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Obras avanzan a paso de “tortuga” en la provincia de San Román

El regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Javier Chura, reveló que el 80 % de proyectos municipales están paralizados o presentan retrasos significativos. La autoridad denunció graves deficiencias en la gestión de funcionarios ediles.

Obras como el Terminal Terrestre registran apenas 11 % de avance físico según cronograma establecido. La Urbanización Zarumilla presenta 25 % de ejecución y debería entregarse el 3 de octubre. Vista Alegre alcanza 41 % de progreso con entrega prevista para septiembre. El Parque Temático muestra únicamente 16 % de avance físico.

Además, alertó que los proyectos que se ejecutan por la modalidad de contrato también tienen serios retrasos. El regidor atribuyó los retrasos a deficiencias en gerentes y subgerentes municipales. “Los funcionarios no están haciendo un buen trabajo”, manifestó. Denunció la existencia de un presunto “club de la construcción” en la comuna provincial.

Se cae licitación para el estadio Enrique Torres Belón de Puno

El proyecto para la reparación de la pista de atletismo y la compra de una torre de iluminación para el estadio Enrique Torres Belón sufrió un tropiezo con la anulación del proceso para la contratación de un contratista para que se haga cargo.

Este 21 de agosto se firmó la Resolución Ejecutiva Regional que declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección y obliga a convocar nuevamente a concurso. De acuerdo al documento, la razón de la anulación fue que los responsables no presentaron el cálculo de la iluminación en el expediente técnico y luego quisieron introducir dichos cálculos en la etapa de absolución de las consultas.

Las empresas postoras tenían que obtener los requerimientos de niveles de iluminación, cáculos fotométricos y distribución de luminarias desde el principio pero no fue así. Cabe recordar que se reportó el expediente concluído desde el 3 de marzo del 2025 y se estima que el proyecto tenga un costo de S/ 16 millones 679 mil.

En tanto, su proyecto “gemelo”, el aprobado para reparar el campo deportivo también está en suspenso y no se tiene información sobre su convocatoria a pesar de los anuncios. Cabe recordar que el 6 de agosto, Richard Hancco Soncco, anunció relanzamiento del proyecto de mejoramiento del Estadio Enrique Torres Belón, luego de varias dificultades técnicas pero, una vez más, sus promesas cayeron en saco roto.

“Porky” apunta electoralmente a Puno pero varios se resisten

Rafael López Aliaga consiguió 15 mil 918 votos en la región Puno durante las elecciones del año 2021 y, su cortejo político a la región altiplánica apunta a que quiere conseguir muchos más, sin embargo, se ganó un fuerte rechazo a raíz del golpe a Pedro Castillo.

Su cortejo político se hizo más evidente con la entrega de motocicletas a centros poblados de Puno en la víspera, acto que se suma a su asociación con el alcalde de Juliaca para traer trenes del extranjero y a su criticado “Hospital de la Solidaridad”.

Javier Bernal figura como artífice del acto y, entre las autoridades locales, resaltó el alcalde del centro poblado Capaya Mocaraya de Ácora, Marco Grober Sosa Flores quien dijo: “quiero agradecer a Dios por compartir este momento histórico gracias a Rafel López Aliaga a quien le dicen ‘Porky’ pero en aimara le decimos ‘Cuchi’.

CAMPAÑA

El comunicador Liubomir Fernández califica a la entrega de motos como “Lobby político encubierto” y agrega: “Ahora, en campaña necesitan nuestro voto y su hipocresía es tal que ahora sí les importa Puno.

Estos virreyes con olor a naftalina no deben volver a tomarnos el pelo. La memoria del pueblo va a ser determinante” expresó en redes sociales.

ESTAFA

Hablando de memoria: los internautas expresaron: “Su hospital de la solidaridad es una estafa” o “Su hospital de la solidaridad no funciona”. Cabe recordar que Los Andes advirtió que dicho hospital era una estafa.

PUNO: Diario Los Andes 02/09/2025

AREQUIPA: Diario Los Andes 02/09/2025

Alberto Quintanilla: “Hay una voluntad de fraude”

Todas las piezas de las elecciones 2026: inscripción de partidos, inclusión de votantes, manejo de jurados, intrusión de la fiscalía y el Poder Judicial arrojan una imagen de inminente fraude según varios analistas. Uno de los más conocidos en este medio, el político Alberto Quintanilla, ve el próximo proceso electoral con demasiadas dudas sobre su transparencia.

