El presidente del barrio Zarumilla de Juliaca, Marcelino Mamani Lima, informó que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román programó para el 26 de junio el control de acusación por más de 10 mil metros cuadrados del Cuartel Francisco Bolognesi.
Los procesados son miembros de la familia Paredes Villamil y su abogado. Enfrentan cargos por asociación ilícita, falsificación de documentos, colusión agravada, usurpación agravada y otros delitos.
Mamani indicó que, una vez concluida esta etapa, se espera una respuesta firme por parte del juzgado. Afirmó que hubo conocimiento previo, incluso de exfuncionarios, sobre los intentos de apropiación ilegal.
USO ILEGAL
Los vecinos denuncian el uso indebido del terreno en disputa, ya que desde el 20 de abril se instaló un circo sin ninguna autorización. Aunque Defensa Civil confirmó esta irregularidad, este continúa operando.
Estudiantes de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en Puno tomaron el campus universitario para exigir mejoras en las condiciones de su formación.
En la mañana, la protesta, derivó en enfrentamientos con el personal de seguridad universitaria y, por la tarde, en apretones de manos entre el rector Paulino Machaca y algunos dirigentes estudiantiles.
Los jóvenes denuncian la falta de laboratorios, aulas adecuadas, equipos y espacios dignos, carencias que afectan su aprendizaje y amenazan la acreditación de su programa.
La ausencia del rector, Dr. Paulino Machaca Ari, quien no se pronunció ni apareció en un primer momento, fue interpretada como indiferencia, aumentando la indignación estudiantil. La seguridad intentó desalojar a los manifestantes, lo que provocó agresiones y descoordinación.
El Tercio Estudiantil y la Asamblea Universitaria respaldaron las demandas, calificándolas de legítimas, y exigieron una mesa de diálogo, convenios, movilidad para salidas de campo, maquinaria agrícola y la investigación de los actos de violencia.
Finalmente, tras una reunión con autoridades, docentes y estudiantes, acordaron levantar la medida por un lado y, por el otro, asignar presupuestos para equipamiento, evaluación de terrenos en el campus y el Centro Experimental Illpa, además de la adquisición de vehículos y tractores, entre otras promesas.
El Segundo Juzgado Civil de Paucarpata ordenó una medida cautelar de “no innovar” que frena temporalmente la concesión otorgada por el Gobierno Regional de Arequipa a la compañía minera Zafranal S.A.C. sobre un terreno actualmente en litigio.
La resolución, emitida el 4 de abril de 2025 responde a la demanda presentada por Katherine Devora Vásquez Rosas, quien solicita la nulidad del contrato de concesión al alegar derechos de propiedad sobre el inmueble en disputa.
El juzgado consideró que continuar con la ejecución del contrato podría generar un perjuicio irreparable a la demandante, al permitir actos de disposición sobre un predio en litigio.
Por ello, ordenó al Gobierno Regional de Arequipa, a través de su Gerencia Regional de Energía y Minas, así como al Ministerio de Energía y Minas (Minem), abstenerse de autorizar cualquier construcción o beneficio minero a favor de la empresa.
Además, se dispuso que la compañía minera Zafranal se abstenga de realizar cualquier acto material sobre el terreno. El Gobierno Regional y el Minem deberán acatar esta decisión bajo responsabilidad funcional, administrativa, civil y penal.
HAY MÁS…
A esto se suma que, en 2024, se reveló que parte de los terrenos cedidos en usufructo por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) a la minera Zafranal, ubicados entre Huancarqui (Castilla) y Lluta (Caylloma), podrían tener como copropietario a Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Esto generó dudas sobre la legalidad del otorgamiento de estos terrenos a Zafranal, ya que la ficha registral muestra que tanto Autodema como Provías figuran como propietarios. Además, se descubrió que el pago del usufructo fue fijado en solo S/ 150 por hectárea durante un plazo de 30 años.
