Los Andes

Si hubiéramos seguido el ejemplo de los países exitosos, la coordinación central de la Defensa Civil en el teatro de operaciones no dependería de las autoridades locales, como tampoco las tareas de rescate inmediato que pueden salvar víctimas.

No aburriré al lector con las consabidas críticas a la falta de previsión, incapacidad de gestión o corrupción de los alcaldes, o a las tres cosas juntas, frente a los desastres que estamos atravesando. Sólo quiero traer el recuerdo de cuando ocurrió el terremoto de Pisco en la noche del 15 de agosto de hace casi diez años, la conmoción nacional fue seguida de la parálisis de las autoridades locales y de su Comité de Defensa Civil.

La coordinación para el rescate de las víctimas de los derrumbes, el traslado de los heridos a Ica o a Lima, el registro de los damnificados, dotarles de carpas, agua, alimentos y abrigo en los emplazamientos predeterminados, almacenar las ingentes cantidades de ayuda que llegaba y había que repartir, prácticamente no existió. Los tres primeros días fueron de un caos descomunal. Uno de los motivos, pero no el único, fue que tanto el alcalde provincial que presidía el Comité de Defensa Civil, como otras autoridades y médicos, policías y enfermeras dejaron abandonados sus puestos para socorrer a sus familias. Lo cual es absolutamente comprensible.

Por tanto, la lección no aprendida del terremoto de Pisco, a diferencia de lo que sucede en Japón, Estados Unidos o nuestro vecino Chile, es que no tenemos la organización adecuada para enfrentar la tragedia. En otras palabras, si hubiéramos seguido el ejemplo de los países exitosos, la coordinación central de la Defensa Civil en el teatro de operaciones no dependería de las autoridades locales, como tampoco las tareas de rescate inmediato que pueden salvar víctimas. Tiene que ser una fuerza exterior y militarizada –como el caso de la Guardia Nacional en Estados Unidos que también actuó en el caso de Haití en el 2010- es decir, sin ninguna relación sentimental con la localidad, la que actúe de inmediato en remover escombros, salvar víctimas y organizar el reparto ágil y ordenado de la ayuda.

Algo se ha avanzado ahora con la movilización de más de cuatro mil tropas en diversos frentes, y de cuarenta mil policías, lo que plantea un asunto a pensar para la modernización de las Fuerzas Armadas, pues se necesita que tengan batallones de intervención rápida para enfrentar desastres, distribuidos por todo el territorio nacional.

Lo que sí es de lamentar, y que está previsto en la estructura de la Defensa Civil, es la ausencia de los coordinadores por manzana o cuadra en las ciudades o por barrio en el caso de los pueblos del campo. Esta tarea fundamental en la organización social para prevenir y sobre todo enfrentar un desastre, es la que han incumplido prácticamente todos los alcaldes de los 811 distritos afectados. Si se hubiera tenido esos vecinos coordinadores, el diagnóstico de la situación se habría basado en datos certeros y diarios y no como ha evolucionado hasta ahora. Es decir, es la prensa la que informa de los muertos y heridos o de los puentes caídos, pero todo lo demás son proyecciones estadísticas. Por eso, se ha demorado varios días en contactar a poblaciones damnificadas aisladas; por eso, hay dificultades enormes en la distribución de la ayuda, por eso la desconfianza de los damnificados y de los compatriotas donantes puede ser funesta. Nada hay más nocivo que descubrir meses después –como ocurrió en Pisco y en casos anteriores- que las donaciones no se distribuyeron a los necesitados o que fue desviada por facinerosos.

Otrosí, no es tan cierto que esto suceda todos los años, pues, además, en el presupuesto del 2015 hubo más de tres mil millones de soles para enfrentar el anunciado gran Niño. Esta anomalía climática ha activado quebradas por las que no discurrió agua por décadas o por siglos, como los casos de la quebrada de San Ildefonso en Trujillo, la variante de Uchumayo en Arequipa o la furia del río Huarmey. No hay la conciencia suficiente entre las autoridades y los organismos técnicos de la solución a largo plazo para la vertiente occidental de los Andes. Esa solución está ahí y muchos la han planteado, pero no se pone en práctica por esa falta de convicción de políticos y técnicos: la necesidad de forestar las cuencas altas de los ríos de la costa, y de construir un sistema de reservorios. Hay que aprender de Ecuador. Así como nosotros tenemos simulacros nacionales de sismos, los ecuatorianos tienen, además, las jornadas nacionales de reforestación en las que miles de familias participan un domingo de un paseo para plantar millones de arbolitos de los almácigos preparados por el ministerio de agricultura y con la entusiasta participación de las empresas privadas. Sólo en el 2014 reforestaron 104 mil hectáreas, que ya quisiéramos tener aquí, fijando las laderas de los cerros que impiden el desarrollo de los mortíferos huaicos, preparándose de paso para enfrentar el calentamiento global.

Finalmente, hay que recordar que la Ley de Municipalidades del 2003 estableció que las municipalidades están en la obligación de promover la elección de las Juntas Vecinales Comunales, como representantes de los vecinos por zonas o barrios ante el alcalde para canalizar sus demandas y vigilar y apoyar en la prestación de los servicios públicos. Como se ve, pueden ser excelentes protagonistas en el enfrentamiento de los desastres. La ONPE colabora desde hace años con los equipos municipales de participación vecinal en esos procesos electorales, pero son una absoluta minoría en todo el país. Por ejemplo, las municipalidades de Chosica, Chaclacayo o Ate no tienen esas Juntas.