Según el abogado Manuel Pino, las gestiones municipales de Puno han incurrido en el delito de omisión de funciones.
En abril del 2015, el alcalde de ese entonces, Iván Flores Quispe, realizaba su informe de 100 primeros días de gestión y señalaba que existían obras no liquidadas por la gestión de Luis Butrón Castillo. Ese fue el caso de las 16 losas deportivas del programa “Canchitas de mi barrio”, financiado mediante la empresa Telefónica.
Han pasado 3 gestiones y casi 8 años desde la edificación y uso de estas canchitas entregadas a las urbanizaciones Machallata, Alto Llavini, Los Ángeles, San José, Aprovi Las Cantutas, Cerro Colorado, Rinconada Salcedo, Agricultura, César Vallejo, Manto Nueva Esperanza, Manto Centro, San Martín, Huaynapucara, Villa Copacabana, Alto Bellavista, y Andrés Avelino Cáceres, pero no son mantenidas por parte del órgano edil.
Esto se debería a que las obras no fueron liquidadas ni entregadas en su totalidad como proyecto, por parte de ninguna de las autoridades que han pasado por el gobierno municipal.
Según el subgerente saliente de educación, cultura y deporte, Sergio Caira, estas canchas están judicializadas y su administración recae en los presidentes barriales.
“Están en arbitraje, están en juicio. Nosotros no las podemos tocar. No se han entregado y no hay liquidación de obras; en otras palabras, está en poder de Telefónica (relativamente) como sector privado; pero Telefónica las ha dado a los barrios, a los presidentes y varias de estas canchas están en administración de los barrios”, expresó.
Posibles delitos
Según Miguel Pino, abogado y excandidato al Congreso, la dejadez de la administración municipal puede incurrir en el delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión a los deberes de función, además de que al liquidarse la obra se demuestra gastos mal hechos o mal justificados y también se estaría incurriendo en otro delito.
“Por cómo se han dado los hechos y que hasta el día de hoy no haya una liquidación, y que se haga poco o nada de parte de las gestiones, se incurre en el delito contra la administración pública en la modalidad de omisión a los deberes de función. Además, nos muestra que no se sabe si hubo sobrevaloraciones porque no se rindió cuentas de cómo se llevó la obra, si esa rendición de gastos trae perjuicios al Estado, es colusión agravada”.
