La maldición de los recursos naturales mineros


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Escribe: Alberto Quintanilla Chacón | Sociedad - 24 May 2015


Joseph F. Stiglitz, economista, ganador del premio Nobel de Economía 2001, escribió en el 2007, conjuntamente con Jeffrey Sachs y Macartan Humprhreys, el libro “Escapando de la maldición de los recursos naturales”, donde sostiene que la mayoría de países que han tenido importantes riquezas en recursos naturales, principalmente petróleo y minerales, no han logrado el desarrollo económico, sino que han terminando como países pobres, con grandes desigualdades, económico sociales y con inmensos daños en el medio ambiente de sus territorios.

Diez años antes, los economistas Jeffrey Sachs y Andrew Wagner, hicieron una investigación sobre los factores que influían en que unos países crecieran económicamente más que otros, llegando a la conclusión, entre otras, que los países que poseían grandes recursos naturales, en particular petróleo y minerales, no siempre lograban crecer o desarrollarse económicamente, lo que llamaron como la “maldición de los recursos naturales”.

Entre los países que sufren esta “maldición de los recursos naturales”, señalan al Perú, Nigeria, Angola, Chad, Sierra Leona, Bolivia, Ecuador, entre muchos, señalando dentro las razones de esta lamentable realidad, el hecho de tener legislaciones, que no defienden los intereses nacionales, mucho menos de sus pueblos, sus leyes, normas y reglamentos, se han diseñado en favor de, los llamados “inversionistas”.

En caso del Perú, nuestra legislación constitucional, señala que los recursos naturales, ubicados en el subsuelo no son propiedad del dueño de los terrenos, sino pertenecen a las nación, es decir a todos los peruanos, es el estado quien los entrega en concesión, a quienes lo soliciten, bajo la figura de denuncios mineros.

A pesar de que todos los peruanos somos propietarios de los recursos naturales, el estado no reclama ni percibe una retribución por el uso de ellos, sino que en la práctica los entrega en propiedad a los denunciantes, de los recursos naturales, bajo la figura de titulares de denuncios.

Joseph F. Stiglitz y los otros economistas citados, señalan que el resultado de la explotación de los recursos naturales, en el caso de los petroleros y minerales, en lugar de crecimiento y desarrollo económicos y sociales, se genera pobreza, además de legislaciones que lo permiten, la falta de institucionalidad de los estados y la corrupción de los gobernantes.

Es cierto que la legislación, se va haciendo más rigurosa, en defensa del medio ambiente, pero la débil institucionalidad estatal y la corrupción, hace que se la burle y no se respeten las normas que buscan proteger al medio ambiente y los intereses nacionales, a las empresas les resulta más beneficioso pagar algunos millones que invertir en cumplir las leyes que protegen el medio ambiente, o con las coimas, ganan al dejar de pagar las contribuciones en favor del estado.

Las explotaciones mineras y petroleras, son altamente contaminantes del medio ambiente, partiendo del entorno próximo, causando daños en los terrenos agrícolas, dañando las fuentes de agua, cortando los acuíferos, de la napa freática, además de ser la minería una actividad que utiliza gran cantidad de agua dulce, quitándosela la mayoría de veces a la agricultura, ganadería, actividades pesqueras, y al mismo consumo humano.

La minería así como la explotación de los hidrocarburos, son actividades temporales, que duran entre 20 y 30 años, mientras que la ganadería y la agricultura, son permanentes, son renovables, por ello debemos actuar con responsabilidad protegiendo a estas frente a las primeras.

Ante esta realidad, Joseph F. Stiglitz Hace el planteamiento, que lo mejor sería la postergación de la explotación de los recursos naturales, en particular los petroleros y mineros, hasta, superar las deficiencias en la normatividad legal, tener un estado institucionalizado capaz de controlar y proteger el medio ambiente y sus ciudadanos, así mismo la corrupción e incapacidad de sus gobernantes, se haya combatido o superado, por lo menos en parte.

Asimismo esta postergación en la explotación de los recursos naturales, nos daría la oportunidad de que se desarrollen nuevas tecnologías, menos contaminantes o dañinas del medio ambiente, como podría ser, la no utilización de mercurio o cianuro en la explotación del oro, la utilización de agua desalinizada del mar en lugar agua dulce de ríos, lagunas o lagos.

El estado es el encargado de regular las relaciones sociales, económicas, mineras al interior de la sociedad, dando las leyes, normas, que establecen las obligaciones, de respeto al medio ambiente, para dejarlo como encontraron, antes de iniciar la explotación de los recursos naturales.

Los convenios internacionales, como el Convenio 169, de las Naciones Unidas, sobre la consulta previa a Comunidades Indígenas, en cuyos territorios se hallan ubicados yacimientos mineros o petroleros a explotar, establece la obligación a los titulares de denuncios, que lleguen a acuerdos con la población indígena, para hacer actividades mineras.

La obligación de obtener la licencia o autorización social corresponde a las empresas mineras, mientras que al estado le corresponde ser imparcial, promover y resguardar las negociaciones entre las partes, poblaciones y empresas.

El estado no debe, convertirse en abogado de parte, o representar a las empresas mineras, por el contrario debería proteger a la parte más débil de la negociación, que este caso es la población, bajo el principio tutor o tuitivo del estado.

En el caso del conflicto de Tía María, la mejor solución al actual entrampamiento, es la postergación hasta que un próximo gobierno, que debe asumir el poder en julio del 2016, sea él el encargado de las negociaciones y la búsqueda de soluciones, el actual gobierno de Ollanta Humala Tasso, ya no tiene la autoridad moral para hacerlo, a asumido la representación de una de las partes, en este caso de la empresa minera Southern.

(*) Docente de la Facultad de Ingeniería Económica UNA.

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