Los Andes

Los pobladores que se asentaron en las más de 5 urbanizaciones en Chilla lo hicieron ilegalmente, hace ya bastante tiempo; y ahora, al ver que legalmente no procede la habilitación urbana para que obtengan los beneficios de agua potable, desagüe, alcantarillado, asfaltado de vías, etc., aprovecharon la existencia del botadero de basura para bloquear el acceso de las compactadoras con basura a dicho lugar y así desatar la crisis, todo para pedir lo que les conviene: la habilitación urbana y el cierre del botadero. Este es el meollo del asunto.

Desde que inició la nueva gestión de Oswaldo Marín en la alcaldía provincial de San Román, en enero de 2015, se desató una crisis por el recojo de la basura, debido a que en reiteradas oportunidades los pobladores de Chilla impidieron el ingreso de los vehículos compactadores hacia el botadero de basura ubicado en dicha zona.

Algo que está bien, pues los argumentos que manifiestan los pobladores de casi 8 urbanizaciones que se asentaron en Chilla en los últimos 10 años son valederos: la presencia de la basura, sin el tratamiento adecuado, viene generando focos infecciosos, contaminando las aguas subterráneas y siendo un inminente peligro para la salud. Por ello, piden su cierre definitivo.

No obstante, a pesar de estos argumentos humanamente comprensibles, existen normativas legales que toma como argumento la Municipalidad Provincial de San Román para no cerrar el botadero y buscar utilizarlo 2 años más para depositar la basura, tal como lo ampara un informe técnico emitido por el Ministerio del Ambiente, además de que -según el plan director- la zona es área forestal.

ZONA FORESTAL

Según explicó la gerente municipal de la comuna sanromina, Enith Montreuil, el botadero de Chilla se instaló en una zona declarada “forestal�, tal como consta en el plan director elaborado en el año 2010 y vigente a la fecha, pues en el lugar también existe una laguna de oxidación.

Según el arquitecto Américo Tito Aliaga, responsable de la Oficina de Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad Provincial de San Román, el plan director señala que la zona de Chilla es un terreno plano sin pendiente para la circulación del agua, por lo que el área es inundable y no apta para la edificación de viviendas.

CONSTRUCCIÓN ILEGAL

Pese a los antecedentes y normativas legales sobre los terrenos de Chilla, un grupo de pobladores lotizaron inescrupulosamente varias hectáreas y las vendieron a incautos ciudadanos, quienes desde el año 2008 comenzaron a construir sus viviendas, sin conocer la situación legal ni sanitaria de la zona.

En Chilla solo hay una escuela, no hay terrenos para áreas verdes, ni para hospitales, ni comisarías ni para mercados, todo se lotizó y se vendió. Ahora, con el pasar de los años, la zona se ha poblado y la presencia del botadero de basura se ha convertido en un problema, aparte de la falta de servicios básicos.

LA CRISIS

Entonces, los pobladores se reunieron y, en reiteradas oportunidades, mediante sus dirigentes, solicitaron a la municipalidad sanromina la habilitación urbana, para así poder vender sus predios e incluso tramitar la instalación de agua, desagüe y solicitar el asfaltado de vías. Este pedido fue denegado, pues de acuerdo a ley, es imposible.

Sin embargo, estratégicamente, los dirigentes confabularon para generar la crisis en toda la ciudad al bloquear el acceso de los vehículos recolectores de residuos sólidos hacia el botadero de basura, elaborando una plataforma de lucha en la que se pidió la instalación de piletas públicas, el cierre del botadero y el cambio de zona forestal a urbana.

DI�LOGO

La comuna calcetera, ante el caos generado, aceptó en cierta manera los pedidos de los pobladores, pero a cambio solicitó que se permitiera el funcionamiento del botadero por 6 meses más, hasta que se busque un nuevo lugar para depositar la basura. Los dirigentes se opusieron.

Los pobladores quieren que se cumpla sus pedidos, pero se aferran a no ceder ante el pedido de la autoridad municipal y así, constantemente, los diálogos se frustraron y la comuna edil perdió el principio de autoridad. El viernes 12 de febrero quiso recuperarlo e ingresó por la fuerza al botadero, junto a la PNP, pero días después el ingreso volvió a ser bloqueado.

LA SOLUCIÓN

Según la gerente municipal, Enith Montreuil, la solución está en declarar a la ciudad de Juliaca en emergencia sanitaria, por lo que la comuna hará este pedido a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA), para así poder prescindir de trámites burocráticos, construir un relleno sanitario y poder dar paso al cierre definitivo del botadero.

Según la Ley General de Residuos Sólidos Nro. 27314 y su reglamento, no se pueden aperturar nuevos botaderos de basura en ninguna ciudad del país, más si avala el funcionamiento temporal de un botadero de basura hasta que se construya un relleno sanitario, siempre que se cumpla con las normas ambientales.

Por ello, es absurda la petición de los dirigentes de querer el cierre del botadero de manera inmediata, pues para ello se requiere de un tiempo prudente (5 a 8 meses) para elaborar el proyecto de cierre y la gestión del presupuesto para la construcción del relleno sanitario en un lugar que cumpla los requisitos del plan director y del plan de residuos sólidos de Juliaca (PIGARS).

En este escenario, es preciso indicar que 50 hectáreas de terreno ya fueron adquiridos por la Municipalidad Provincial de San Román, en Yocará, para la construcción del relleno sanitario que debe construirse en 6 meses.