En pocas horas se sabrá destino de ‘Los Elegantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa’
La captura y desarticulación de la presunta banda denominada ‘Los elegantes de la municipalidad provincial’, traerán cola.
Ayer, desde Lima y enmarrocado, trajeron a Ysmael Ortiz Flores, actual trabajador del Ministerio del Interior. Él desde la gestión municipal de Alfredo Zegarra Tejada fue funcionario del municipio provincial.
Hombre de confianza de Zegarra y luego de Omar Candia Aguilar, ocupó el cargo de subgerente de Circulación Vial y Transportes y hoy está detenido, junto a otras 21 personas, entre funcionarios, exfuncionarios ediles y policías, acusados de recibir coimas por parte de malos conductores, que así evadían su responsabilidad de manejar ebrios, para evitar que sus autos lleguen al depósito municipal y se les quite la licencia de conducir por tres años o de forma permanente.
EN LA MIRA
Pero la mafia en la municipalidad no solo alcanza a los detenidos. Durante las investigaciones policiales y del Ministerio Público se lograron acopiar documentos de mil conductores; todos estos por manejar en estado de ebriedad (peligro común).
Además, se incautaron 650 licencias de conducir adulteradas. Estas serían de los que pagaron la coima para evitar perder los puntos, el automóvil y la licencia de conducir.
La información será contrastada con la que se introdujo en el sistema informáticos del municipio provincial y en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El fiscal Anticorrupción Arturo Valencia Paiva hizo un llamado a los choferes que participaron en actos delictivos a colaborar con las investigaciones. “Los invoco para que vengan al Ministerio Público y digan qué pasó y cómo ocurrieron los hechos. Si no lo hacen personalmente, vamos a dar con ellos”, dijo, recordando que tienen en su poder las licencias que fueron adulteradas.
VENCE EL PLAZO
Hoy vence el plazo de detención preliminar por 72 horas que pesa sobre los 22 detenidos por la policía, presuntos integrantes de la banda delictiva instaurada en el área de Transportes del municipio provincial de Arequipa.
El fiscal Valencia y los otros 40 fiscales que participaron en las pesquisas, allanamientos de viviendas en Arequipa y Lima y en las detenciones de los acusados, tendrán que sustentar el pedido de prisión preventiva mientras duran las investigaciones.
Se espera que su pedido sea por 36 meses y que sea aceptado por el Poder Judicial.
PÉRDIDA MILLONARIA
Como se recuerda, la madrugada del lunes se puso en marcha un gigantesco operativo policial y fiscal para detener a 22 personas acusadas de pertenecer a una banda delictiva. Esto luego de un año y medio de exhaustiva investigación.
Se presume que desde 2016 a 2019, las pérdidas económicas para el Estado y para las arcas del municipio provincial bordean los 2.5 millones de soles, por no cobrar las papeletas que eran impuestas a los conductores.
EL INICIO
Las investigaciones sobre este caso iniciaron a mediados de junio de 2019. En aquella oportunidad, ciudadanos que querían obtener licencias de conducir para motocicletas se quejaron de que los jalaban adrede para no otorgarles los brevetes.
Luego, eran contactados por el tramitador Isaac Miranda Huamaní, quien les ofrecía una “ayuda” para obtener su licencia, previo pago de 400 soles. Es más, con este monto sacaban su brevete sin dar ninguna evaluación (escrita y de manejo).
Tras la denuncia, los agentes policiales y la Fiscalía intervinieron a Miranda y a Richard Chipana Mollinedo, quien trabajaba en el área de Circulación Vial del municipio provincial, en Porongoche, Paucarpata.
Esas detenciones solo fueron la punta del iceberg, pues tras las investigaciones los efectivos y fiscales empezaron a obtener declaraciones que confirmaban lo que siempre se presumía; que había enquistada en el municipio provincial una mafia en el área de Transportes que comprendían trabajadores municipales y altos funcionarios y exfuncionarios.
Las investigaciones dieron paso a la detención preliminar por tres días.
RED DE OPERACIÓN
Las denuncias sobre la red de corrupción involucran a Edward Núñez Choque, subgerente de Fiscalización de la Gerencia de Transportes de la MPA; a los trabajadores Tomás Huampa Panti (hombre de confianza del alcalde Omar Candia Aguilar, incluso desde su gestión en Alto Selva Alegre), Ronald Lázaro Oré, Nilda Rosas Cartagena, Marisol Vizcarra Alpaca y Mauricio Meza Escobedo.
También a los exfuncionarios Williams Rodrigo Tavera, Raúl Mejía Mejía e Ysmael Ortiz Flores.
Las investigaciones alcanzan a Lorena Cáceres Muñoz (se hacía pasar por abogada) y Aurelio Valdivia Díaz, propietario de grúas y encargado del depósito municipal.
La presunta mafia también la integrarían los policías Edwin Cárdenas Peña, anterior encargado del área de Papeletas de la Policía de Tránsito Arequipa; Guido Sano Gutiérrez, Helard Gamarra Amésquita, Javier Quispetera Díaz, Cristhian Zúñiga Castro, José Bravo Palomino, Robinson Medina Mamani, Richard Díaz Choque, Néstor Gonza Limache y Elizabeth Velarde Quintanilla. También alcanza al policía en retiro Evaristo Revilla Alpaca.
MODUS OPERANDI
El coronel PNP Gustavo Arroyo Torres, jefe del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de la PNP, informó que una vez realizada la intervención al conductor en estado de ebriedad, un policía lo ponía en contacto con Lorena Cáceres, quien les ofrecía evitar que los brevetes queden retenidos, borrar sus papeletas y evitar que sus vehículos fueran al depósito a cambio de 4 mil o 5 mil soles.
Lorena Cáceres remitía la información de los intervenidos a los trabajadores del municipio para que no ingresen al sistema. Por otro lado, otro grupo de trabajadores evitaba que ingrese la unidad vehicular al depósito municipal, aduciendo que estaba lleno.
Días más adelante, se adulteraban las papeletas impuestas por los policías o se hallaba cualquier excusa para finalmente emitir una resolución que anulaba las papeletas por infringir las normas de tránsito.
