Redacción: Diario Los Andes
La degradación de la política ha llegado a tales niveles que, por primera vez en al historia, el presidente tuvo tan pocas opciones que incluyó a diez ministros con deudas con la justicia peruana. La conformación del actual gabinete ministerial, bajo la presidencia de José María Balcázar y la jefatura de Luis Enrique Arroyo Sánchez. Presenta un registro documentado de diez integrantes con investigaciones fiscales abiertas, procesos en etapa de instrucción o denuncias penales formalizadas. El análisis de los expedientes del Ministerio Público revela que la mayor concentración de imputacionesse agrupa en delitos contra la administración pública, seguidos por delitos contra la fe pública y el patrimonio.
CUENTAS CON LA JUSTICIA
El caso con mayor carga procesal es el de Wilder Sifuentes Quilcate, titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sifuentes Quilcate registra seis investigaciones fiscales vigentes. El expediente más avanzado es el relacionado con el presunto delito de usurpación agravada, bajo la carpeta fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma. A esto se suman investigaciones por negociación incompatible y lavado de activos. Quienes son vinculadas a su gestión previa en entidades estatales, donde se detectaron irregularidades en la adjudicación de contratos directos.
En el sector Justicia, el ministro Luis Enrique Jiménez enfrenta tres investigaciones por colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo. Las indagaciones se centran en el presunto favorecimiento a empresas consultoras durante su desempeño en cargos de asesoría legal en gestiones regionales.
Por su parte, el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, cuenta con una denuncia formal por falsificación de documentos públicos. El origen de esta imputación radica en la presunta adulteración de firmas en una declaración jurada presentada para el saneamiento de predios. En ese sentido, el proceso actualmente se encuentra en etapa de peritaje grafotécnico por parte de la fiscalía especializada.
La gravedad de las tipificaciones alcanza también el ámbito de los derechos fundamentales. Nelly Paredes del Castillo, titular de la cartera de Ambiente, permanece bajo investigación fiscal por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esta carpeta fiscal se mantiene abierta desde el periodo de protestas sociales de 2022 y 2023. Donde se le atribuye responsabilidad por omisión o mando en las operaciones que resultaron en víctimas mortales.
Asimismo, el ministro de Salud, Luis Napoleón Quiroz, registra antecedentes fiscales por cohecho pasivo y negociación incompatible. Que están derivados de auditorías realizadas a procesos de adquisición de insumos médicos.
El área económica tampoco está exenta de cuestionamientos judiciales. El ministro Gerardo López Gonzáles ha sido incluido en calidad de imputado en procesos de investigación fiscal relacionados con presuntos manejos irregulares de fondos públicos. Aunque López Gonzáles omitió inicialmente esta información en su declaración jurada de intereses al asumir el cargo, la posterior revisión de las bases de datos del Ministerio Público confirmó la existencia de los procesos en curso.
A este grupo se añaden otros cuatro ministros con denuncias por delitos de menor cuantía, pero de igual relevancia administrativa, tales como omisión de funciones y abuso de autoridad. De esta manera se completa así el bloque de los diez funcionarios con cuentas pendientes ante la justicia peruana en este primer trimestre de 2026.
DATO: Este gabinete aún no pasa su prueba máxima ante el Congreso de la República y cabe recordar que el gabinete Miralles no llegó siquiera a confrontar al Congreso puesto que la ex primera ministra tuvo que renunciar.