Para entender su punto, es necesario repasar las llamadas anomalías que ya se manifestaron en el proceso y, quizá, anticipar las que vienen. Estas incluyen extensiones en plazos, inclusiones novedosas de votantes, innovaciones tecnológicas y prácticas que podrían afectar la equidad y transparencia.

La información se basa en fuentes oficiales como el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como en reportes periodísticos, opiniones expertas y declaraciones de figuras políticas como el excongresista Alberto Quintanilla.

PADRÓN

El padrón electoral, que define quiénes pueden votar, ha sido objeto de múltiples extensiones en su fecha de cierre, lo que algunos analistas consideran una anomalía. Inicialmente, el cierre estaba previsto para el 12 de abril de 2025, pero fue ampliado al 12 de octubre de 2025 y finalmente al 14 de octubre de 2025, según anuncios del Reniec.

Esta prórroga se justificó para permitir que más ciudadanos, especialmente en el exterior, actualicen sus datos y obtengan el DNI electrónico necesario para nuevas modalidades de voto. Críticos argumentan que estas extensiones podrían facilitar inscripciones irregulares o dilatar el proceso, erosionando la confianza.

Por ejemplo, el Reniec advirtió que millones de DNI caducados podrían excluir votantes si no se actualizan a tiempo. Alberto Quintanilla ha calificado esto como una violación de las reglas, afirmando que “la regla debe respetarse” y que no se pueden modificar las normas un año antes de las elecciones, ya que “no hay garantía de lo que está sucediendo” y esto equivale a “manipular las elecciones”. La Defensoría del Pueblo supervisó estos hitos y reportó cumplimiento general, pero enfatizó la necesidad de mayor difusión para evitar exclusiones.

VOTAN POLICÍAS Y MILITARES

La Policía Nacional del Perú (PNP) estaba excluida del sufragio para preservar su neutralidad. Para 2026, se introduce su inclusión mediante el voto digital obligatorio, afectando a más de 235.000 efectivos.

Esta reforma se basa en la Ley Orgánica de Elecciones modificada, que permite su participación remota para evitar despliegues que interfieran en sus deberes. Algunos ven esto como una anomalía positiva para la democracia, ampliando derechos civiles.

Sin embargo, opositores temen que pueda influir en resultados electorales, dada la disciplina jerárquica de estas instituciones, y cuestionan si el voto digital garantiza secreto y libertad.

Quintanilla ha expresado fuerte oposición, argumentando que “me llaman absolutamente la atención” y que los militares y policías deben votar “como cualquier ciudadano afuera donde se garantice el tributo secreto”, no a través de “aparatos electrónicos que pueden ser controlados y manipulados o vigilados por sus superiores o por algún organismo que quiera tergiversar la voluntad”, considerándolo “un error”.

El Reniec distribuirá DNI electrónicos gratuitos a estos grupos, y el Ministerio de Defensa coordina con la ONPE para implementación. Expertos como Silvia Guevara Pérez destacan su rol en inclusión, pero advierten riesgos de ciberseguridad.

VOTO VIRTUAL (VOTO DIGITAL)

El voto virtual, o digital, es una novedad voluntaria para grupos prioritarios (como peruanos en el exterior, personas con discapacidad y servidores públicos desplazados) y obligatoria para FF.AA. y PNP. Se realiza vía aplicación móvil con DNI electrónico y certificado digital vigente, equivaliendo al sufragio tradicional. Críticos lo califican como anomalía por posibles vulnerabilidades a hackeos o exclusión digital, en un país con brecha tecnológica.

La ONPE defiende su progresividad y seguridad, con pruebas piloto planeadas. El Congreso aprobó su regulación en marzo de 2025, y se requiere certificado digital renovado para usarlo. Opiniones divididas: algunos lo ven como modernización, otros como riesgo de fraude, especialmente en el extranjero.

Quintanilla refuerza estas críticas al vincularlo con la inclusión de militares y policías, enfatizando el riesgo de manipulación en dispositivos electrónicos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El JNE implementará IA para asistir en la revisión de planes de gobierno, resolución de controversias y posiblemente en el escrutinio de actas, reduciendo tiempos de horas a minutos. Esta herramienta no reemplaza decisiones humanas, pero optimiza procesos en un contexto de alto volumen de candidaturas.

