Los Andes

En mérito al Informe Especial N°523-2013-CG/ORPU-EE, emitido por la Contraloría General, el Cuarto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Puno condenó a 14 personas naturales por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, por realizar cobros del Gobierno Regional de Puno sin haber laborado ni prestado servicios efectivos en la formulación de estudios de preinversión en el periodo 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2010.

De acuerdo al informe se evidenció que el entonces jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de Puno, Néstor Aroapaza Aguilar, orientó el ejercicio de sus atribuciones para tramitar y viabilizar pagos ilegales a favor de personas que no prestaron servicio alguno en la formulación de estudios de preinversión; además de elaborar documentación falsa efectivizando cobros y ocasionando un perjuicio económico de S/ 78,473.42; lo que aconteció durante los años 2008 y 2009.

En ese sentido, los ciudadanos Erick Aldo Mayta Itusaca, Henry Jesús Asqui Llutari, Riven Pavel Orihuela Ordóñez, Luis Chura Iscarra, Lidia Vanesa Apaza Pineda, Roger Zaira Chura y Edgar Zaira Calla fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad suspendida; mientras que Juana Irene Allca Aguilar, Juan José Allca Aguilar, Holinda Maritza Paye Huarahuara, Rosalia Rodríguez Rodríguez, Angélica Salas Pastor, Wilderth Erick Velásquez Medina y Verner Allca Aguilar recibieron un año de pena privativa de libertad suspendida.

El Poder Judicial determinó también el pago de una reparación civil a favor del Estado peruano, sin perjuicio de la restitución de lo indebidamente cobrado al Gobierno Regional de Puno. De otro lado, se reservó el juzgamiento del acusado Néstor Aroapaza Aguilar. Para tal fin, el juzgado dispuso que se renueven las órdenes de captura a nivel nacional.

La Contraloría General de la República reafirma su labor de supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos.