Los Andes

Luego de tres largos años, Azucena Asunción Algedones logró una sentencia histórica para el país, pero que no ha tenido la difusión suficiente en los medios: que los altos directivos de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo (SEDAM), paguen por cometer el delito de racismo en su contra.

Cuando el Gerente General y el Jefe de Recursos Humanos de SEDAM, Luis Pérez Peralta y Augusto Santisteban, respectivamente, oyeron la denuncia de Azucena Asunción Algedones, reaccionaron indiferentemente, incluso tildándola de acomplejada y resentida. O sea, que se cruzaron de brazos y le dijeron que se fuera.

¿Qué denunciaba Asunción Algedones? Que Judhy Pérez (la relacionista pública de SEDAM) la llamó “negra cocodrilo�, para humillarla. Y que no le pidió disculpas, aun después de que se las exigió, sino que tuvo el cinismo y la prepotencia de replicarle, sarcásticamente: “En realidad es un insulto para el cocodrilo�.

Todo eso ocurrió hace tres años, exactamente el 20 de marzo del 2012. Y ahora, luego de tres largos años, la agraviada al fin pudo ser resarcida (si no totalmente, al menos de manera parcial) con el fallo a favor que recibió del Segundo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Junín, que le dio la razón y dictó sentencia por el delito de discriminación racial.

Así, Pérez Peralta y Santisteban fueron sentenciados a tres años de prisión suspendida y a pagar una reparación civil de 5 mil soles. En tanto, la falta de pruebas sería lo que permitió que Judhy Pérez no haya sido condenada y pueda seguir en libertad.

Aunque la sentencia se ha dado en primera instancia, para Azucena este primer fallo le da confianza en la justicia: “La justicia existe. Siempre hay que perseverar. Muchas veces lo puedes considerar perdido, pero es necesaria la perseverancia�, revela optimista, ante lo que pueda suceder después.

De la misma manera, exhorta a todas las víctimas de discriminación a tener una cultura de denuncia; les pide que no callen los insultos y humillaciones que sufren en sus trabajos o en otros espacios donde laboren. ¡No más!, es su pedido potente y sincero.

“Esto es un precedente y me gustaría mucho que se revise la ley. La gente no pone la denuncia penal porque no es factible. Por ejemplo, a mí me han dicho cosas irreproducibles, pero no puedes andar las 24 horas con una grabadora para estar grabando, mucho menos en tu centro de trabajo donde tienes tantas cosas que hacer�, refiere.

Y es que, sumada a la dificultad de presentar pruebas, Azucena reconoce que existe un desconocimiento en torno a la problemática del delito de discriminación, no solo por parte de la población, sino también de los propios abogados, pese a estar tipificado en el Código Penal (artículo 323).

En este escenario, admite que en su caso se suman además los nexos entre sus victimarios y el poder en Huancayo: “Cuando hablaba con abogados tampoco es que conocieran mucho del tema. Me decían que haga una denuncia por injuria o simplemente me decían que no podía agarrar el caso porque la señorita, que es la primera que me insulta, es muy allegada a una autoridad de Huancayo, que en ese momento era presidente de la Junta de Empresarios de Huancayo�.

Y agrega: “Entonces ella (Judhy Pérez, la que la insultó) estaba muy protegida. Muchas veces los empresarios están en el ámbito político y esas personas con poder protegen�.

Felizmente, ella se encontró con el abogado Iván Cárdenas. “Busqué abogado y no había, hasta que encontré este abogado que conocía el tema; se identificó mucho, no solo como profesional, sino como ser humano�, menciona.

De esta manera comenzó el trabajo más difícil de su vida hasta el momento: la recolección de pruebas. En ese sentido, la asesoría del Ministerio de Cultura, a través de la entonces directora de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial, Gabriela Perona, fue fundamental.