Anomalías potenciales incluyen sesgos en algoritmos o falta de transparencia, lo que podría cuestionar la imparcialidad. Quintanilla no aborda directamente la IA, pero su preocupación general por el “copamiento” de instituciones como el JNE sugiere riesgos adicionales en herramientas tecnológicas controladas por entidades capturadas.

TACHAS MALICIOSAS

Una de las anomalías más denunciadas son las “tachas maliciosas”, recursos candidatos son los que se estiman como participantes de las próximas elecciones, una cifra que aparenta diversidad, pero encierra la trampa de la dispersión de votos y la exclusión de opciones de izquierda.

CIFRA

10 mil legales usados para impugnar inscripciones de partidos o alianzas sin base sólida, retrasando o excluyendo opositores. En 2025, un solo ciudadano presentó 10 de 24 tachas ante el JNE, concentrando casi la mitad. Esto se percibe como estrategia para bloquear competencia, especialmente contra partidos opositores.

El JNE ha excluido agrupaciones por firmas falsas o afiliaciones indebidas, como en casos de Perú Moderno. Opositores denuncian que el JNE no inscribe partidos críticos al gobierno, preparando un “fraude” para 2026.

Quintanilla destaca la exclusión de políticos como Martín Vizcarra, Ulises Villegas del Solar y Antauro Humala “por razones ideológicas y no políticas”, y menciona dificultades para consolidar alianzas, afirmando que “hoy día vamos a ir conociendo nuevos pasos en contra de la Democracia” y que se está “excluyendo a varios políticos al margen”. El Tribunal Constitucional y la Defensoría supervisan, pero persisten acusaciones de parcialidad.

Arequipa: Alcalde sueña con operatividad del SIT

El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, aseguró que la meta de su gestión es que el Sistema Integrado de Transporte (SIT) pase a la etapa operativa antes de concluir su mandato. Con el cambio de gerente de Trans‑ portes y la incorporación de David Hernández en el cargo, la autoridad municipal señaló que se busca licitar la troncal pendiente, implementar el pasaje electrónico y garantizar la renovación de flota.

Sin embargo, persiste la gran pregunta: ¿están dadas las condiciones para que el SIT deje de ser solo un proyecto y empiece a funcionar en la práctica?

ESTADO ACTUAL

El SIT de Arequipa es un proyecto de transporte masivo planificado desde principios de siglo, con apoyo de organismos internacionales (BID, CAF, EMBARQ). La Municipalidad Provincial definió legalmente el SIT en la Ordenanza 640‑2010 (compatible con la norma nacional de transporte) como un sistema de alta capacidad con 80 rutas integradas y estaciones centralizadas.

Las obras físicas comenzaron en julio de 2012 (construcción de plata‑ formas de estación y primeros corre‑ dores), aunque ya en agosto de ese año solo se reportaba un avance del 25 %. Tras varios estudios y cambios de diseño (incluso se evaluaron alternativas como monorriel o tranvía), la primera fase práctica del SIT entró en marcha en 2019: el 30 de mayo de ese año se inauguró la ruta alimentadora A‑5 (C3) operada por TransCayma S.A.C., marcando el inicio de la fase preoperativa.

Esta etapa preoperativa, inicialmente prevista para culminar en 2021, se ha extendido hasta 2024 debido a retrasos (pandemia, ajustes técnicos, etc.). El recientemente designado gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), David Hernández, ratificó el anuncio del alcalde sobre el inicio de la etapa operativa del SIT en esta gestión.

Aseguró que “para el 2026 se podrá pasar a la etapa operativa”, y que ya se han instalado las condiciones administrativas para lograrlo. Hernández explicó que los siguientes pasos incluyen la convocatoria de concesiones pendientes —entre ellas, el sistema de recaudo electrónico, el fideicomiso y la troncal norte-sur— que son claves para consolidar el SIT.

El funcionario adelantó que en este mes se darían a conocer los cronogramas y fechas de las licitaciones. En materia de transporte urbano, señaló que también se implementará el eje demostrativo Norte-Sur, que conectará el aeropuerto con el Centro Histórico y la zona del centro comercial Andrés Avelino Cáceres, con una flota de alrededor de 850 buses en operación y la incorporación de 20 nuevas unidades.

“Será un eje demostrativo donde el servicio funcionará con todos los componentes y permitirá mostrar a la ciudadanía que el sistema es viable”, declaró. Sobre la regulación, insistió en que el alza de pasajes no depende de las empresas operadoras, sino que está sujeta a contratos y a la supervisión de la autoridad municipal.

