Escrito: Los Andes.
La reciente aprobación de la Ley 32181, que modifica las condiciones de detención preliminar y prisión preventiva, ha generado críticas desde diversos sectores.
El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó la normativa al señalar que podría favorecer a personas vinculadas a investigaciones judiciales, como Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, cuyo paradero se desconoce. Además, calificó a la actual gestión como un “gobierno de la impunidad” por casos de presunta corrupción.
El caso de Nicanor Boluarte, señalado por el congresista, ha despertado preocupación debido a su aparente ausencia en el marco de las investigaciones judiciales.
Según Burgos, este sería uno de los principales beneficiados por la Ley 32181, que podría debilitar las medidas cautelares contra investigados en casos graves.
Además, instó a las autoridades judiciales a no ceder ante presiones políticas y garantizar la independencia en los procesos legales. Nicanor Boluarte enfrenta cuestionamientos por su presunta vinculación con actos ilícitos, aunque las autoridades aún no han logrado ubicarlo ni proceder con las investigaciones correspondientes.
Este caso, junto a otros relacionados con figuras políticas y familiares cercanos al poder, ha generado un debate sobre el uso de influencias para evadir la justicia en el país. Por otro lado, el congresista Burgos criticó la falta de pronunciamiento claro por parte del Ejecutivo sobre el paradero de Nicanor Boluarte. Según el legislador, la ausencia de información contribuye a una percepción de encubrimiento y debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. En este contexto, reiteró la necesidad de mayor transparencia y colaboración entre el Gobierno y el sistema judicial.
