Felipe Supo C.
En el terreno político para evaluar la “calidad” de gobierno de los gobernantes (presidente de la República, gobernadores regionales, alcaldes, jefes de pliego de funcionarios públicos) suele utilizarse los términos legitimidad y legalidad. A través de este artículo, brevemente intentaremos explicar cuál es el significado conceptual de estos controvertidos términos a partir del análisis de los conceptos de poder y autoridad de la Gobernance (De Alcántara, 2008).
Tanto en el manejo del gobierno como de la gobernabilidad implícitamente tiene participación directa los conceptos de poder, autoridad y legitimidad. Así para Giddens (1999, p. 739), PODER es la capacidad que tienen los individuos o miembros de un grupo de lograr sus objetivos o de impulsar sus intereses. El poder es un aspecto omnipresente en toda relación humana. Muchos conflictos sociales son luchas por el poder, pues el grado de poder que un individuo o grupo es capaz de lograr determina en qué medida puede llevar a cabo sus deseos a expensas de los demás. Expresado de otra forma, el “poder” es la capacidad que tienen los individuos o grupos de una determinada sociedad de hacer que cuenten sus propios intereses o preocupaciones, incluso si otros se resisten a ello (a veces lleva al uso de la fuerza). Resulta ser un elemento que forma parte de casi de todas las relaciones sociales que se da desde el poder que ejerce un individuo sobre otro -la relación de trabajador y empresario- hasta el ejercicio del poder gubernamental que siempre va acompañado de una ideología que se utiliza para justificar las acciones de los poderosos (la utilización de la fuerza por parte del gobierno chino contra los estudiantes en la plaza Tiananmen de Pekín, que se manifestaban por la democracia, era una defensa de la ideología comunista como forma suprema de gobierno).
En tanto que Alcántara (1998) señala que LEGALIDAD está relacionado a la adecuación de la ley, si tiene comparación con la legitimidad como conceptos afines, sin embargo no son sinónimos, porque la legitimidad tiene que ver con el consenso. En este marco se pueden dar actos, hechos, fenómenos y sistemas políticos legales y legítimos, pero también legítimos e ilegales o, bien legales e ilegítimos. Así se tiene por ejemplo que un presidente constitucional apenas electo, es a la vez legal y legítimo porque su elección ha sido producto de elecciones democráticas, pero sin embargo con el tiempo se puede convertir en ilegítimo como es el caso del actual presidente Alejandro Toledo que una vez asumido al poder, su gobierno no ha satisfecho expectativas y solución de problemas socioeconómicos de la población peruana, muy al contrario ha aplicado una política y programa de gobierno diferente a lo prometido. También pueden haber gobiernos legales que con el tiempo se convierten en ilegales y legítimos como es el caso del Ing. Alberto Fujimori que dado el autogolpe en 1992, se convierte constitucionalmente en un gobierno ilegal, pero transcurrido el tiempo se convierte en un gobierno legítimo, por el respaldo popular de la población peruana como respuesta a una aplicación de política y programa de gobierno acertado. Es también el caso de la ocurrencia de gobiernos ilegales y ilegítimos que pese a tener un aparato político y parte de respaldo de la población, no tiene durabilidad en el tiempo y termina colapsando. Este es el caso del gobierno del Dr. Hugo Félix Cotacallapa elegido como Rector de la UNA-Puno, con una serie de vicios procesales observados por la Asamblea Nacional de Rectores y el Congreso de la República. Si tuvo una corta duración en la asunción del poder, éste no supo mantenerse en ella; de ahí en política se dice que es fácil llegar al poder pero difícil mantenerse en ella.
En tanto que para tener una mejor idea acerca del significado de AUTORIDAD nos proponemos didácticamente a realizar la siguiente interrogante ¿Qué se entiende por autoridad? La respuesta a este difícil tema, según Giddens (1999) señala que autoridad “es el legítimo uso del poder por parte del gobierno”. En tanto que Wrong (1980, p. 26), indica que a diferencia de la fuerza, la manipulación y la persuasión, la autoridad se vincula a la existencia de cierta legitimidad y de una estructura jerárquica que conlleva a ordenamientos institucionalizados.
Por otro lado, según Mackiver (1947); Lasweil y Kaplan (1963), refieren que, el concepto de autoridad conlleva una serie de identificaciones, demandas y expectativas que se vinculan a la fórmula política. Afirmar que una persona tiene autoridad significa que es poseedora del poder que le asigna la «fórmula política» y que aquellos que se adhieren a ésta, consideran que se ejerce en forma justa y apropiada. Así, para ejercer autoridad no sólo basta ponerse un “enorme cartel” como cliché que diga que es autoridad, sino se requiere contar con condiciones mínimas y básicas que de por sí emanen RESPETO y ACEPTACIÓN de parte de los gobernados. Estas condiciones además de los aspectos legales, tienen que ver con las capacidades y habilidades de cómo se asume la función del gobierno como responsable y líder –para ser la consorte de “César” no basta serlo, sino parecerlo- dice el adagio.