En cuanto a la informalidad, Hernández sostuvo que el SIT busca integrar a conductores hoy fuera de la formalidad a través de los consorcios y del fideicomiso que permitirá renovar flotas. “Hay condiciones para ampliar la flota e integrar conductores al sistema”, enfatizó.

CONCESIONARIOS

Desde el lado de los operadores, la visión es mucho menos optimista. Jesús Olin Apaza, miembro de la Asociación de Transportes Characato —uno de los consorcios del SIT—, considera que el 2026 aún luce distante para hablar de una verdadera etapa operativa. “Estamos muy, muy lejos”, advierte.

Su crítica apunta tanto a los propios consorcios como, sobre todo, a la Municipalidad Provincial de Arequipa, a la que acusa de inoperancia: “La municipalidad tiene gran parte de responsabilidad. No ha cumplido con temas básicos como los paraderos, la sensibilización ciudadana ni la acreditación de unidades.

Eso nos mantiene trabajando en un vacío”. Uno de los puntos más delicados es el modelo económico. Actualmente, los operadores están obligados a mantener la tarifa de un sol, pese al incremento sostenido de los costos de combustibles y repuestos. “Es insostenible. Estamos subsistiendo con ese pasaje”, afirma Olin Apaza. Los concesionarios no pueden mover la tarifa sin autorización municipal.

A ello se suma la competencia desLa primera ruta del SIT recién se inauguró en mayo de 2019, pese a que el proyecto fue planificado desde inicios del 2000. DATO leal del transporte informal, que según el dirigente ha sido ignorada por las autoridades, generando graves pérdidas económicas para las empresas del SIT.

Finalmente, Olin Apaza señala problemas con la acreditación de las unidades: si bien cumplen con requisitos como el seguro obligatorio contra terceros, el municipio demora en los trámites que deberían resolverse en semanas. “Eso no garantiza que podamos pasar a una fase operativa”, sentencia.

ANÁLISIS

El especialista en transporte, Elvis Jump, considera que el SIT sí podría entrar en operación hacia el 2026, pero solo si se cumplen una serie de condiciones técnicas y financieras muy concretas.

Por el lado de la municipalidad, la tarea es clara: licitación pendiente de la segunda troncal del sistema, la contratación del ente recaudador, que se encargará de vender tarjetas, recaudar pasajes y pagar a los operadores por kilómetro recorrido; la reconstrucción y mantenimiento de paraderos e infraestructura ya deteriorada en el corredor principal; y la inversión de entre 50 y 100 millones de soles para dejar listo el mobiliario urbano.

Del lado de los transportistas, el compromiso pasa por una renovación masiva de flota: se requieren alrededor de 2,000 buses nuevos, con un costo estimado de 200 millones de dólares, lo que implica acceso a créditos bancarios. Pero allí surge el principal obstáculo: el precio del pasaje. Actualmente, el pasaje de un sol es “irreal” y no permite sostener un servicio de calidad.

Según Jump, la tarifa debería oscilar entre S/ 1.50 y S/ 2.00 para que el modelo sea viable. Con un sol, “ningún banco financiará la compra de buses”. Esto plantea la necesidad de un ajuste tarifario acompañado de subsidios públicos, tal como ocurre en Lima con el Tren Eléctrico y el Metropolitano.

El especialista enfatiza además que el SIT no solo implica buses nuevos, sino un cambio de modelo operativo: dejar atrás el sistema actual, en el que los choferes compiten por pasa jeros, y pasar a un esquema donde los concesionarios son pagados por kilómetro recorrido. Eso obliga a cumplir frecuencias, horarios y estándares de calidad, independientemente de si la unidad viaja llena o vacía.

En resumen, para que el SIT deje de ser una promesa y se convierta en realidad, el municipio debe licitar, invertir y fiscalizar, mientras que los concesionarios deben renovar flota y aceptar el nuevo modelo de gestión, en un marco donde el Estado garantice subsidios al usuario más vulnerable. De lo contrario, advierte Jump, el 2026 será solo otra fecha incumplida en la larga historia del transporte en Arequipa.

