Escribe: Carlos Peña Julca
Uno de los fenómenos que ha evolucionado en los últimos años es la criminalidad organizada a nivel internacional y nacional, siendo esta más violenta cada día, generando un clima de inseguridad entre las personas; estableciéndose que la criminalidad, la inseguridad ciudadana y la percepción de inseguridad se han incrementado en los últimos tiempos.
La criminalidad organizada ha tenido un auge en los últimos años, materializándose a través de actos delictivos con los que adquiere notoriedad, como por ejemplo la minería ilegal, trata de personas, tráfico de drogas y armas, sicariato, falsificación y contrabando. Sin embargo, la criminalidad organizada muchas veces no actúa sola, sino que el Estado está inmerso, sobre todo en la burocracia estatal que no tiene la capacidad, recurso y autoridad para implementar la disposición necesaria para hacer frente a tal problemática social.
El crimen organizado es un problema latente que ha tenido un desarrollo en los últimos años, afectando la seguridad ciudadana, generando temor social, corrupción e incrementando actividades delictivas en distintas zonas del país. La influencia negativa que ha tenido en el Estado ha provocado actos de corrupción en funcionarios públicos, debilitando el Estado mismo y socavando la seguridad y confianza de los ciudadanos, materializándose una amenaza para el desarrollo y la tranquilidad social afectando mercados, sistemas de transporte, construcción e incluso comercio debilitando la estabilidad del Estado y provocando un riesgo a la seguridad. El crimen organizado que actúa en las altas esferas del Estado se reproduce en sectores de la población conformado por individuos que han optado por la delincuencia. Roba el de abajo porque sabe que los de arriba roban con total impunidad. La legislación actual absuelve a los autores y cómplices del crimen organizado dentro del Estado brindándoles un amplio margen de impunidad. Si esto es una patėtica realidad institucional, no justifica la extorsión y el asesinato como formula de subsistencia en el espacio popular. El delincuente común no es una victima de la sociedad, sino un victimario. Lejos estamos de considerar al delincuente como un Robin Hood incomprendido. La delincuencia común no es un producto del desempleo, eso lo saben quienes conocen la realidad de barrios marginales. El hampón comparte los antivalores del explotador, porque ambos viven del trabajo ajeno y ambos están convencidos de que la carrera del triunfo requiere de falta de escrúpulos y de economizar costos. Lo demás lo hacen las expectativas de consumo que exceden a la propia supervivencia, la ambición de tener más sin sacrifcar esfuerzos. Además, se genera un perjuicio a la institucionalidad del Estado, lo que se traduce en la afectación de la democracia y seguridad nacional, determinándose la existencia de temor social mediante el incremento de los índices de violencia y delincuencia. Basta que los delincuentes sepan que alquien tiene ingresos requlares para que lo hagan victima de amenazas, extorsiones y asesinato.
Entonces la criminalidad organizada constituye un desafío y un enemigo que se tiene que enfrentar para evitar su desarrollo y su propagación rápida.
Es acertado establecer que la criminalidad organizada también se presenta en forma de corrupción que ha capturado al Estado peruano, generando agitación mediática considerando que se encuentran involucradas autoridades de alta jerarquía o funcionarios públicos, empresarios, etc. Todos estos actores que desarrollan un aprendizaje criminal terminan por generar un perjuicio significativo a la sociedad debido a que la criminalidad organizada cada día va en aumento, produciendo temor social y subyugando la libertad de los ciudadanos en diversos aspectos sociales y económicos, generando violencia e inseguridad que no permite un adecuado desarrollo. Además que el incremento de la violencia, la inseguridad ciudadana, el aumento de los delitos y la corrupción que son repercusiones significativas de la criminalidad organizada producen el debilitamiento del Estado y la seguridad nacional, materializando afectaciones de carácter pluridimensional tanto en el desarrollo económico, salud pública y daños a derechos fundamentales.