Finalmente, ¿qué se entiende por legitimidad? Para entender este concepto complicado partiremos de las concepciones clásicas de Maquiavelo, Gramsci, Hobbes, Weber, Habermas, entre los más importantes. Así para Maquiavelo según Alcántara (1998, p.108-113) considerado por este autor como uno de los teóricos más importantes de la ciencia política “entiende la política como una búsqueda de consensos, aprovechando todo los medios”, para él, “el político es el hombre que sin miramientos busca el éxito, utilizando los medios más adecuados a sus fines”.
Mientras que Tomás Hobbes -pensador inglés del siglo XVII- que es uno de los más brillantes teóricos de la LEGITIMIDAD del Estado y de la ciencia política en general. En la concepción de este autor el Estado es presentado como la institución necesaria para frenar la “condición de guerra” en que viven los hombres. Pretende una legitimidad destinada a controlar “las pasiones naturales de los hombres”, para “que los tenga a raya y los sujete por temor al castigo” En tanto, Alcántara (1998, p.109). distingue legitimidad de la legalidad así, manifiesta que mientras “la legitimidad tiene que ver con el consenso” la “legalidad es la adecuación a la Ley”. En este marco manifiesta que “pueden haber actos y sistemas políticos, legales y legítimos, pero también legítimos e ilegales o, bien, legales e ilegítimos.
En sí, este concepto de legitimidad que significa que los que están sujetos a la autoridad del gobierno la aceptan como tal (Giddens, 1999), es difícil de conseguir y mantener. La legitimidad como tal se logra por la acción de reivindicar las aspiraciones y expectativas del pueblo que se traducen en satisfacciones logradas recíprocamente. de ahí el concepto de consenso que tiene que ver también con el concepto de concertación y gobernabilidad (supo, 2005).
Del análisis conceptual de estos términos podemos decir que el conjunto de acciones políticas que viene asumiendo el poder legislativo del Estado peruano (copado por la tenebrosa alianza política fuji-aprista) si bien cierto está dentro del marco de la legalidad conforme lo estipula la constitución política del Estado y los reglamentos de este poder; sin embargo, carecen de legitimidad, por cuanto según la percepción de la ciudadanía peruana como pueblo y de las declaraciones del presidente del consejo de ministros -Salvador del Solar-, carecen de legitimidad. Carecen de legitimidad porque no responden a las expectativas y satisfacciones de la sociedad civil, debido a que sobre todo, viene vulnerando sus derechos fundamentales. En este contexto, el gobierno de Martín Vizcarra como jefe del Estado peruano, puede empoderar su legitimidad si toma al congreso como “toro por las astas” cerrando su funcionamiento (considerando que en teoría de la ciencia política, el Estado como organización política, social y jurídica está legitimado para hacer el uso de la fuerza, con tal de garantizar y mantener el orden, que se constituye como una sus finalidades más fundamentales); para luego convocar una nueva constituyente para diseñar y formular una nueva constitución del Estado peruano, orientado a la reivindicación de los derechos fundamentales del ser supremo de la sociedad peruana -el hombre- y que además garantice su desarrollo humano de carácter integral y holístico.
BIBLIOGRAFÍA
Alcántara, M. (1998). Gobernabilidad, crisis y cambio. México: Fondo de Cultura Económica
De Alcántara, C. (2008). Uses and abuses of the concept of governance. En: International social Social Journal
Giddens, A. (1999). Sociología. Madrid, España: Alianza editorial.
Lasweil y Kaplan (1963). Poder y autoridad. México: Alianza editorial.
Maclver, R.M. (1947). The Modern State. EE.UU: University of Toronto.
Supo, F. (2005). Panorama ideológico político universitario: La lucha por el poder en la UNA-Puno. Puno, Perú. Oficina Universitaria de Proyección Social Social-UNA: Editorial Universitaria UNA-Puno.
Supo, F. et al. (2003). Movimiento Estudiantil Universitario en Puno: Análisis comparativo de los sucesos del 27 de junio de 1972 y 29 de mayo del 2003 (Causas y efectos)”. Puno, Perú: Multicopiado, UNA-Puno.
Weber, M. (1922-1944). Economía y Sociedad. México, D.F: FCE
Wrong, D. (1980). Power. New York, EE.UU: Harper.