“Comenzamos a armar las pruebas, entre ellas la grabación que tenía. Me comunico con la señorita Gabriela Perona y le digo que en el sistema había salido la foto de un mono y me dijo que le tome foto, que es evidencia. También la declaración del vigilante, que corrobora las órdenes de que no se me dejara entrar que fueron dadas por el gerente general de SEDAM Huancayo, y por el jefe del área de recursos humanos, en este caso es el exgerente Luis Pérez Peralta y el exjefe de Recursos Humanos de SEDAM Huancayo, el señor Augusto Santisteban García�.

Y es que, en efecto, eso pasó. Tras denunciar el hecho, Azucena empezó a sufrir represalias por parte de SEDAM, en las que los referidos funcionarios estaban involucrados. Al principio, como ella misma dijo, la enviaron a una oficina lejos de Huancayo, a pesar que ella tiene una discapacidad en una pierna.

Luego, sucesivamente, eliminaron su registro de asistencia en el sistema, apareció la fotografía de un mono cuando se ponía su nombre, desapareció su tarjeta de autorización de salidas, le impidieron ingresar a la sede principal de la empresa y hasta fue despedida en base a una vil maniobra. Todo ello, sin embargo, le sirvió como pruebas en el juzgado.

Azucena Asunción Algendones, empero, siempre se mantuvo firme. Y, también con el respaldo de la ONG Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Huancayo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Alerta contra el Racismo del Ministerio de Cultura, continuó con su lucha.

Algo que tuvo sus resultados el viernes 13 de noviembre pasado, cuando se dictó la primera sentencia penal por discriminación racial en el Perú, en contra de Pérez Peralta y Santisteban.

Un hecho que es singular, especialmente porque, hasta ahora, las únicas sentencias penales por discriminación habían sido por casos de discapacidad. Por racismo, cabe mencionar, solamente había sanciones administrativas, que implicaban sanciones a empresas, como a los cines UVK o a las discotecas Gótica y Aura, pero no a personas.

“Sé que el trecho es espinoso, pero el lograr justicia es muy reconfortante ahora que lo estoy viviendo. Todo el maltrato que se sufre nadie lo borra; todo el maltrato emocional y psicológico y físico no lo van a borrar, pero sí se van a sentir reconfortados. Y poco a poco contribuyamos con nuestras denuncias con un granito de arena para que cada día vivamos en una sociedad donde exista menos discriminación racial�, dice Azucena.

Para ella, dejar el racismo, el cambio en las personas, se debe dar desde la formación de los niños: “Debería haber un curso desde inicial sobre la igualdad. Si queremos trabajar la inclusión deberíamos empezar con esos niños para que cuando escuchen ‘serrano’ o ‘negro de m…’, el niño diga ‘papá, por favor, todos somos iguales’�.

“Debemos formar nuevas generaciones con mentalidad diferente. Si yo estoy en contra y me choca emocionalmente, ¿te has puesto a pensar en cómo será para un niño un insulto, un maltrato, una discriminación? A un niño que no tiene la madurez emocional… Tenemos mucho que hacer como seres humanos, como Estado�, afirma.

Finalmente, agrega: “Mi consejo es que terminen estas expresiones (de racismo) que muchas veces las tomamos como broma, estos insultos ordinarios. Hay personas a las que estos insultos las lastiman, pero que, por la vergüenza, lo hacen chacota (se burlan); sin embargo, fueron lastimados y discriminados. Ese es el consejo que les doy a todos, que las personas no valen por el color de la piel o por la raza que llevan; valen por ser seres humanos�.

No obstante todo esto, pese a que el paso que se ha dado en la lucha contra el racismo nos causa mucho aliento, tanto a Azucena como a nosotros (como a todos), esperemos que más víctimas se animen a seguir el camino que la señora Algendones nos ha mostrado y que más peruanos lo piensen dos veces antes de lanzar una agresión racista.

Ocurre que, aunque queda un largo camino que recorrer en la lucha contra el racismo y la discriminación, esta primera sentencia –que se espera que se ratifique en segunda instancia– abre una luz de esperanza en torno a la justicia y a las sentencias condenatorias contra las personas o instituciones que incurran en este delito.