Compromisos del Ministerio del Interior sin resultados en Puno

Pese a la visita del viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Fernando Reátegui Lazarte, y la creación de la Mesa de Trabajo Mixta con Componente Técnico sobre Seguridad Ciudadana en San Román, a tres meses de esta iniciativa no ha logrado resultados. En términos generales, la ola delincuencial continúa en toda la región de Puno, a pesar de contar con 4591 efectivos policiales distribuidos en la Región Policial Puno.

PRESUPUESTO

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, este contingente incluye 95 oficiales (3.6 %) y 4496 suboficiales (96.4 %), respaldados con un presupuesto de 24 millones 137 mil 219 soles asignados para este año. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha ejecutado el 44.1 % de los recursos, dejando en evidencia una gestión cuestionable.

El desglose del gasto presupuestario revela prioridades discutibles: 3 millones 174 mil soles se destinaron a gestión administrativa, mientras que 259 mil 498 soles fueron para difusión de la imagen institucional.

Solo 6 millones se asignaron al patrullaje, 2 millones a eventos públicos vigilados y 2.5 millones a operaciones para reducir delitos. Rubros como la mejora de comisarías recibieron 800 mil soles, pero los resultados en seguridad siguen siendo invisibles para los ciudadanos: ¿por qué los recursos no se traducen en seguridad?

¿DÓNDE ESTÁ EL CAMBIO?

En junio de 2025, bajo la supervisión del viceministro del Interior, Luis Fernando Reátegui Lazarte, se instaló la Mesa Técnica de Seguridad Ciudadana en San Román, con participación de autoridades locales y representantes de la sociedad civil.

Esta instancia se comprometió a trabajar en 12 puntos prioritarios, entre ellos, operativos multisectoriales, comunicación constante con dirigentes y la reestructuración de la Policía Nacional. Sin embargo, los avances son casi nulos, y la delincuencia sigue campando a sus anchas.

Uno de los acuerdos más sonados fue la creación de un laboratorio de criminalística en San Román, proyecto que recibió el visto bueno de la Oficina General de Infraestructura (OGIN) el 9 de junio de 2025, cuyo terreno entregado por la Municipalidad de San Román está ubicado en la urbanización Guardia Civil, el cual comprende un área de 779.13 metros cuadrados, cuya gestión es incierta.

El Ministerio del Interior también se comprometió a gestionar y ejecutar cuatro nuevas comisarías en los distritos de Asillo provincia de Azángaro, Macusani provincia de Carabaya, Huayrapata provincia de Moho y Taraco provincia de Huancané, además de la División Policial de Azángaro para cubrir Azángaro, Carabaya, Sandia y San Antonio de Putina. El Informe de Estudio de Estado Mayor N° 001-2025, emitido el 26 de mayo, sigue en papel, sin ejecución.

El 15 de julio de 2025, la Dirección de Administración de la PNP anunció la asignación de dos camionetas y 20 motocicletas para reforzar el patrullaje en Puno, así como el compromiso de la autoridad municipal de entregar a la división policial de San Román 14 motocicletas y 14 camionetas (9 nuevas y 5 en segundo uso) para incrementar el patrullaje, los cuales se asignaron.

Aunque el refuerzo fue celebrado, los ciudadanos no perciben mejoras. Los operativos conjuntos, como los realizados los días 20 y 27 de junio, donde se intervino 14 bares y discotecas y se detuvo a menores de edad y personas con requisitorias, no volvieron a repetirse.

MINIMIZAN ASALTOS

El gerente de Seguridad Ciudadana de San Román, Percy Quispe González, restó importancia a los hechos delictivos justificando que los índices han disminuido desde su asignación en el cargo, “no nos ha iluminado Dios, hemos realizado esfuerzos y acciones conjuntas con la Policía para disminuir la inseguridad ciudadana, pero algunos detractores quieren opacar estos logros”, señaló, pero fue desmentido ante situaciones delincuenciales presentadas en los últimos días, hecho que motivó la ácida crítica de la población, incluso los regidores desde el Concejo Municipal piden su cambio.

“LA MESA TÉCNICA NO FUNCIONA”

El indignado dirigente juliaqueño, Antero Pimentel, desde el jirón Jorge Chávez, lugar donde asaltaron a una fémina esta última semana, advirtió a las autoridades que, si ellos no ponen orden y seguridad, la población tendrá que poner su propia Ley, “Empezaremos con los linchamientos y ajusticiamientos populares, no tenemos otras opciones”, declaró Pimentel.

