El presidente de Argentina, Javier Milei modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio contra Argentina o sus ciudadanos. La norma fue publicada durante la medianoche del miércoles y ya se encuentra vigente, aunque deberá ser revisada por el Congreso para determinar si queda ratificada.
La modificación incorpora nuevas causales para cancelar la residencia o disponer la expulsión de extranjeros. Según el texto oficial, la medida alcanza a quienes emitan mensajes de odio de forma oral o escrita, inciten a la violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por su nacionalidad, participen en actos de ultraje a los símbolos patrios o promuevan cualquiera de esas conductas.
Especialistas cuestionan la falta de precisión
La abogada Lucía Galoppo, integrante del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que el decreto no define qué constituye un «discurso de odio», cómo serán identificadas esas expresiones ni qué criterios utilizarán las autoridades para aplicar la norma.
Según la especialista, esas omisiones podrían abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias durante la aplicación de las nuevas disposiciones migratorias. El decreto también establece que la cancelación de la residencia podrá derivar en la obligación de abandonar el país dentro del plazo fijado por las autoridades o en la expulsión del territorio argentino.
Gobierno defiende la medida
El Gobierno argentino afirmó que las sanciones no podrán aplicarse a expresiones de disenso ideológico, críticas políticas, académicas o ciudadanas que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución.
La decisión fue anunciada días después de que Milei denunciara la existencia de una supuesta «campaña antiargentina», atribuida a gobiernos extranjeros y actores políticos internacionales, aunque no presentó pruebas públicas sobre esas afirmaciones.
El politólogo Iván Schuliaquer consideró que la medida surge en un contexto de dificultades económicas y tensiones políticas. Además, sostuvo que existe una aparente contradicción entre la defensa de la libertad de expresión realizada por el Gobierno y la incorporación de nuevas restricciones vinculadas a determinados discursos.
