El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Pedro Castillo, con la que se buscaba dejar sin efecto el procedimiento de vacancia aprobado por el Congreso, ordenar su libertad y disponer su restitución como jefe de Estado.
La decisión corresponde al recurso interpuesto el 10 de marzo de 2025 por el ciudadano José Ponce Quispe, quien argumentó que durante el proceso de vacancia se vulneraron los derechos a la libertad e integridad personal del exmandatario.
En la demanda se sostenía que el acuerdo del Congreso que declaró la vacancia presidencial tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 era inconstitucional y que el procedimiento parlamentario no respetó las disposiciones previstas en el Reglamento del Congreso.
Tribunal descarta afectación a la libertad personal
En su sentencia, el Tribunal Constitucional concluyó que los cuestionamientos planteados sobre el procedimiento de vacancia presidencial no guardan una relación directa, concreta ni negativa con el derecho a la libertad personal ni con otros derechos cuya protección corresponde al proceso de hábeas corpus.
El colegiado también recordó que, en una resolución anterior, ya había establecido que el Congreso actuó con celeridad legítima al declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, en un contexto excepcional derivado del intento de golpe de Estado.
La demanda también sostenía que el caso no encajaba en los supuestos previstos por el artículo 117 de la Constitución para acusar a un presidente en funciones y que Pedro Castillo no tuvo la posibilidad de rectificar el mensaje que dirigió al país antes de ser vacado.
Castillo cumple condena y enfrenta otros procesos
El 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión tras hallarlo culpable del delito de conspiración para la rebelión por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
Además de esa condena, el exmandatario permanece con mandato de prisión preventiva mientras es investigado por presuntos delitos de organización criminal y otros, en el marco de los casos PetroPerú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
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