Por: Los Andes
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, hizo un llamado a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público para rechazar la politización de la justicia y la judicialización de la política, fenómeno conocido como “lawfare”.
Durante su participación en un programa de radio, Ochoa enfatizó: “Hay que evitar el ‘lawfare’; es decir, utilizar procesos constitucionales o judiciales para inhabilitar al adversario político”.
El magistrado evitó responder directa mente si este mecanismo ya está presente en el Perú, aunque su declaración toma relevancia frente a episodios recientes, como la cuestionada acusación del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori durante la campaña electoral de 2016.
Según declaraciones del asesor Jaime Villanueva, dicha acusación habría sido impulsada por intereses externos, incluyendo influencias del periodista Gustavo Gorriti, entonces asesor cercano a Pedro Pablo Kuczynski.
El caso Cocteles y otros, como Lava Jato, reflejan el problema de priorizar investigaciones políticas sobre casos de corrupción de alto impacto.
Mientras en Brasil las investigaciones derivaron en pruebas contundentes contra empresas y funcionarios, en Perú se habrían negociado acuerdos de colaboración que no aportaron evidencias significativas.
“El Código Penal debe aplicarse sin distinciones, y no con favoritismos políticos”, sostuvo Ochoa.
Sin embargo no reconoció que haya “lawfare” contra figuras de izquierda.
