el hoy mandatario nacional, a voz en cuello vociferó que defenderá el interés de la población ante una minería que atenta contra el medio ambiente. Pero, paradójicamente, hoy hace oídos sordos y desconoce sus ofertas electorales, a tal punto de sitiar la zona con elementos policiales y sembrar el caos y terror entre los movilizados, con personas infiltradas, para cometer latrocinios y posteriormente acusar a los movilizados como antipatriotas o terroristas.

Ostentando movimientos graciosos y manipulando al electorado nacional, en su esencia el ahora mandatario nacional hizo frente al “Perro del Hortelano�, propugnado por el ex presidente Alan García, en cualquier manifestación pública siempre trató de contrariar la inversión privada y si luchar por la autodeterminación de los pueblos con respecto a la industria extractiva, hecho que cuando asume el mando se olvida y retoma los fundamentos básicos del “Perro del Hortelano�, con lo que valida la masacre del Baguazo y sus 34 muertos y un desaparecido, revive la inversión de la minería a tajo abierto y todo parece indicar que fue más estricto en seguir los lineamientos del “Perro del Hortelano� al emitir decretos supremos que militarizan las protestas y facultan el uso de armas de fuego, contra los movilizados, con lo que hasta la fecha superan las 50 personas fallecidas a manos de los efectivos del orden.

Según la sentencia del EXP. N.° 03343-2007-PA/TC, en los fundamentos 8, 10 y 11, se alude a que “…tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona…�. Entendiendo que el sustento equilibrado del medio ambiente es superior a los intereses económicos, y que es parte de la subsistencia de la vida en su entorno, y en el caso de Arequipa la zona en cuestión es considerada como un valle ecológico y zona idónea para la agroindustria.

Pero lejos de enunciados y postulados pro inversión y anti inversión, lo que el Ejecutivo nacional debería evaluar es la calidad de vida de los habitantes de este valle, donde la producción de alimentos de pan llevar, como papa y verduras, abastecen a los principales mercados del sur patrio, es decir, donde los pobladores de Puno en las estaciones de sembrío y cosecha se trasladan a ofrecer su mano de obra no calificada para los productores de ese valle, en proceso de conflicto por más de un mes, y que ya cuenta con más de dos docenas de heridos, entre agentes policiales y pobladores, además de dos muertes que pertenecen a los movilizados.

Si bien es cierto que en este aspecto la zona en cuestión no es considerada como una zona nativa u originaria, es cierto que las diferentes etapas del proceso de inversión minera no se lograron efectivizar por algunas mañas y estrategias que partieron por la empresa minera, luego el Estado nacional se comprometió con evaluar el Impacto Medioambiental que para los técnicos y propios pobladores no es más que un remedo del primer informe, a ciencia cierta no conocemos cuáles son los aspectos que fueron subsanados por la empresa minera; se dice de que el agua que utilizará para la explotación a tajo abierto es agua marina, el mismo que significará un gran costo para su operación, si en un primer momento un funcionario de la empresa minera salió a vociferar a los cuatro vientos de que la inversión no seguiría su cauce y se retirarían, inmediatamente salieron otras voces negando siquiera tal posibilidad, por lo que el ejecutivo nacional incluido algunos congresistas lanzaron su voz de protesta al cielo, “rogando� a los mineros a continuar con sus operaciones, tal como estaban planificando. Entonces, cuál sería el grado de evaluación y credibilidad del Estudio de Impacto ambiental presentado por los empresarios mineros. La respuesta es que no habría una verdadera fiscalización medioambiental.

La presidenta regional de Arequipa está atada de pies y manos, porque no puede arriesgar su gobierno con protestas y que el ejecutivo congele sus cuentas; además, claro, está que por mandato imperativo del Premier, la solución está en que las autoridades locales de Arequipa sean los principales promotores del desistimiento de las movilizaciones, mientras una docena de dirigentes de los movilizados tienen una espada de Damocles en la espalda, porque solo falta un dictamen del Poder Judicial para que los manden directamente a los calabozos y con esta resolución hacer escarnio para futuras voces discordantes con la inversión minera, abriendo así el veredicto positivo para la inversión a tajo abierto del proyecto minero Tía María, en el Valle del Tambo.

Entonces, la criminalización de las protestas sociales es un ardid utilizado en todo el Gobierno del presidente Humala. Si existen voces en desacuerdo con los inversionistas mineros, entonces son sindicados como vándalos antipatriotas; pero si las empresas transnacionales atentan contra los intereses patrios, entonces el ejecutivo nacional ni sus organismos desconcentrados dicen nada, porque sencillamente argumentan que las inversiones de este tipo son las que orientan de una manera adecuada la economía nacional; en caso contrario, los programas sociales cerrarían sus puertas y miles de personas de la tercera edad no recibirían doscientos soles mensuales. Entonces nos estamos sometiendo a dimes y diretes, donde siempre sale airoso el más poderoso. Mientras tanto, en el valle del Tambo, reina el desorden y caos; parece una zona militarizada y sin autoridad que valga más que la presencia policial.

Existen voces que ya llegan a pueblos alejados como Puno, de la forma como los agricultores del Valle de El Tambo están siendo asediados por el ejecutivo. Si la colosal ciudad de Arequipa, en sus diferentes redes organizativos sociales unifican criterios de lucha en favor de sus congéneres del Tambo, entonces el Gobierno, con política económica neoliberal, se verá en serios apuros, porque ya otrora esta población con cacerolazos y barricadas hizo frente a una afrenta contra sus intereses, logrando retroceder al ejecutivo en sus aspiraciones; ya es conocida la forma de enfrentar por parte de Humala las protestas sociales, que es así; existe la protesta social, el Gobierno no busca el diálogo, y utilizando todos los medios de comunicación e interlocutores manidos, descalifica los intereses de los protestantes, enarbolando la inversión privada, luego procede a utilizar la fuerza coercitiva del Estado, sistema judicial y policía nacional, luego los libera como una forma de escarnio y finalmente los empapela.

Pero no solamente el Ejecutivo nacional está haciendo un pésimo trabajo de gobernar, existe una lentitud en el accionar del sistema judicial (Ministerio Público y Poder Judicial), teniendo en cuenta que este poder del Estado tutela los derechos fundamentales, sanciona la comisión de delitos, realiza un control del actuado de los entes administrativos locales, realiza un control de constitucionalidad y legalidad del ejercicio de la potestad reglamentaria y realiza un control difuso de constitucionalidad de las leyes y normas con rango de ley, atendiendo siempre el imperio de la dignidad humana y de convivencia pacífica, en armonía con su medio ambiente, conforme a los paradigmas internacionales de que nuestra patria es dignatario.

Se hace imprescindible un referéndum sobre los postulados económicos de la Constitución Política de nuestra patria, porque lejos de lograr consenso entre los ciudadanos de esta patria amada, al parecer los desune; mientras que la gran empresa obtiene contratos con rango de ley, los pobladores nacionales son objeto de persecución hitleriana por la Sunat, el problema que atraviesa la patria en este capítulo y es menester propugnar un cambio o reforma, porque más adelante habrá mayores protestas, recordemos que Puno es una cuadrícula concesionada a la industria extractiva y los ciudadanos, en el futuro, también serán objeto de arremetidas por parte del Ejecutivo.