Gloria Salas

Golpe a la corrupción. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino la Comisión de Central de Admisión y el Centro de Tecnología Informática de la UNA Puno, además de 19 inmuebles donde operaba la organización criminal “Los profes del Altiplano”, que se dedicaba a pedir dinero a postulantes para asegurarles su ingreso.

La acción se realizó durante el examen de admisión general correspondiente al segundo semestre del año académico 2019, en las instalaciones de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, y en varios sectores de la Ciudad Lacustre.

MODUS OPERANDI

Según informaron el Ministerio Público y la Policía Nacional, varias personas asignadas se encargaban de captar a los jóvenes que querían asegurar su ingreso a la UNA Puno, a quienes se les cobraba entre 10 mil a 15 mil soles, dependiendo de la carrera a la que postulaban.

Minutos antes del examen, estos pedían permiso para ir a los servicios higiénicos, donde se colocaban pequeños audífonos inalámbricos en sus oídos; al mismo tiempo, al interior de una vivienda cercana a la universidad, cinco docentes y varios estudiantes resolvían el examen.

¿Cómo obtenían la prueba? Era filtrada desde la misma Comisión Central de Admisión de la UNA. Resueltas las preguntas, enviaban la información vía WhatsApp a otra vivienda, desde donde se la transmitía, a través de una antena, a los postulantes con los audífonos.

DETENIDOS

Según la policía, el líder de la organización es Jesús Tacuri Morales, quien se desempeñaba como docente del Centro Pre Universitario (Cepre) de la UNA.

Él fue detenido junto con su esposa, Nellida Achata Linares, la cual suplantaba a un estudiante en el examen general; y también su cuñada, ya que dictaba las respuestas.

De igual manera, se detuvo a Luis Gonzáles Pineda, exadministrador del Cepre UNA; Félix Gonzales Llanos y Lewis Jorge Turpo Turpo, quienes captaron a los estudiantes que pagaron cupos en este proceso de admisión.

También cayeron los docentes Carlos Velásquez Choquechambi, José Manuel Alave y Rubén Soto Cruz, quienes se encargaban de resolver los exámenes junto con Marino Urrutia Quea, Anderson Vilca y Wilber Aparicio.

Dos de los detenidos eran integrantes de la Comisión Central de Admisión y cinco eran postulantes (entre ellos dos menores de edad), los cuales fueron encontrados con los dispositivos adheridos al cuerpo.

En total, 21 personas fueron detenidas; sin embargo, no se descarta que en los próximos días continúen las detenciones, considerando que dos personas vinculadas a la organización lograron fugarse de las autoridades.

Cabe resaltar que en el operativo participaron 22 fiscales de Puno, Moquegua y Lima, quienes actuaron con el apoyo de más de 200 efectivos de la Policía Nacional del Perú.

En conferencia de prensa se detalló que las investigaciones iniciaron hace 5 meses, a iniciativa del personal policial de la región Puno, pero que, por la complejidad del caso, se recurrió a especialistas de Lima y otros fiscales, de manera que se desarticule esta organización.

ANULAN EXAMEN

Ante este hecho, a través de su Oficina de Imagen Institucional, la UNA publicó un comunicado en el que anunció oficialmente la anulación del examen general de admisión, pidiendo a la vez que se identifique y se sancione a los que resulten responsables de la venta de cupos.

De igual manera, precisaron que el proceso de admisión se realizará antes del reinicio de las actividades académicas correspondientes al segundo semestre 2019.

Finalmente, es menester indicar que los más perjudicados con esta determinación de la UNA, sin duda, fueron los postulantes que, junto a sus padres, se trasladaron a Puno desde diferentes provincias para rendir el examen de conocimientos.