Solo 1 de los 14 Centros de Salud Mental Comunitario posee local propio, mientras los bajos sueldos provocan continuas renuncias de médicos especialistas.
Falta de infraestructura adecuada obliga a operar en locales cedidos por municipios
La atención en salud mental atraviesa una severa crisis en la región debido a la precariedad de sus instalaciones, la escasez de médicos especialistas y la alta demanda de pacientes.
El jefe de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, Ruperto Dueñas Carpio, advirtió que la elevada incidencia de intentos de suicidio, depresión y trastornos de ansiedad convierte a este campo en un problema prioritario de salud pública, junto a la anemia infantil y gestacional.
Actualmente, la provincia de Arequipa alberga 12 Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC) y Caylloma opera otros 2. Sin embargo, casi todos carecen de un inmueble propio.
El CSMC Simón Bolívar destaca como la única sede con infraestructura propia, los demás funcionan en espacios prestados mediante convenios. Por ejemplo, la sede de Chivay ocupa un predio de la Beneficencia, el centro de Majes atiende en instalaciones de Autodema y el local de Ayelen opera dentro del establecimiento de salud de Ciudad Blanca.
Ante este panorama, la Red de Salud coordina con alcaldes y el Gobierno Regional de Arequipa la construcción de nuevos locales en Yura y Socabaya.
Bajos salarios de hasta 4 mil soles provocan renuncia masiva de psiquiatras
La brecha de personal especializado agrava la continuidad del servicio en la Red Arequipa-Caylloma. Aunque cada centro requiere entre 22 y 24 trabajadores multidisplinarios y 2 psiquiatras, la mayoría de establecimientos apenas cuenta con un especialista.
El funcionario reveló que las convocatorias sufren una constante deserción, pues los médicos contratados dimiten tras uno, dos o tres meses de labores para buscar mejores ingresos.
Los sueldos promedio de cuatro mil a cinco mil soles mensuales y la inestabilidad del régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS) impulsan la fuga de profesionales.
Dueñas enfatizó que el sistema implementado entre 2010 y 2012 quedó superado por la demanda actual. Por ello, exigió presupuesto, voluntad política, nombramientos e incrementos salariales para retener al personal calificado.