Los pobladores del Valle de Tambo, encabezados por Miguel Meza, confirmaron que movilizarán a miles de personas hacia Arequipa el próximo jueves 8 de mayo, como parte de una protesta contra el gobernador regional, Rohel Sánchez, a quien acusan de incumplir sus compromisos con la comunidad.
La manifestación tiene como objetivo exigir una respuesta del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre el conflicto con el proyecto minero Tía María y el daño a las Pampas de Cachendo.
Según Meza, la protesta comenzará a las 6:00 a.m. desde el Valle de Tambo, con llegada prevista a las 9:30 a.m. Los manifestantes se concentrarán en el óvalo de Mariscal Castilla, donde se sumarán los residentes.
Desde allí, la comitiva se dirigirá al GRA, esperando ser recibidos por las autoridades regionales para exponer sus demandas. “Nos preocupa especialmente el tema de las Pampas de Cachendo, que están en manos del Gobierno Regional, y que no se está haciendo nada para protegerlas”, señaló.
El gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Miguel Ochoa, informó que la propuesta de plaqueo, solo será aplicable a los vehículos particulares que ingresen al Centro Histórico de la ciudad.
En esta oportunidad la medida no alcanzará a los taxistas formales, es decir, aquellos que cuentan con el permiso del servicio especial de taxi (Setare) vigente. Este proyecto de Ordenanza modifica los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ordenanza 927, por lo que los vehículos particulares ingresarán al Centro Histórico, tres días a la semana, según el último dígito de la placa, par e impar.
“Tenemos identificados más de 30 mil vehículos que operan como taxis, pero solo 6 mil están formalizados”, señaló el funcionario.
La congestión vehicular actualmente supera los 65 mil vehículos diarios en el Centro Histórico, generando niveles de contaminación que triplican los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
No obstante, el regidor José Suárez cuestionó la propuesta, ya que rechazó que se intente favorecer únicamente al gremio de taxistas, dejando de lado a otros sectores directamente afectados.
“El beneficio no puede estar orientado solo a un grupo. Las ordenanzas deben responder al interés general”, señaló, pues no se tomó en cuenta las opiniones de residentes del centro, comerciantes, trabajadores de entidades públicas ni operadores turísticos.
El regidor también criticó a la Gerencia de Transportes por no sustentar adecuadamente el proyecto, señalando que no existe un plan vial claro ni una evaluación del impacto de las restricciones, tampoco se han realizado pruebas piloto previas a su formulación.
La Contraloría detectó un incremento económico no justificado en el presupuesto del proyecto del Colegio Arequipa, cuya ejecución está a cargo del Consorcio Revolución y es financiado mediante el mecanismo de obras por impuestos por el Gobierno Regional de Arequipa.
Según el Informe Nº 3962-2025-CG/GRAR-SCC, emitido el 16 de abril, la revisión del expediente técnico reveló una diferencia de S/ 219,238 sin sustento técnico en los costos proyectados de mano de obra. El expediente fue elaborado por el Consorcio Revolución, integrado por Livissi Construcciones EIRL, Cosmos Constructores
y Servicios SRL, y Oscar Manuel de la Vega SRL, encargados de ejecutar el proyecto. La Contraloría señaló que la Supervisora, Consorcio Arequipa 2023, no detectó las irregularidades, lo que podría hacer que el presupuesto de S/ 91,409,491 no refleje el valor real de la obra, afectando la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
El sobrecosto se debe a errores en el cálculo del costo hora-hombre de los trabajadores de construcción civil. El informe señala que se incluyeron bonificaciones no aplicables, como la bonificación por altitud (S/ 2.50 diarios), que corresponde a obras a más de 3,000 m.s.n.m.
Además, se calculó incorrectamente la bonificación por derecho de altura (7 % del jornal básico), aplicándola a un 15 % de los trabajadores, lo que elevó los costos.
Otro factor fue la duplicación del insumo de agua potable. Se incluyó este recurso tanto en el costo hora-hombre, como en una partida de S/ 77,102 para el mismo fin.