Al ver una región sitiada por la inseguridad ciudadana; en el distrito de Ananea centro poblado de La Rinconada, los hechos delictivos son incidentes normales y constantes, como el caso de un hombre que le disparó nueve veces a un guardia de seguridad tras ser expulsado de una discoteca, o el reciente asalto a bus de pasajeros en la vía Juliaca-Sandia, hechos que impulsan a tomar medidas radicales opinó el dirigente.

“LA PRESENCIA POLICIAL NO SIRVE SI NO HAY ACCIÓN”

 El 44.1% del presupuesto gastado no se traduce en seguridad. Los 136 mil soles para combatir minería ilegal o los 50 mil soles para preparación ante emergencias son insuficientes. “Falta voluntad política”, advierten analistas, mientras la delincuencia opera sin frenos.

“La presencia policial en las calles es importante, sin embargo, si no se tiene un plan de trabajo, la preparación adecuada de los mismos policías cuando ocurre un asalto, robo, secuestro de qué sirve”, sostiene Antero Pimentel, al ver patrulleros dirigirse a actividades particulares de los efectivos o a policías en las calles, reunidos simplemente pasando el tiempo.

“No hay un plan claro”, critican dirigentes, pues los operativos anunciados no se ejecutan. La Inspectoría de la PNP debe investigar a 117 policías por conducta indebida, pero los informes no se publican. El Congreso aprobó la Ley N° 32386 en junio, que exige una reestructuración del Ministerio del Interior y la PNP en 90 días.

El plazo vence pronto, pero no hay cambios visibles. La Mesa de Trabajo Mixta, presidida por el presidente de la Sala Penal de Apelaciones, Hernán Layme Yépez, parece más un espacio de promesas que de soluciones.

Arequipa: Población de Islay está contaminada

La situación ambiental y sanitaria en la provincia de Islay se agrava cada día, frente a la inacción del Ejecutivo Nacional y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Informes del Instituto Nacional de Salud (INS), entregados por el congresista Jaime Quito, revelan que la población presenta niveles alarmantes de arsénico en la orina, mientras que, paralelamente, el Gobierno central no ejecuta planes de mitigación frente a la contaminación minera que afecta al río Tambo y sus afluentes.

Según los documentos del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), el 28 de febrero se emitieron reportes oficiales sobre las 296 muestras biológicas tomadas en distintos distritos de Islay.

Del 25 al 27 de noviembre de 2024, personal de la Red de Salud Islay recolectó 236 muestras de orina en los distritos de Mejía y Mollendo, que fueron enviadas a los laboratorios de Censopas en Lima.

Un mes después, entre el 28 y 31 de diciembre de 2024, se recogieron 60 muestras adicionales en los distritos de Cocachacra y Punta de Bombón. Todas fueron procesadas en la sede de Chorrillos del INS en las primeras semanas de enero de 2025.

RESULTADOS

Los resultados, publicados en dos informes técnicos fechados el 28 de febrero de 2025, muestran que el 86.9 % de los habitantes de Mejía y Mollendo supera los límites de exposición de arsénico establecidos en menos de 20 microgramos por gramo de creatinina.

La concentración más alta llegó a 451.63 µg/g de creatinina en un niño, más de veinte veces el nivel permitido. En Cocachacra y Punta de Bombón, la situación fue aún más grave: el 90 % de los pobladores analizados presentar niveles por encima del límite de referencia, con un máximo registrado de 315.58 µg/g de creatinina en adultos.

Incluso, en quienes no alcanzaron resultados válidos (10 % de las muestras), el descarte se debió a valores anormales de creatinina, lo cual no significa ausencia de riesgo, sino que los resultados no pudieron expresarse en términos técnicos comparables.

El documento del INS recomienda aplicar de inmediato la Guía Técnica para el Abordaje Integral a Personas Expuestas a Arsénico (R.M. N.° 168- 2022/MINSA), pero hasta ahora no se ha anunciado un plan concreto de atención médica ni de monitoreo sostenido para la población.

CONTAMINACIÓN

Más allá de los análisis clínicos, la preocupación se extiende a la cuenca hidrográfica. El 28 de agosto, el congresista Jaime Quito encabezó una inspección en la cabecera del río Tambo, en la zona donde opera la Unidad Minera Florencia Tucari, acompañado de representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Durante la visita, constató que en la zona no existen equipos ni obras en ejecución para instalar una planta de tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, pese a que el Estado había declarado la necesidad de remediación en varias oportunidades.

