La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más agresivos y persistentes en Arequipa. Lejos de retroceder, las denuncias por cobro de cupos y amenazas siguen en aumento y vienen acompañadas de sicariato, atentados con explosivos e incendios provocados.
Durante el 2024 se registraron 353 denuncias por este ilícito, mientras que en lo que va del 2025, hasta noviembre, ya se contabilizan 467 denuncias, según cifras del Observatorio del Ministerio del Interior. Vinculados a este delito se encuentran los homicidios por encargo, considerados una de sus consecuencias más graves.
Durante el 2025, Arequipa ha registrado una sucesión de asesinatos bajo la modalidad de sicariato. El distrito de José Luis Bustamante y Rivero fue uno de los más golpeados. En febrero, un ciudadano colombiano fue asesinado por sicarios en plena avenida La Apacheta, frente a su familia, dejando además a otra persona herida.
Asimismo, en marzo, una balacera registrada en la intersección de la avenida Los Incas con Vidaurrázaga dejó tres personas heridas. El blanco del ataque habría sido un ciudadano venezolano que transitaba por la zona, cuando dos sicarios a bordo de motocicletas realizaron varios disparos. Ese mismo mes, en mayo, sujetos detonaron una granada de guerra en la discoteca “El Búnker”, identificada como punto de operaciones de la organización criminal ‘Los Gallegos’. El local funcionaba de manera clandestina.
La explosión causó daños materiales en un radio aproximado de cinco metros y afectó a un vehículo estacionado en las inmediaciones. La modalidad del sicariato también se extendió a los distritos de Sachaca y Cayma. En marzo, dos ciudadanos venezolanos fueron acribillados mientras se desplazaban en un vehículo en Sachaca; el crimen estaría vinculado a disputas entre organizaciones criminales.
En agosto, el ciudadano venezolano Jesús Alberto Calma Becerra fue atacado dentro de su vivienda en Cayma y recibió siete impactos de bala. En agosto, extorsionadores también provocaron un incendio en un local de venta de llantas en el distrito de Miraflores. Las pérdidas económicas fueron calculadas en 300 mil soles. Vecinos de la zona aseguraron que, desde meses atrás, individuos no identificados exigían al propietario del negocio el pago de cupos.
Relataron que el dueño intentó denunciar las amenazas ante la Policía Nacional del Perú (PNP), pero los agentes habrían minimizado la gravedad de la situación. Si bien durante este año se logró la captura de la banda criminal denominada ‘Los Negritos Orientales’, dedicada a la extorsión y el cobro de cupos, tras una operación simultánea en Cerro Colorado, Miraflores, Paucarpata, Socabaya y Alto Selva Alegre —donde se intervinieron 11 inmuebles y se capturó a cuatro de los siete requisitoriados (tres de nacionalidad venezolana y uno peruano)—, así como la desarticulación de la banda ‘Los Norteños de la Extorsión’, que había exigido S/ 1, 000, 000 a un empresario arequipeño, y de ‘Los Orientales Nueva Generación’, las extorsiones continúan registrándose, lo que evidencia que aún queda un amplio trabajo por realizar.
Los comerciantes de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres continúan siendo víctimas de extorsión, una problemática persistente pese a los esfuerzos policiales y que, en muchos casos, no es denunciada por temor y falta de garantías, advirtió el dirigente del sector, Rubén Rojas. Según señaló, de manera general se registran entre ocho y diez casos de extorsión en este conglomerado comercial. No obstante, precisó que la cifra real podría ser mayor, ya que muchos comerciantes optan por no denunciar y, en algunos casos, abandonan sus puestos de venta para evitar represalias de los delincuentes. “Las extorsiones existen, pero los comerciantes no hacen la denuncia porque pierden tiempo y sienten que no tienen garantías. Prefieren retirarse y dedicarse a otra actividad para no tener problemas”, sostuvo el dirigente.
Rojas explicó que los extorsionadores identifican principalmente a comerciantes que manejan grandes sumas de dinero, varios de los cuales han sido víctimas de amenazas, asaltos y seguimiento hasta sus domicilios. Esta situación se agrava por la limitada presencia policial en la plataforma, que concentra a miles de vendedores y registra una alta afluencia diaria de compradores. Según informó, solo dos efectivos policiales resguardan a alrededor de 25 mil comerciantes y una afluencia aproximada de 30 mil clientes diarios.
El dirigente reconoció que la Policía ha desarrollado charlas informativas sobre prevención del delito, pero consideró que estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. “Lo que se necesita es trabajo de inteligencia y presencia policial permanente, no solo información”, remarcó. En la misma línea, la presidenta de la Cámara de Comercio Mipyme del Sur, Graciela Nayhua Gamarra, alertó que las extorsiones y el cobro de cupos afectan principalmente a los microempresarios de Arequipa.
Explicó que el cobro de cupos o “peajes” ilegales impacta directamente en el traslado de mercadería. “Muchas veces les quitan la mercadería debido a que no pagan los cupos. Incluso no los dejan descargar o ingresar a las ferias”, indicó. Añadió que se han reportado ataques de mayor gravedad, como el ingreso violento a almacenes. Estas acciones delictivas han generado un incremento en los costos operativos de los negocios.
“Han tenido que contratar seguridad privada cambiar rutas y asumir pérdidas por los retrasos en la entrega de pedidos”, detalló, señalando que la reposición de mercadería robada también afecta los plazos de atención a los clientes. Finalmente, Nayhua Gamarra identificó como zonas de alto riesgo para los empresarios a los distritos de Cerro Colorado, Yura, La Joya, Aplao y Camaná.
“Estas son zonas rojas para el sector textil y, en realidad, para todos los rubros productivos”, enfatizó. Pese a los operativos realizados, las denuncias por extorsión continúan en Arequipa y muchas víctimas optan por no denunciar por temor a represalias. Este medio intentó comunicarse con el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, para conocer las acciones frente a este delito; sin embargo, no accedió a brindar una entrevista. La persistencia de estos casos evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de prevención e investigación.