INSTITUCIONAL. Con el propósito de enfrentar la inseguridad en Juliaca, el alcalde de la provincia de San Román, en su calidad de presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) informó que la municipalidad destinó S/ 17,240,846 para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana entre los años 2024 y 2025. De este monto, más de S/ 14.6 millones fueron subvencionados directamente por la comuna calcetera, ante la alarmante falta de compromiso tributario de la ciudadanía.
La autoridad edil expuso que la recaudación por concepto de arbitrios sigue siendo crítica. En 2023, el ingreso por este concepto apenas alcanzó los S/ 692,617.88, y aunque en 2024 se elevó a S/ 1,911,311.97, esta cifra sigue representando apenas una fracción del gasto total. Gracias a esta inversión, se cuenta con:
• 14 camionetas
• 17 moto lineales
• 06 puestos de seguridad y vigilancia
• 01 ambulancia
• 06 drones
• 06 trimotos patrulleros
• Equipamiento logístico como; sirenas, megáfonos, chalecos, escudos, cascos, grilletes, varas, gas irritante, entre otras.
Uno de los proyectos más relevantes es la Central de Seguridad Ciudadana, actualmente en construcción, con una inversión de S/ 3,744,713.46. Esta infraestructura funcionará como el centro de operaciones del serenazgo e incluirá un moderno sistema de videovigilancia con 150 cámaras, cuyo expediente técnico ya está aprobado y contará con una inversión presupuestal de más de 18 millones mediante la modalidad de obras por impuesto.
En paralelo, la municipalidad ya cuenta con los terrenos para edificar dos nuevos Puestos de Auxilio Rápido (PAR), que operarán como comisarías. En una primera etapa, se construirá el cerco perimétrico y un módulo operativo básico.
El burgomaestre calcetero dio disposiciones para fortalecer la seguridad ciudadana:
• 14 camionetas para patrullaje integrado (Municipio pondrá el conductor y combustible)
• 14 motocicletas para patrullaje a la Policía Nacional del Perú (sesión de uso)
• 02 drones de alta tecnología a la Policía Nacional del Perú (sesión de uso)
• 10 camionetas para patrullaje municipal
• 02 camionetas de apoyo a migraciones
• 02 camionetas en apoyo a los operativos de fiscalización
• Reiterar las gestiones para la construcción del Laboratorio de Criminalística
Durante la última reunión del Coprosec, la autoridad municipal presentó una serie de propuestas estratégicas orientadas a optimizar la operatividad:
• Renovación y reactivación de las Juntas Vecinales y Oficinas de Participación Ciudadana (OPC).
• Ejecución de operativos de control de identidad conjunto los días jueves, viernes, sábados y domingos.
• Revisión del organigrama institucional y rediseño de la demarcación territorial policial, con el fin de mejorar la cobertura y eficiencia operativa.
El gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno, Russo Franklin Mestas Chata, confirmó que el enfrentamiento entre la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) y la comuna provincial ha paralizado un proyecto de S/ 26 millones para construir un Parque del Bicentenario en terrenos aledaños a la Ciudad Universitaria.
El terreno, de más de dos hectáreas, estaba destinado a uno de los seis parques bicentenarios planifica- dos a nivel nacional.
La Municipalidad inició el saneamiento físico legal del predio, ubicado frente a la UNA Puno, para ejecutar la obra. Sin embargo, en 2023, la universidad —a través de su rector— presentó un proyecto similar en la misma zona, utilizando su propio presupuesto.
“Hubo serias contradicciones, pues la UNA Puno, verbalmente y mediante documento, se opuso al saneamiento del terreno”, explicó Mestas.
El proyecto municipal, financiado por el Gobierno Central, superaba los S/ 26 millones, pero la disputa legal y administrativa lo dejó en suspenso.
Hasta ahora, no hay avances en la resolución del conflicto, lo que impide la ejecución de una obra clave para la ciudad. Esta información se dio a raíz de una intervención del municipio en un terreno que estaba siendo cercado por trabajadores de la UNA PUNO.