“La contaminación sigue, son diversos ríos que se van contaminando en el trayecto hasta llegar al río Titire, luego al río Coralaque y después al río Tambo”, denunció. El problema no es reciente. El río Titire ya había sido catalogado por el Ministerio del Ambiente como una de las fuentes hídricas más impactadas por relaves mineros.

Su contaminación se traslada al Coralaque y luego al Tambo, afectando más de 35 mil hectáreas agrícolas en Moquegua y Arequipa, donde se cultiva arroz, caña y hortalizas. Según el parlamentario, el origen está en las filtraciones de la minera a través de las quebradas Postoloni y Margaritani, esta última con mayor caudal. El agua contaminada llega al río Quiyllitarahui, luego al Aruntaya, después al Titire, luego al Coralaque y finalmente al Tambo.

FALTA DE ACCIÓN

Quito recordó que en una reunión con el Ministerio de Energía y Minas se anunció una asignación de S/ 20 millones para contratar, mediante licitación pública, a una empresa encargada de elaborar y ejecutar el plan de remediación ambiental en Moquegua.

Sin embargo, a casi un año de dicho compromiso, no se ha concretado ningún avance en campo. Ante esta inacción, el Gobierno volvió a declarar el Estado de Emergencia por 60 días en diez distritos de las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, desde el 28 de agosto, por el peligro inminente de contaminación hídrica que amenaza la salud de las personas, la agricultura y la ganadería. Parte de estas zonas ya habían sido declaradas en emergencia en 2024.

Por ello, Quito advirtió que una medida de este tipo solo será útil si se ejecuta de inmediato el plan de remediación, al que calificó como la única salida viable para frenar la contaminación. “Estamos viendo una pasividad tremenda de parte del Gobierno porque evidentemente está preocupado en su impunidad y los ministros están preocupados en ser sus escuderos y no les importa que haya un desastre ecológico”, señaló.

GRA SOLO DARÁ AGUA

Pese a la aceptada presencia de metales pesados en el Tambo, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) reconoció que su única medida inmediata será enviar cisternas de agua potable a los distritos afectados de Cocachacra, Deán Valdivia y Mejía.

El jefe del COER, José Luis Barrezueta Reyes, ratificado en el cargo por el Consejo Regional el 25 de agosto, deslindó responsabilidades y aseguró que corresponde al Ministerio de Energía y Minas (Minam) implementar acciones de mitigación de fondo.

Barrezueta justificó la frustrada compra de 11 plantas de tratamiento de ósmosis inversa valorizadas en S/ 3.9 millones, alegando que el proveedor exigía un adelanto prohibido por ley. Sin embargo, versiones internas del propio GRA sostienen que las pruebas realizadas a los equipos resultaron fallidas.

NUEVAS AMENAZAS

El congresista también alertó sobre el inicio de operaciones de un nuevo proyecto minero denominado “Katy”, ubicado en la cabecera del río Titire. Según explicó, este emprendimiento podría duplicar los niveles de contaminación en la zona, ya que las aguas de ese afluente también llegan al río Tambo.

Señaló que en lugar de detener la contaminación, lo que hace el Gobierno, a través del Minam, es facilitar licencias o reducir requisitos para que las mineras amplíen su operación.

Wilber Aduviri: “Yo quiero ser diputado”

En este ciclo de entrevistas a personajes ligados a la política y sobre todo a los comicios electorales del próximo año, Diario Los Andes conversa con Wilber Aduviri Calisaya, sobre su candidatura a la cámara de diputados, su cercanía a Roberto Sánchez, líder del partido político Juntos por el Perú y sobre la situación que hoy vive su hermano Walter, líder del “Aimarazo”, en el 2011.

¿Cómo se autodefine usted?

Me considero una persona con valores, persevarante, incisivo con sus sueños. Gracias a mis padres, campesinos ellos, es que pude concretar algunos de mis objetivos, convencido de que la única forma de salir adelante es la educación.

¿Uno de sus sueños era incursionar en la política?

Le cuento. Estando en la universidad, pase por problemas económicos. Esta situación me obligó a retirarme por un tiempo y dejar mis estudios. Era la transición Fujimori – Toledo, se develaba la corrupción del exrector Juan Astorga. Con un grupo de compañeros buscábamos matricularnos, sin embargo se vulneraron nuestros derechos y esto dio pie a organizar protestas. De allí en adelante me propuse incursionar en algún momento en la política, y así lo hice en el Movimiento Andino Socialista (MAS) de José Gutiérrez Alberoni.

