Escribe: Jeamilett Chirinos Bernal
La unidad de flagrancia enfrenta un grave problema debido a la falta de defensores públicos asignados exclusivamente a esta instancia judicial.
A pesar de que el Ministerio de Justicia se había comprometido a designar a 35 defensores para reforzar la unidad, hasta la fecha, ese compromiso no se cumple, según denunció el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, César de la Cuba Chirinos.
La ausencia de personal especializado ha provocado que los defensores públicos existentes tengan que asumir también la carga procesal penal de víctimas, además de los casos de flagrancia.
Este doble rol genera una sobrecarga laboral que dificulta el adecuado funcionamiento del sistema, cuya principal función es resolver casos en un plazo ágil y con todas las garantías legales.
De la Cuba hizo un llamado al Ministerio de Justicia para que asuma su responsabilidad y designe al personal necesario. “En el caso de Arequipa no hay un solo defensor público asignado exclusivamente a la unidad de flagrancia”, indicó.
Contar con defensores especializados es necesario para garantizar que la unidad de flagrancia cumpla con su objetivo de resolver casos en menos de 72 horas, como ocurre en delitos de hurto agravado, robo o conducción en estado de ebriedad.
El presidente de la Corte también destacó que, a pesar de las limitaciones, los defensores públicos demostraron compromiso al asumir una carga laboral que excede sus capacidades.
Sin embargo, insistió en que el funcionamiento eficiente de la unidad de flagrancia depende de que se cumpla el compromiso de enviar a los defensores prometidos.
Dato
Sobrecarga laboral para los defensores públicos existentes dificulta acceso a justicia.
