El último miércoles el congreso aprobó la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables en el Perú. La ley contempla lo siguiente:

Reducción progresiva:
Los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, en un plazo de 3 años desde la entrada en vigencia de la ley, deben reemplazar de forma progresiva la entrega de bolsas de plástico no reutilizables por bolsas reutilizables y/o biodegradables.

Se crea también el Impuesto Nacional a las Bolsas de Plástico, que gravará la adquisición de bolsas de plástico que tengan como finalidad cargar bienes. Serán sujetos a este impuesto, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que opten por adquirirlas.

Este impuesto será cobrado desde el 1 de agosto del 2019 y se dará de manera gradual de acuerdo con el siguiente cronograma: S/ 0,10 en el 2019, S/0,20 en el 2020, S/0,30 en el 2021, S/0,40 en el 2022 y S/0,50 en el 2023 y años subsiguientes.

Prohibición de plástico de un solo uso y descartables:

Del mismo modo la propuesta aprobada indica que, a los 120 días de entrada en vigencia de la ley, se prohíba la adquisición, uso, ingreso o comercialización de bolsas de un solo uso, sorbetes de plástico y envases de tecnopor en áreas naturales protegidas, áreas declaradas patrimonio natural de la humanidad, museos, así como entidades estatales.

Además,  se prohibirá la entrega de bolsas y envoltorios plásticos en publicidad impresa, diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, así como en recibos de cobro de servicios.

En 12 meses (1 año), contados desde la entrada en vigencia de la ley, quedará prohibida la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y uso de envases de bolsas mayores a 900 cm2, sorbetes (salvo para uso médico) y bolsas que generan contaminación por microplásticos, no biodegradables.

En 36 meses (3 años) de entrada en vigencia la ley, se prohíbe la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo de bolsas que no sean reutilizables, vajilla que no sea reciclable y envases de tecnopor.

Excepciones 

Entre los casos exceptuados, están las bolsas para contener y trasladar alimentos a granel o alimentos de origen animal. También las que por razones de asepsia son usadas para contener los alimentos. Además, las bolsas necesarias por razones de limpieza y sorbetes para uso médico.

El Minam, en coordinación con Produce y Sunat, en un plazo de 120 días implementará un registro de fabricantes, importadores y distribuidores, quienes deberán inscribirse en 120 días en el registro. Ellos brindarán anualmente información para recopilar y sistematizar la información. Asimismo conjuntamente el Minedu y Produce desarrollarán acciones de educación y sensibilización para generar conciencia sobre los efectos de los plásticos y generar un compromiso por el medio ambiente.

Durante una operación de la unidad de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima en el local denominado “La Casa de la Salud”. Se detectaron malas condiciones de almacenamiento de los alimentos, infraestructura inadecuada y lo que es más repugnante, presencia de cucarachas, suciedad y productos en mal estado en el ambiente donde se elaboran los panetones.

Por esta grave falta los dueños del local tendrán que pagar una multa de 2.075 soles  (50% de una Unidad Impositiva Tributaria) y el local permanecerá cerrado hasta que levanten las observaciones hechas por lo especialistas, entre ellas: mejoras en la pintura y muebles de madera del establecimiento, puntos de higiene como lavaderos, toallas descartables y rotulación de los productos con fechas de vencimiento y registro sanitario.

Debido a este hallazgo los inspectores recomendaron al público verificar dónde compran sus productos por el alto riesgo que pueda ocasionar a su salud y verificar la fecha de caducidad del mismo, con el fin de evitar enfermedades gastrointestinales.

Juan Huata Parillo, gerente general de la Sociedad de Beneficencia Pública, confirmó que la emisión del Decreto Legislativo 1411, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, da la opción global a nivel nacional para que todas las beneficencias públicas pasen al régimen privado.

“Según este decreto, el plazo para la adecuación a la presente norma por parte de las entidades involucradas es de aproximadamente 5 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, mientras que el proceso de transferencia de funciones y competencias del Ministerio de la Mujer a los gobiernos locales provinciales sobre las Sociedades de Beneficencia que se encuentren pendientes, culmina el 30 de abril de 2019”, explicó.

Asimismo, mencionó que los 36 trabajadores nombrados que están en el régimen 276, si desean, pueden trasladarse al 728, aunque antes de ello deberán realizar los documentos de gestión, reformular una nueva estructura de acuerdo a las necesidades de cada beneficencia, con los puestos y los perfiles que se requieren, para lograr un manejo más empresarial.

Esta normativa también considera la atención más amplia, con algunos indicadores, al adulto mayor; la atención con mayor cobertura a los niños vulnerables y atender en los comedores a la población vulnerable. Asimismo, enfatizará las casas refugio para atender a la población que sufre violencia.

Huata Parillo recalcó que las beneficencias deben tener un manejo más empresarial, a fin de captar más recursos y realizar la atención de la población más vulnerable, según la normatividad; pero para que exista eficiencia, calidad y productividad, los trabajadores deben cumplir los perfiles y lograr lo estipulado.

Aclaró que el directorio tiene la máxima autoridad, pues tiene una autonomía económica y política, en tanto que las entidades del Estado, como la municipalidad, solo nominarán tres miembros del directorio.

Incluso presupuestalmente ya no dependerán del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Todo ello hace deducir que incrementarán el precio del alquiler de los 42 departamentos e inmuebles que pusieron en oferta.

Finalmente, señaló que las Sociedades de Beneficencia, bajo responsabilidad administrativa, estarán obligadas a reportar la documentación requerida por la Plataforma de Información para el seguimiento de las actividades de protección social, comerciales y administrativas.

Puno. Diego Yucra, titular del Archivo Histórico, indicó que el Archivo Regional de Puno cuenta con archivos que datan de 1663, y un fondo documental de 1624.

“Los más antiguos documentos son expedientes que tratan temas criminales (judiciales) y civiles; asimismo, también existen cédulas reales. En tanto, en el tema notarial se conservan documentos de la venta de esclavos, pero la mayoría de ellos no están completos”, sostuvo.

De la misma manera, explicó que la cantidad de archivos almacenados en dicha institución se mide en metros lineales y que tan solo el Archivo Histórico tiene una medida aproximada de 600 metros lineales.

Cabe resaltar que el Archivo Regional realizó, en la víspera, una muestra fotográfica en la que se mostró a la población las fotos más antiguas de Puno.