Pero ahora está incursionando, si cabe el término, en ligas mayores. ¿Es este su momento?

Como todos, tenía planes, me planteé una visión. Mire, yo soy crítico de los dirigentes estudiantiles que luego se nombraron como profesores en la Universidad Nacional del Altiplano, en cambio, yo decidí por mi propio esfuerzo labrar un camino y así lo hice. En el 2014 apoyé a mi hermano en su incursión política y ahora creo que es el momento y por eso me acerqué a Roberto…

¿Roberto Sánchez no? ¿Cómo se produce ese acercamiento? Contextualice por favor.

Tuve la oportunidad de llegar a Lima, trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y desde allí pude ver el clientelismo político, cómo se teje la corrupción, cómo se negocia con jueces y algunos medios de comunicación. Comprobé que podía estar solo de mirón, pues como un funcionario de nivel intermedio no podía tomar decisiones. Es así como me acerco no solo a Roberto Sánchez, también a Pedro Castillo, Verónica Mendoza, entre tros líderes de izquierda.

¿Por qué se decantó por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú?

Sánchez fue consecuente y por eso hasta ahora se pronuncia respecto a todo lo que ocurre con el expresidente Castillo. Yo le expliqué mi intención de involucrarme y así es que empezamos a hablar sobre proyectos nacionales y regionales, la realidad política del país y después de un año Roberto me propone representar a Puno.

Está claro entonces, usted será candidato.

Sí. Soy precandidato a la cámara de diputados, en un 90 % esto es seguro, aunque usted sabe en política nunca se sabe, tantas cosas pueden ocurrir.

¿Quién lo respalda?

Tengo el respaldo de Pedro Castillo, he hablado con amigos en Puno.

Se especuló sobre la posibilidad de postularlo a la presidencia del Perú. ¿Es esto cierto?

No tengo conocimiento. Nuestro precandidato a la presidencia es Roberto Sánchez y yo lo respaldo y apoyo.

Hay una intención de inhabilitarlo. ¿En ese escenario?

 Es una realidad. Recuerde que el Tribunal Constitucional ha repuesto a Roberto Sánchez, si se insiste con eso, entonces estamos hablando de un acto de mala fe del Congreso, yo espero que no sea así…

¿Confía usted en lo que haga el Congreso…?

No, no… digo que si insisten en ese tema quedará claro la existencia de una manipulación electoral…

¿No es evidente? ¿No cree usted que hay un peligro de fraude?

Sí, existe ese peligro, pero confiamos en que todo se desarrolle tal cual lo determinan las normas…

¿Ser candidato al Gobierno Regional de Puno, no es una posibilidad para usted?

No, no es una posibilidad. El candidato Marcelino Tonconi está a la espera de una sentencia,

¿No se ha planteado ese escenario?

Existen acuerdos, todo ya está dado y eso se respeta.

Su apellido tiene una connotación reivindicativa de los pueblos del Altiplano por todo lo que ocurrió con su hermano. ¿Es este su principal soporte?

Lamentablemente a mi hermano le han cortado las alas. Es un impulso colectivo en realidad. Convencer a otros de lo que significa este objetivo, la reivindicación de nuestros pueblos.

¿Incursionar como candidato tiene como uno de sus objetivos cambiar la situación legal de su hermano?

No se trata solo de él, se trata de líderes de todo el país. Se debe trabajar proyectos que favorezcan a los grandes líderes, para eso se necesita trabajo en equipo. Percibo una crisis de representatividad. La población no articula con sus congresistas, por ejemplo. ¿Cómo cambiar eso? Trabajo en equipo, es lo que hace falta. No hay una idea clara y cada uno está por su lado.

¿Qué plantea como candidato?

La reforma del sistema judicial, la población ya no sabe en quién confiar y aquí recojo lo que alguna vez mi hermano propuso, elecciones por voto popular de jueces y fiscales. Además, me interesa propulsar una Ley de Incompatibilidad. Fíjese, la Universidad César Vallejo del señor César Acuña, es en realidad una escuela política donde jueces y fiscales son profesores. Se trata de un fortín de políticos, evidente conflicto de intereses en la educación.

¿Cuál será su lema de campaña?

¡Juntos por Puno! ¡Juntos por el Perú!