POR: Karen Ccama
La región Arequipa enfrenta una alarmante situación de violencia sexual en el entorno escolar. Según el portal oficial SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu), hasta el 5 de octubre de 2025 se registraron 121 denuncias de agresión sexual en instituciones educativas públicas y privadas. La mayoría de los casos fueron perpetrados por docentes y personal escolar contra estudiantes, reveló el Diario Correo en su edición regional.
De acuerdo con las cifras, 61 denuncias corresponden a agresiones cometidas por trabajadores de las instituciones educativas; principalmente docentes hacia escolares, mientras que 60 casos involucran agresiones entre los propios estudiantes.
Tocamientos y actos libidinosos encabezan los reportes
El tipo de agresión más frecuente es el de “tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos”, que concentra 81 denuncias. Le siguen 27 casos de acoso sexual y 11 denuncias de violación sexual.
Estas cifras muestran una tendencia ascendente respecto a los años anteriores; en 2023 y 2024 se reportaron en conjunto 101 denuncias, mientras que en lo que va del 2025 el número ya supera ampliamente esa cantidad.
Niveles educativos más afectados
Los reportes del Minedu evidencian que la violencia sexual escolar afecta principalmente a estudiantes de educación secundaria, con 66 casos. En educación primaria se registraron 50 denuncias, y en el nivel inicial, 5 casos.
Estas cifras reflejan una vulnerabilidad mayor en adolescentes, etapa en la que la exposición al entorno social y el uso de espacios compartidos (aulas, talleres, actividades extracurriculares) amplían las posibilidades de contacto con agresores.
Zonas con mayor incidencia
La distribución territorial de las denuncias revela que las jurisdicciones de Arequipa Sur y Arequipa Norte concentran la mayor cantidad de alertas, con 31 y 30 casos respectivamente.
Les siguen las unidades de gestión educativa local (UGEL) de La Joya (15 casos), Islay (8), Castilla (7), Caylloma (6), Condesuyos (4), Caravelí (3), y Camaná (2).
En varios de estos casos, los agresores ya fueron separados de las instituciones mientras se desarrollan los procesos administrativos y penales correspondientes.
Avances en la atención de los casos
Según el reporte actualizado del SíseVe, 68 denuncias fueron catalogadas como “atención finalizada”, mientras que 29 se encuentran en proceso de atención y 24 permanecen pendientes de respuesta por parte de las instituciones educativas.
Este último grupo preocupa especialmente, pues evidencia la falta de celeridad en la activación de protocolos de protección y denuncia ante el Ministerio Público y las Unidades de Gestión Educativa Local.
Reacción institucional y desafíos pendientes
La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), junto a las UGEL provinciales, ha reforzado la aplicación del Protocolo de Atención de Casos de Violencia Sexual en el Ámbito Escolar, que obliga a los directores a reportar de inmediato cualquier sospecha o denuncia. Sin embargo, especialistas señalan que el subregistro y el temor de las víctimas continúan siendo factores que limitan la identificación temprana de nuevos casos.
Además, organizaciones civiles de defensa de los derechos del niño y del adolescente han advertido la necesidad de formar comités de vigilancia escolar y capacitar permanentemente a docentes, auxiliares y padres de familia en la detección de conductas de riesgo y el manejo adecuado de denuncias.
Un llamado a la acción
El aumento sostenido de denuncias evidencia una problemática estructural que requiere acciones integrales y sostenidas. Las autoridades educativas y judiciales deben garantizar:
- Procesos de investigación y sanción oportunos para evitar la impunidad.
- Asistencia psicológica y legal inmediata a las víctimas.
- Prevención sistemática, con talleres de educación sexual integral y convivencia saludable.
- Monitoreo continuo del sistema SíseVe, con reportes públicos trimestrales que permitan evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.
Mientras tanto, la comunidad educativa de Arequipa demanda que los casos pendientes no queden archivados, y que cada colegio asuma su responsabilidad institucional y ética frente a un problema que afecta la seguridad y dignidad de cientos de estudiantes.
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