Los Andes

Mercosur ya ha demostrado voluntad para cuestionar el récord democrático de Venezuela, privándola eficazmente de contar con todos los beneficios de la membresía. Mercosur tiene una cláusula democrática con el propósito de proteger los derechos humanos, que aún se podría aplicar.

La semana pasada tuve la buena fortuna de testificar en una audiencia sobre Venezuela en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, por invitación del senador republicano Bob Corker. Fue una reunión extraordinaria en un momento extraordinario en Washington.

Aunque al inicio de la audiencia los senadores sugerían imponer más sanciones a los líderes venezolanos, ya al final de la sesión el debate se centraba en la necesidad de una diplomacia multilateral enérgica. El senador Marco Rubio, uno de los encargados de legislar las sanciones existentes, sugirió que lo más importante que el gobierno de Trump podía hacer era apoyar la solicitud del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, para activar a la Carta Democrática Interamericana.

Es un avance constructivo. Existe un mar de diferencia entre sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos y la aplicación de la carta democrática por parte de los miembros de la OEA. La Carta Democrática de la OEA tiene legitimidad de origen: fue escrita y firmada por los miembros, incluyendo a Venezuela. Además, tiene legitimidad de uso, puesto que se aplicó a raíz del golpe de estado contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela en 2002, así como durante el golpe contra el gobierno de José Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Por último, tiene legitimidad de consenso. El debate y la negociación requeridos para apegarse a ella reducen necesariamente las contingencias y los chovinismos del conflicto bilateral.

Invocar la carta no equivale sencillamente a un voto para suspender a un país de la OEA, aislándolo en consecuencia, como comúnmente se piensa. En realidad, la carta establece un plan para que un país haga un compromiso. Este compromiso puede conducir a misiones de investigación, “buenos oficios� para facilitar el diálogo y la negociación, así como iniciativas diplomáticas. Solo se suspende a un país de la OEA si dos terceras partes de la Asamblea General encuentran que la situación no tiene solución.

Dada la actual situación hemisférica, este es el momento más propicio para que el gobierno de Estados Unidos busque la diplomacia multilateral en el caso de Venezuela. El importante deterioro de la democracia venezolana en el transcurso del año pasado, rematado con la suspensión insensata del referendo presidencial en octubre y el fracaso del diálogo en diciembre, deberían hacer reflexionar a aquellos países que se opusieron a la aplicación de la carta democrática en junio. Está claro que hay un plazo de dos años que habrá que seguir de cerca. Venezuela ya retrasó sus elecciones regionales. Se tienen programadas elecciones presidenciales en 2018. Una nueva manipulación descarada del calendario y las reglas electorales sin duda llamará la atención de los países de la región.

Así mismo, la diversificación política de los líderes electos de la región significa que se podrían reorganizar las líneas divisorias existentes en la OEA. De hecho, el compromiso efectivo de Venezuela tendrá que incluir perspectivas de todo el espectro político.

El sentido de oportunidad que todos percibimos durante la audiencia de la semana pasada en Washington fue moderado. Todos saben sobre los informes en los que el presidente Trump propuso una reducción del 30 por ciento al presupuesto del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aunque es probable que el Congreso no apruebe recortes tan profundos, queda claro que el Departamento de Estado sencillamente no figura como un elemento central de la política exterior de Trump. No sorprende que un presidente que mantuvo una plataforma aislacionista de “Estados Unidos primero� y nombró a un secretario de estado sin experiencia diplomática no parezca darle un lugar importante a la diplomacia.

Se corre el riesgo de que Estados Unidos incumpla su política hacia Venezuela, basándose en una legislación de sanciones vigentes en Estados Unidos, lo que por supuesto no requiere diplomacia.

Por desgracia, el programa estadounidense de sanciones unilaterales dirigidas a los funcionarios venezolanos hace más mal que bien. Aunque no hay duda de que estas sanciones envían una señal de que Estados Unidos está en contra de las violaciones a los derechos humanos, también van muy bien con las teorías de conspiración internacional del gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de la tan precaria situación social y económica de Venezuela, Maduro mantiene un sorprendente nivel de apoyo del 20 por ciento. Su núcleo se mantiene unido en parte por una ideología antiimperialista en la que Venezuela es la víctima de una conspiración encabezada por Estados Unidos, y las sanciones impuestas por este país le dan sustento a esta ideología.

Asimismo, aunque estas sanciones tienen objetivos claros y pueden ser atribuidas a comportamientos concretos, no hay un camino evidente para eliminarlas o levantarlas en respuesta a los cambios de los funcionarios del gobierno de Maduro. El efecto de las sanciones ha sido hasta ahora aumentar los costos del salida de estos funcionarios, ya que su propio bienestar está ligado a la continuación del régimen. Maduro los entiende y por eso se ha rodeado por un puñado de funcionarios sancionados. De los siete sancionados en marzo de 2015, cuatro fueron designados para ocupar cargos importantes en el aparato de seguridad del Estado; a los otros tres se les dieron puestos lucrativos en las industrias estatales.

Por último, al ser concebido e impuesto unilateralmente, el actual programa de sanciones no invita a los aliados regionales a unírsele a Estados Unidos. Al contrario: dificulta que hagan algo por Venezuela.

¿A dónde nos lleva esto? El destello de acuerdo de la semana pasada sobre la necesidad de una diplomacia enérgica estadounidense para apoyar las estrategias multilaterales orientadas hacia Venezuela es prometedor. Sin embargo, incluso si la nueva administración de Trump no muestra estar interesada, otros líderes de la región deberían aprovechar la oportunidad. Como el académico brasileño Oliver Stuenkel ha argumentado, suponer que Estados Unidos o Europa necesitan involucrarse en una solución viable para el conflicto en el sur global, además de sobrestimar el éxito de dichas intervenciones, también hace olvidar los casos de soluciones promovidas por el sur para el sur. Los recientes logros de la Comunidad Económica de Estados de �frica Occidental para resolver la crisis de Gambia son el mejor ejemplo.

Mercosur ya ha demostrado voluntad para cuestionar el récord democrático de Venezuela, privándola eficazmente de contar con todos los beneficios de la membresía. Mercosur tiene una cláusula democrática con el propósito de proteger los derechos humanos que aún se podría aplicar. Hasta ahora, la Unión de Naciones Suramericanas ha demostrado más interés en proteger a los gobiernos miembros que a los ciudadanos de dichos países. No obstante, un nuevo secretario general podría reflejar la mayor diversidad política del continente y presionar con mayor fuerza al gobierno de Maduro en nombre de los venezolanos. Las Naciones Unidas también podrían desempeñar un papel importante. El secretario general António Guterres podría designar a un representante especial para Venezuela. Por último, la publicidad adversa que ha recibido el Vaticano en relación con el fallido diálogo de octubre y noviembre es engañosa. El diálogo siempre es un estira y afloja y siempre parece ingenuo hasta que funciona.

Cualquiera de estas iniciativas por sí sola tendería al fracaso. Sin embargo, varias iniciativas desde varios frentes por parte de diferentes actores regionales podrían generar una red de compromiso efectivo y darles a los venezolanos el alivio que se merecen.