La primera gran marcha estudiantil contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast dejó un saldo de 35 detenidos y seis heridos entre manifestantes y policías. La movilización se realizó en el centro de Santiago y congregó a miles de estudiantes que rechazaron los recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo.
Entre los heridos figura una estudiante universitaria que debió ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. El caso cobró notoriedad luego de que imágenes de la joven lesionada se difundieran ampliamente en redes sociales y provocaran reacciones dentro y fuera de Chile.
El estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que la estudiante ingresó a un centro médico con lesiones graves y que requería atención quirúrgica. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que resultó herida ni han informado oficialmente sobre su evolución médica.
Cuestionamientos y defensa policial
Las imágenes de los enfrentamientos reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza durante las manifestaciones. Diversas organizaciones y sectores sociales cuestionaron la actuación de Carabineros durante la protesta.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, respaldó el accionar policial. El funcionario sostuvo que el Estado tiene la obligación de resguardar el orden público y proteger a la ciudadanía. También informó que tres de los detenidos portaban bombas molotov.
En la misma línea se pronunció el delegado presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, Germán Codina, quien aseguró que la respuesta policial se produjo luego de que algunos incidentes escaparan al control de los organizadores.
Rechazo a los recortes
La movilización fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y contó con el respaldo de diversas organizaciones sociales y gremiales. Los participantes marcharon bajo el lema “La educación pública se defiende”.
Los estudiantes rechazan el plan de ajuste anunciado por el gobierno de Kast tras asumir la presidencia en marzo. La iniciativa contempla recortes en distintos ministerios y busca reducir el gasto público en aproximadamente 2.000 millones de dólares. Los organizadores sostienen que estas medidas podrían afectar áreas esenciales como la educación pública.
